La «ley Celaá», un nuevo fracaso político y social

No fue posible el acuerdo, tampoco ahora. Esta es la gran decepción de la nueva reforma educativa , la octava ya, y a la espera de la próxima, que será la novena, cuando haya un cambio de gobierno. Si la derogación de la LOMCE, o al menos de algunas medidas que contenía gozaba de un amplio apoyo social y político, pues incluso el PP congeló en la etapa Méndez de Vigo la aplicación de los aspectos más polémicos de su propia ley como eran las pruebas externas, el Gobierno renunció prematuramente a la negociación del pacto educativo y pasó raudo a la ofensiva con la LOMLOE siguiendo su agenda ideológica.

La experiencia desde que Isabel Celaá ocupa la cartera de educación ha consistido en una carrera atropellada por imponer esta contrarreforma, en plena pandemia de COVID-19, desde los planteamientos clásicos del modelo de educación socialista más radical; por ejemplo, esa supuesta necesidad de blindaje de la escuela pública que se basa exclusivamente en una falacia, la de la suma cero. Todas las decepciones acumuladas en el periodo de los recortes durante la primera mitad de la década 2010 en el sistema público, que afectaron por igual a todos los centros sostenidos con fondos públicos, también a los concertados y sus trabajadores, se han querido solucionar poniendo en marcha un mecanismo de compensación que ha consistido en encontrar al chivo expiatorio, a la entidad que ha provocado la frustración, en este caso la enseñanza concertada . Y a esta entidad se la señala y se la condena basándose en los signos externos de un éxito que no es tal, pues consiste en la demanda social con un 25% del alumnado, hecho que el presidente Sánchez califica como privilegio inadmisible. Desgraciadamente, esta es la perspectiva más profunda o a largo plazo que tiene el Ministerio: hay que disminuir ese porcentaje con la aplicación de la LOMLOE.

La presencia de un socio populista en el Gobierno se ha notado, y mucho , durante el trámite de enmiendas parlamentarias, o al menos en eso ha consistido el reparto de papeles entre el partido socialista y los grupos que le apoyan en el Congreso. El espectáculo de la tramitación en la Comisión de Educación fue poco edificante en términos democráticos. Además de prohibir las comparecencias de instituciones y personas de reconocido prestigio, como se había hecho hasta ahora, impusieron un ritmo frenético para aprobar el dictamen final y poder llevarlo a la sesión plenaria del 19 de noviembre, a los seis días, donde fue aprobado por un voto de diferencia sobre la mayoría absoluta. Es la ley educativa con menos apoyo parlamentario de nuestra democracia . La menos elegante en su tramitación. Y cautiva de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2021 con los grupos que han apoyado las dos iniciativas en paralelo.

Las enmiendas aceptadas empeoraron mucho la Ley Celaá. El nuevo artículo 109, que está siendo el detonante de la protesta protagonizada por la gran marea naranja que inunda nuestras calles estos días, es una pieza maestra de deconstrucción constitucional al haber alumbrado un derecho a la educación pública, un derecho restringido, por tanto. Con ello, han devaluado a su vez la libertad de enseñanza a un papel meramente auxiliar de la oferta de las plazas escolares públicas que decidan nuestros gobernantes y sus futuros decretos de escolarización.

Es encomiable la doctrina de la justicia social según la cual no es una desgracia, sino una injusticia, que gente honrada entre en la vida con desventajas que no pueden compensar con sus propios esfuerzos y que presentan un obstáculo inamovible para gozar de los beneficios que ofrece su pertenencia a una sociedad. Compartimos letra por letra este pensamiento. Pero diferimos en el método elegido para abordar el problema, pues conocemos de sobra los efectos adversos que produce una intervención excesiva del Estado en la educación , como es la que pretenden con la LOMLOE.

La educación es pública tanto en los centros de titularidad gubernamental como en los privados concertados . Hay una confusión reincidente entre lo público y lo estatal. Que un servicio sea público depende de que tenga un acceso público y un interés de la Administración que lo financia o gestiona, lo preste quien lo preste, empresa, ONG o ella misma. La cuestión principal, que es la que se esquiva una y otra vez, es hacerla accesible a todos garantizando de verdad la gratuidad real; es decir, financiándola adecuadamente. El derecho a la educación junto a la libertad de enseñanza no es barato precisamente. Este es el reto social y político, hacerlo posible con los recursos necesarios.

Muchas cuestiones de la política educativa son controvertidas desde posiciones contrarias, aunque legítimas. Una infeliz novedad de esta Ley Celaá consiste en disponer que alguien sobra, en pisar al adversario o, peor aún, empujarle para sacarlo del tablero . Por ejemplo, a quienes defendemos que los fondos públicos tienen que sostener tanto a los centros de la red pública como a los de la privada concertada en términos equivalentes, complementarios, y que la programación de las plazas escolares tiene que establecerse contando como criterio prioritario con lo que la gente quiere a la hora de elegir un centro escolar gratuito y de calidad para sus hijos. También en la educación especial.

La tramitación de la LOMLOE ha experimentado esta misma semana el paso de un nuevo rodillo político en el Senado al proponer aprobarla el próximo día 23 de diciembre, haciéndola coincidir con el debate de los PGE 2021. Enterrado cualquier atisbo de moderación, y manifestando una nula disposición al acuerdo o al diálogo por parte del Gobierno, son los extremistas los que marcan el paso de la política alimentando una polarización de las posturas, una radicalización que nos daña a todos y desfigura nuestra democracia.

En estos momentos necesitamos reafirmar, a contracorriente, que la educación sigue siendo una cuestión de Estado. Que es esencial para la comunidad, para todas las familias, para el conjunto del país y que se deben seguir políticas inclusivas que integren los diferentes puntos de vista para dar satisfacción a una gran mayoría o, al menos, generar la mínima insatisfacción. No son admisibles políticas que expulsan o excluyan ninguna realidad educativa legítima del sistema , o que supongan un daño para las expectativas de familias y de trabajadores. Si mala fue la LOMCE, que concluyó con el compromiso de los partidos políticos de la oposición a derogarla nada más llegar al poder, también es mala esta LOMLOE, pues conducirá posiblemente a una situación similar al final de su tramitación y con ello a otro fracaso evidente de nuestra política. Vivir instalados en la frustración cíclica y en el vaivén legislativo coyuntural de las mayorías parlamentarias no es el sitio adecuado para la educación. Nos merecíamos todos otra oportunidad. El Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad en este naufragio.

* Antonio Amate es secretario general de la Federación de Enseñanza de USO y coordinador de la Plataforma Más Plurales