Montero impone por ley convertir al hombre en presunto culpable

Pese a la mediación de las altas esferas judiciales, el problema no ha hecho más que comenzar, porque muchos juristas ven una inversión de la carga de la prueba y la eliminación de la presunción de inocencia. En caso de denuncia, será el juez quien pondere esas manifestaciones explícitas de la mujer, así que numerosos juristas y expertos ya llevan dos años desde la tramitación de la ley vislumbrando el posible alud de denuncias y las dificultades en el caso del varón para demostrar una cosa o la contraria. Se dejará a criterio de cada magistrado que aplique la norma con perspectiva de género.

Ayer, en el Congreso, solo Vox y el PP afearon estos extremos y votaron en contra. La CUP se abstuvo por la ausencia de propuestas para la prostitución, un motivo de enfrentamiento perpetuo en el camino tortuoso por el que ha discurrido esta legislación.

Marta González , diputada popular, advirtió de que se sigue invirtiendo la carga de la prueba y se presume que el hombre denunciado es presuntamente culpable y no presuntamente inocente, el pilar básico de un Estado de Derecho. La portavoz del PP en este debate criticó que «la exposición de motivos de la ley ya es una soflama electoral de Podemos», sabiendo que esta norma es copia de la propuesta que llevaba en su programa electoral el partido morado en 2018. «Están diciendo que ponen el ‘sí’ de la víctima de una agresión sexual en el centro para que no tenga que ser sometida a interrogatorios y jueces que la cuestionan, pero están mintiendo a la sociedad, porque se le va a seguir preguntando y no se libera a la víctima de la revictimización», dijo.

La piedra de Rosetta sobre la que se sustenta el Derecho Penal está en juego, por eso no gusta a numerosos juristas. A la envolvente jurídica del consentimiento, otras voces como el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo Dopico suman otro gran problema que ve venir y del que ayer también se avisó en la tarima del Congreso.

Dopico estudia la reformulación del Código Penal que i mplicará la entrada en vigor de la ‘ley Montero’, impulsada por la ministra de Igualdad y a la que ahora solo le queda su tramitación en el Senado. La unificación de abuso y agresión sexual en un solo delito supone reducir la horquilla de las penas, al estrecharlas por los lados, de manera que una agresión sexual grave puede tener una pena inferior a la que tenía ahora. «Otro engaño, van a rebajar las penas a los agresores cuando están diciendo que van a acabar con ellos», afirmó la portavoz del PP.

Para Dopico, el Ministerio de Igualdad, en su combate contra las violencias contra las mujeres, «mete en el mismo marco penal al sobón del Metro y al agresor de navaja y esquina » en la determinación de la pena, en su mitad superior, que se dispara para el sobón y se rebaja para el agresor. «El proyecto rompe con la idea de escalones separados (homicidio-asesinato, malos tratos-tortura) e introduce un marco común muy amplio que trae estos problemas. Pero como es consciente de que esta equiparación puede abrir las puertas del infierno, introduce una atenuación facultativa: el órgano juzgador, según entienda podrá rebajar la pena en una agresión sexual, hasta imponer una simple multa a una agresión sexual».

Cabe recordar que la concepción de la ley se inspiró en el grito del ‘no es abuso, es violación’ coreado por miles de mujeres en el estallido de indignación tras conocerse el caso de la Manada de San Fermín en 2016. Ya no existirá más el concepto abuso con esta norma, desaparece y todas serán catalogadas como agresiones sexuales, sin tener en cuenta las agravantes anteriores de violencia e intimidación que sí se exigieron y juzgaron en la sentencia que el Supremo impuso en su condena a los cinco violadores de una joven madrileña en Pamplona . Sí se introduce en esta ley una agravante y es la de la sumisión química, porque uno de cada tres violadores drogan a sus víctimas antes de forzarlas, lo que logró el consenso de todas las fuerzas parlamentarias.

Durante su intervención en la Cámara Baja, la ministra Montero se enorgulleció de que la ley «va a ser una realidad a pesar del ruido reaccionario, a pesar de la derecha y la extrema derecha y a pesar de la justicia patriarcal». «Hacen mucho ruido, pero hemos demostrado que las feministas somos más», espetó a las portavoces de PP y Vox, si bien protagonizó el mayor enfrentamiento con Laura Berja (PSOE), que se enervó porque la ley deja fuera el tema de la prostitución.

A partir de hoy, anunció, «todas las violencias sexuales son violencias machistas: las agresiones, el acoso callejero, el exhibicionismo, el feminicidio , la mutilación genital, el matrimonio forzado, la violencia digital y la explotación sexual son reconocidas como formas de violencia contra las mujeres». Por seguir el ejemplo de Dopico, el sobón de Metro será un agresor sexual.

Otras medidas de la ley, como la creación de centros 24 horas para la atención de víctimas de agresión o educación sexual en las aulas obligatoria sí recabaron el apoyo de todas las fuerzas.

La tercera vez que llegaba esta norma al Congreso transcurrió con un debate menos bronco. La nota de humor la quiso poner Carla Toscano (Vox) cuando reprochó a la ministra arrebatarle piropos como ‘eso es un cuerpo y no el de la Guardia Civil’, una muestra de «ingenio popular» que a Toscano le da pena perder. Otros son groseros, convino, pero «la grosería no es un delito. A usted que no se los digan que los lleva a la cárcel».