El Gobierno aprobará antes del verano la «ley Celaá» sin el aval del Consejo de Estado

Las prisas inexplicables que tenía entonces el Gobierno por sacar adelante una nueva ley, que contó con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa por atacar a la concertada , cercar la Religión y dar alas a la Generalitat para decidir sobre el castellano en Cataluña, se vuelven a repetir.

Sánchez pretende llevar exactamente el mismo proyecto de ley al Consejo de Ministros «en semanas», tal como confirmó el Ministerio de Educación y tenerla lista «antes del verano», según ha podido saber ABC. Las aportaciones que podría llegar a hacer su socio de Gobierno, Unidas Podemos, serán, por lo tanto, integradas posteriormente.

Una vez que pase el Consejo de Ministros, el proyecto pasa primero al Congreso y una vez que finaliza aquí su trámite parlamentario va al Senado. El primer trámite en el Congreso es el debate de totalidad en el que todos los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas a la totalidad del texto. Si dichas enmiendas no prosperan, el proyecto sigue el cauce parlamentario. Los diferentes grupos solicitan entonces comparecencias previas (personas de reconocido prestigio, asociaciones...) a la presentación de enmiendas parciales y, por último, se formará una ponencia que trabajará las enmiendas. Tras esto, se debaten las enmiendas parciales en comisión y, por último, el proyecto de ley se debate en pleno y pasa al Senado . «Solo en la Cámara Baja un proyecto de estas características puede tardar en tramitarse como mínimo ocho meses, eso sin sumar su paso por la Cámara Alta . En total, no podría aprobarse hasta el otoño, a menos que se pasen por alto todo este cauce », advierten fuentes parlamentarias. Recuerdan, además, que esta ley necesitaría el visto bueno y no solo la abstención de ERC.

Según confirmó Educación, el texto no pasará por el Consejo Escolar del Estado, con el argumento de que es el mismo que el año pasado que sí fue aprobado, aunque por un escaso margen, por el máximo órgano consultivo del Estado en materia de educación. «Si el texto es exactamente igual al que fue sometido a consulta al finalizar la anterior legislatura, una nueva consulta sería ociosa. Pero si se introdujeran cambios sustantivos, se consideraría entonces otro proyecto y habría que pasarlo por el Consejo Escolar», recuerda Francisco López Rupérez , exdirector del Consejo Escolar del Estado.

Más discutible es el paso por el Consejo de Estado. El Gobierno obvió el paso de la «ley Celaá» por la lupa del «supremo órgano consultivo del Gobierno», definido así en la Constitución, con el argumento de que lo que diga el Consejo de Estado «no es preceptivo». Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico plantean dudas al respecto. Hay una serie de supuestos estipulados en la propia Ley Orgánica del Consejo de Estado en los que sí es obligatorio consultarlo, por ejemplo, en el caso de «anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo». ¿Entraría en este supuesto la «Ley Celaá»?

«Una de las claves de esta ley es la asignatura de Religión, sobre cuyas enseñanzas hay un acuerdo entre el Estado y la Santa Sede que exige que esta sea equiparable al resto de materias. Si se relega la asignatura, se entiende que el acuerdo con la Iglesia se está reinterpretando por lo que sí debería consultarse al Consejo de Estado», señala Leopoldo Abad , catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU. Lo mismo se entiende para el supuesto que plantea que hay que recurrir al Consejo de Estado en caso de «dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de tratados, convenios o acuerdos internacionales en los que España sea parte».

La ley del Consejo de Estado también establece que deberá ser consultado cuando se trate de «asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión». ¿Por qué el Gobierno no considera de especial trascendencia una ley educativa? «Puede no haber dudas jurídicas pero desde el punto de vista político cabe preguntarse cómo no se le da trascendencia a este proyecto de ley cuando, al mismo tiempo, tienen tanta prisa para aprobarlo y tanta polémica ha generado », opina Mikel Badiola , doctor de Derecho Administrativo, de la Universidad de Deusto.

Otras fuentes jurídicas consultadas señalan que el informe del Consejo de Estado «no es preceptivo para la "Ley Celaá" pero que realmente el motivo que hay detrás de que una norma de estas características y de esta importancia no se consulta es el miedo a las objeciones del Consejo de Estado»