El Gobierno asegura haber conseguido un amplio consenso en Dependencia con las comunidades

Las cuatro primeras mostraron, al principio, reticencias respecto al informe preliminar que les envió la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad. «Pese a que ayer la Generalitat de Cataluña, Aragón, el Principado de Asturias y Andalucía p resentaban un voto particular al documento elaborado por esta Comisión , hoy hemos conseguido aprobar el 95 por ciento de este informe, por lo que hemos conseguido un consenso absoluto. Ese voto particular lo integraremos al informe definitivo que irá al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en una sesión extraordinaria».

De hecho, antes de tener lugar la reunión, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio , denunció «la poca predisposición del Gobierno central para mejorar el sistema de financiación de la dependencia».

Además, recordó que «cada andaluz recibe 104 euros menos que la media nacional, lo que hace insostenible el mantenimiento de los servicios públicos».

Por su parte, Aragón criticó la falta de implicación y de voluntad del Gobierno en lo que respecta a la financiación, a la vez que lo acusó de justificar los recortes.

Concluida la reunión, Garcés reconoció que era necesario revisar el modelo de financiación: «En estos momentos contamos con cien millones de euros de presupuesto que nos ayudarán a mejorar las necesidades del sistema. Además, todos hemos estado de acuerdo en que es necesario revisar el modelo de financiación, revisar la propia ley de dependencia con sus prestaciones y un acuerdo para mejorar las condiciones económicas del sistema en los próximos cuatro años».

Además, recordó que «los asuntos de financiación no se deben utilizar nunca con fines políticos ni estratégicos».

Como resultado de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes, que tuvo lugar el pasado 17 de enero, el Consejo de Ministros acordó la creación de una Comisión para el análisis de la situación actual del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas a la dependencia.