El Consejo de Ministros aprueba este viernes la «ley Celaá» que entierra el castellano, ignora a la Religión y ataca a la concertada

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Educación este viernes aterriza en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley educativa que modifica la LOE, aprobada por los socialistas en 2006 y elimina la Lomce, más conocida como «ley Wert».

Sin embargo, las iniciativas del Gobierno quedan supeditadas a la decisión de Sánchez de convocar elecciones y disolver las Cortes. En caso de haber elecciones, la ley no se tramitaría

MADRIDActualizado:

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el polémico anteproyecto de ley educativa con el que se modifica la LOE aprobada por los socialistas en 2006, y se elimina la Lomce, más conocida como «Ley Wert».

Así lo han confirmado a ABC fuentes del Ministerio de Educación que aseguraron que hay un «cien por cien» de posibilidades de que el texto del Gobierno aterrice en el Consejo de Ministros este viernes, precisamente, cuando está previsto que Pedro Sánchez convoque elecciones.

Una vez pasado este trámite, el anteproyecto se convierte en Proyecto de Ley y, así, será enviado a las Cortes para su aprobación. Esto no deja de ser insólito puesto que las elecciones llevarían a la disolución del Parlamento sin posibilidad de tramitación.

La comunidad educativa no encuentra ya los calificativos para definir esta situación. «Es una grave irresponsabilidad que llegue al Consejo de Ministros el anteproyecto sabiendo que se van a adelantar las elecciones generales al 28 de abril o 26 de mayo. No da tiempo a tramitar la nueva ley», señala Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas. La comunidad educativa entiende que se trata de una estrategia, un «brindis al sol», un intento del Gobierno de dejar un «legado» tras su marcha.

Otra opción posible, ante las dificultades que plantea llevar una ley a las Cortes con elecciones, es que mañana el texto se presente, no como un anteproyecto, sino como un Real Decreto-Ley para aprobar solamente los cambios de la Lomce de corte pedagógico (no la parte orgánica) que están contemplados en un Real Decreto-Ley de 2016 aprobado por el anterior ministro, Íñigo Méndez de Vigo, que tuvo que aprobar este decreto para «descafeinar» las reválidas ante la lluvia de críticas que recibieron.

El Gobierno ha seguido adelante con sus planes, pese a las críticas de la comunidad educativa y tampoco ha tenido en cuenta al Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno. Por esta institución debería haber pasado el texto antes de llegar al Consejo de Ministros aunque el argumento del Gobierno es que el informe del Consejo de Estado «no es preceptivo». «No hay por qué esperar al informe del Consejo de Estado», defendió la ministra de Educación, Isabel Celaá. «No es obligatorio», la acompañó Fernando Gurrea, subsecretario de Educación y FP al ser preguntados por este periódico por esta cuestión el pasado mes de enero. El PP y Cs, sin embargo, sostienen lo contrario y aseguran que el Gobierno sí estaba obligado a considerar el dictamen del Consejo de Estado.

«La cuestión es si ese anteproyecto, primero, cumple todos los requisitos formales y jurídicos, es decir, si cuenta con el informe del Consejo Escolar y del Estado. Y luego, entiendo que un Gobierno aprueba una anteproyecto y lo convierte en proyecto de ley para debatirlo en el Parlamento, no para convocar elecciones. Si la intención es esta última lo que se está produciendo es una utilización propagandística de algo tan serio como es la educación», critica Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en el Congreso.

«Es una absoluta vergüenza que lleven a escondidas, sin haber pasado el borrador con las enmiendas del Consejo Escolar del Estado, sin el informe preceptivo del Consejo de Estado una reforma educativa que nos va a lastrar durante años», ha criticado la portavoz de Educación de Cs en el Congreso, Marta Martín.

«Si se presenta el anteproyecto con convocatoria de elecciones es un salto al vacío porque se tramita una ley en un Parlamento que se va a disolver. Si no hay elecciones, sigue siendo igual de precipitado y con la mayor dificultad de que sin Presupuestos todo es más complicado», apuntó Mario Gutiérrez, presidente de Educación del sindicato CSIF. «El anteproyecto es una vuelta a conceptos que han fracasado y que no ataca los problemas que tiene la educación española», añadió. «No tenemos la versión final pero es una ley que necesita un procedimiento legislativo largo y si hay elecciones no se aprobará y eso suma inestabilidad», apuntó Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) que reclama que no se han resuelto problemas urgentes como las pruebas finales de Bachillerato para acceder a la universidad o el sistema de becas y ayudas al estudio.

Pero, ¿qué dice la «ley Celaá»?

El anteproyecto remitido al Consejo Escolar del Estado tratado en su Pleno el pasado 8 de enero, y al único al que se ha podido acceder públicamente, margina el castellano al darle vía libre a la Generalitat para que decida cuántas asignaturas imparte en castellano y cuántas en catalán. Además, ataca a la concertada e impide a las autoridades religiosas decidir sobre el currículo y los libros de texto en la asignatura de Religión.

El texto definitivo no ha sido facilitado por Educación por lo que podría contener cambios. Sobre todo, después del mencionado Pleno del 8 de enero. Ese día, el Consejo Escolar aprobó el anteproyecto con un total de 120 enmiendas ( se presentaron 551) de las que, dijo el Ministerio, contemplaría incorporar 71.

La última versión conocida del texto elimina en el artículo 109.2 la expresión «demanda social», que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. El sector de la concertada ha entendido esta eliminación como un ataque.

Otro ataque a la concertada se produce en el artículo 109.3, que establece que las administraciones «planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes». Este apartado no menciona que la oferta educativa está asegurada también con plazas de centros financiados con fondos públicos. Ni siquiera la LOE, que es el texto del Gobierno socialista aprobado en 2006 en el que se inspira el presente anteproyecto alude a «públicas», solo se refiere a «plazas».

Otro apartado controvertido se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados. En él se menciona, entre otros, a un «concejal o representante del Ayuntamiento», que la Lomce suprimió y se vuelve a incluir. «Esto significa poner a un comisario político. Un concertado recibe fondos públicos y debe dar cuenta de cómo los usa, pero eso no significa que tenga que nombrar un representante en el consejo escolar porque es de entidad privada», criticó José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.

Otros puntos conflictivos: El papel de los padres y los suspensos de Bachillerato

En cuanto a la Religión, la «ley Celaá» hace dos cosas. En primer lugar, la deja afuera de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger en el tercero). Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas.

Por otro lado, el documento pretendía eliminar el reconocimiento de la importancia de los padres en la educación de los hijos. «No enunciar este principio parece pretender anular este papel fundamental», sentencia el informe final del Pleno del Consejo Escolar. Sin embargo, esto sí se consiguió modificar a través de una enmienda aprobada para el texto de Celaá.

Otras enmiendas aprobadas fueron la que exigían una memoria económica al texto de Celaá o la inversión del 7% del PIB en educación en cinco años. También que haya una evaluación a los profesores por parte de los alumnos en la ESO con fines evaluativos pero solo para detectar buenas prácticas o necesidades de mejoras que fue formulada por Canae.

También exigió una asignatura de Filosofía (en consonancia con una PNL aprobada por unanimidad en el Congreso y que el Gobierno dijo que incluiría pero al final no lo hizo).

El texto también permite la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa o la posiblidad de realizarse esta etapa en tres cursos en lugar de los dos como se ha hecho hasta ahora. Esto significa que los alumnos pueden pasar de 1º a 2º con más de dos asignaturas suspensas en lugar de repetir. En 2º se cursarían las suspensas más las de este curso. En un hipotético 3º curso se matricularían de las pendientes el curso anterior.