El nuevo Gobierno devalúa la asignatura de Religión y viola los acuerdos con la Santa Sede

La consecuencia inmediata de que la asignatura se quede sin alternativa es que pocos o ningún alumno querrán escogerla. «La asignatura pierde su carácter, se cursa por la vía muerta, deja de llamarse asignatura para convertirse en otra cosa, en una actividad voluntaria», lamenta Antonio Amate , secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, quien considera que que la propuesta «afecta a la libertad y voluntad de las familias» y recuerda que la asignatura «no es una catequesis; lo que hay detrás de esto es el intento de sacar la religión de la escuela como sea». «Si no tiene alternativa la conviertes en una extraescolar, se convierte en algo diferente a una asignatura. Se devalúa completamente», coincide Santiago García Gutiérrez , secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).

Por si esto fuera poco, el citado documento del Gobierno señala que la Religión, aparte de no tener alternativa, la nota no computará a efectos académicos. Esto ya ocurrió con la LOE: tanto en Primaria, ESO como en Bachillerato la calificación de Religión no contaba a efectos académicos (lo que incluye la nota media para entrar a la universidad u obtener becas). Por el contrario, la Lomce sí tiene en cuenta la Religión para estos fines . Pero de lo que no se habla (y tampoco queda claro) es si la asignatura seguirá teniéndose en cuenta para pasar o no de curso, es decir, si va a ser parte del máximo de suspensas que permitan la promoción o no, que tanto la LOE como la LOMCE sí contemplan.

La propuesta de PSOE-Unidas Podemos, no solo convierte a la Religión en una materia de segunda categoría sino que vulnera los Acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede . El artículo 2 del acuerdo establece que la enseñanza de la religión católica se incluirá en todos los centros y niveles, «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales».

Francisco López Rupérez , expresidente del Consejo Escolar del Estado y director de la cátedra de políticas públicas de la Universidad Camilo José Cela, pide esperar y considera que del papel al hecho hay un gran paso. Sin embargo, «de violentarse los acuerdos con la Santa Sede, la solución es apelar a los tribunales. No queda otra alternativa y que sean estos los que sometan la legislación del nuevo gobierno al principio de legalidad».

Luis Centeno , secretario general adjunto de Escuelas Católicas advierte también de la vulneración del artículo 27.2 de la Constitución, que establece que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana». «Sin el conocimiento de la religión, no es posible dicho desarrollo en condiciones de plenitud», explica Centeno. Por su parte, Francisco López Rupérez recuerda también el artículo 27.3 que establece que los poderes públicos deben garantizar el derecho de os padres a sus hijos «reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Por su parte, a Comisión Episcopal de Enseñanza recuerdan la responsabilidad de los gobiernos «de favorecer la libertad y asegurar la educación para todos». «Esperemos que el futuro gobierno cumpla con sus funciones y defienda la libertad. Ojalá también favorezcan un pacto educativo», añaden desde la Casa de la Iglesia a la par que subrayan que «lo más importante es buscar la calidad educativa de las nuevas generaciones, de común acuerdo padres y profesores», informa Laura Daniele .

Quien sí defiende la medida es Francisco García , secretario general de la federación de enseñanza de CC.OO: «Me parece una propuesta razonable, la religión confesional no tiene que por qué estar en el curriculum, otra cosa es que en Valores Éticos se hable de la historia de la religión pero las creencias personales de cada uno no creo que deban configurar una asignatura evaluable». De hecho, CC.OO va más allá y aboga por una escuela laica en la que la religión se quede fuera del horario lectivo y del curriculum.

La LOGSE, ley socialista del año 1990, se llevó a los tribunales por la asignatura de Religión. La alternativa a esta materia eran actividades de contenido lúdico y cultural no evaluables . Así lo estableció el Real Decreto 2438/1994, más conocido como el «decreto del parchís», que fue llevado a la justicia por varias asociaciones religiosas, no solo católicas sino también evangelistas e islámicas. La Sala Tercera del TS falló en contra del decreto por considerar que « vulnera el artículo 27.3 de la Constitución al ofrecer como alternativa enseñanzas que no tienen contenido moral, confesional, que según su criterio sería el único constitucionalmente posible porque siendo la educación un bien al que todos tienen derecho (27.1) y teniendo la educación por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana (27.2) aquel derecho que a todos asiste implica necesariamente que también accedan o bien a una formación religiosa, o bien a una formación moral confesional, sin alguna de las cuales sería difícilmente asumible la idea de un pleno desarrollo de la personalidad humana, cerrándose así el sistema, en cuanto a este punto, por la garantía establecida en el apartado 3, de que todos reciban una formación religiosa o moral, siendo el contenido real del derecho de los padres el de optar por una u otra, de acuerdo con sus propias convicciones, pero sin prescindir de ambas».