«En España se abren clínicas de salud y estética como si fueran churrerías»

En las últimas semanas, en las que se ha asistido al estallido de la «burbuja» de la Odontología con escándalos como Funnydent , cuyo dueño cerró todos los establecimientos dejando a sus pacientes «tirados» y con tratamientos sin completar , y el delito de dinero negro en el que metió el colmillo la cúpula del Vitaldent , los dentistas se han puesto en pie de guerra . España adolece de una regulación dura, entre otras cosas, que penalice el intrusismo en el ejercicio de la profesión sanitaria, se quejan varios Colegios de Odontólogos, como el de Valladolid y Valencia , interpelados por este periódico .

La banalización de una actividad crucial en la que se pone en juego la salud de la ciudadanía ha llegado a tal extremo que el Real Decreto que rige en el país (el 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios) y que se traslada a cada autonomía con más o menos requisitos adicionales no se cumple ni en la necesidad de hacer visible en cada establecimiento el registro de centro sanitario preceptivo. Éste lo expide la Consejería de Sanidad de cada región. Tres autonomías pulsadas, Valencia, Madrid y Galicia, exponen los mismos requerimientos : quien quiere montar una clínica presenta la documentación pertinente, las características del local y una titulación ante el registro sanitario del Departamento de Salud autonómico. Cuando se les acredite y posean el número de registro, debe lucir visible y con publicidad en el local . Con ello, se dispondrían de las garantías mínimas y comunes de seguridad y calidad en su funcionamiento. El Real Decreto atañe desde oficinas de farmacia a ópticas y ortopedias.

La Comunidad de Valencia, por poner un caso, dispone de una orden específica relativa a clínicas dentales y en ella (Orden de 6 de mayo de 2002, de la Consellería de Sanidad) se exige un área diferenciada dedicada exclusivamente a la actividad terapéutica, otra destinada a recepción y una sala de espera de pacientes, además de otra de servicios e instalaciones. «En un lugar destacado del área de recepción deberá figurar un rótulo en el que conste el número de registro sanitario, nombre y apellidos de el o los responsables sanitarios y de los demás profesionales que allí ejercen», dicta la norma regional.

Por su parte, la Xunta también ha modificado (y endurecido) dos veces, según recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), en 2009 y 2013, las exigencias burocráticas a las clínicas para su apertura, instalación y cierre. «Si las clínicas van a alterar sustancialmente su estructura o las instalaciones, deberá notificarse a la Comunidad Autónoma pertinente», recoge la norma estatal.

Las condiciones sanitarias y las inspecciones laborales vienen marcadas en el Real Decreto, pero los médicos piden que el ciudadano solicite siempre hablar con el profesional al cargo del centro y exigir antes de entrar en una clínica esos rótulos y dispositivos que ofrecen garantías para la salud. «Nadie lo hace», rematan los especialistas consultados.

El doctor Pedro Tormo es el director médico del Grupo Francis Lefebvre el Derecho. A su juicio, existe un problema derivado y es que «no hay una legislación unitaria en este país para que detrás de cada clínica se exija una responsabilidad y una titulación , y no simplemente que haya alguien que actúa como financiador. Perjudica a áreas concretas de la salud, sobre todo lo dental, estético, ópticas y servicio oftalmológico. Al consumidor lo que habría que decirle es que se documente siempre a través de un profesional para saber a qué clínica es mejor que se dirija», desgrana.

«Hay otro elemento que se añade en escándalos como el de Vitaldent y es que influye mucho la explotación de los jóvenes, profesionales recién licenciados, que aceptan las condiciones indignas que se les están sofreciendo y todavía no tienen experiencia, por ejemplo, para realizar determinado tipo de intervenciones». Al caso de la Odontología se une que la cartera del sistema público de servicios tiene «grandes limitaciones» y para los grandes tratamientos la población se dirige al negocio privado. «Se requeriría mayor respaldo público a esta especialidad» para evitar fraudes, reclama el doctor Tormo.

El cuidado de la boca requiere un gran desembolso de dinero , así que muchas personas se ven abocadas a acudir a una red de clínicas o a un local de su barrio. «Es fundamental la documentación y conocimiento exhaustivo del ciudadano, primero, para saber dónde están entrando y en manos de quién se están poniendo», orienta el doctor Tormo, pero, aún así, «se están haciendo auténticas barbaridades, por ejemplo, en otro campo como el tema capilar y el dermatológico» , ultima. El consejo que da junto a otros especialistas empieza por el propio ciudadano: la búsqueda idónea de los recursos, ya que «por razones de estética, necesidad o salud, cada vez se acude más y con mayor frecuencia a todo tipo de negocios médicos privados», comentan. «No hay más que comparar el número de desdentados que había antes y los que ahora ponen todos los medios para no seguir con esa estética» irregular, sugiere el doctor Tormo, experto geriátrico.

Desde varios frentes, como la AEF, se propone auditar y fiscalizar mejor el negocio . Hay países en nuestro entorno como Alemania que fijan unas tarifas aprobadas por el Estado para estos servicios de especialistas. «Aquí hay cierto corporativismo, también en esto», denuncian fuentes jurídicas del Colegio de Odontólogos de Valladolid, que llegan a poner en tela de juicio la legalidad del sistema financiero aplicado por redes de clínicas aún abiertas , tal y como sucedió con Vitaldent y Funnydent , pero con anterioridad también con Dental Line y Corporación Dermoestética, ambas con epicentro en Valencia . «El empresario de la salud busca sacar dinero, con publicidad agresiva captan al cliente y luego piensan en cerrar en un par de años para quedarse con el dinero de la financiera del tratamiento, ya abonado por los clientes», denuncian las mismas fuentes.

Tras firmar uno de esos tratamientos, el paciente solo tiene un par de semanas para «arrepentirse» . Si no, lo costea hasta fin de tratamiento. Esas fuentes jurídicas no dudan en calificar por estos métodos a Vitaldent y su imperio del diente blanco como una suerte de «Al Capone», que «escamotea la salud y que orquesta campañas de captación de clientes de bajo nivel cultural y recursos, por no hablar de que ha habido clínicas como la de Xátiva que no daba de alta en la Seguridad Social a sus dentistas».

El presidente del Colegio de Odontólogos de Valencia, Enrique Llobell, habla para ABC con claridad meridiana: «Los mismos empresarios de la burbuja inmobiliaria se han pasado a la burbuja de la Odontología y las clínicas privadas». Dinero llama a dinero. Y los titulados que tienen dentro son «carne de cañón» , pero «cabe decir, en defensa de la profesión, que ni Ernesto Colman (Vitaldent) ni Cristóbal López (Funnydent) son dentistas».

Este colegio valenciano ha sido de los más incisivos en denunciar prácticas que, cuando menos, se antojan irregulares en el ejercicio de la Odontología. Llobell también denuncia que lo grave de España es que no haya una legislación expeditiva que impida abrir clínicas a una persona con un capital inversor detrás. «En Francia nadie puede abrir un centro de la especialidad que sea, sin ser titulado. Aquí los empresarios han visto un chollo en el diente y no ofrecen al paciente las garantías necesarias». Otro odontólogo de prestigio habla en un tono más jocoso del «mercado del piño».

Para el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha aumentado el negocio de las clínicas médicas privadas a medida que ha crecido este sector y en paralelo crecen las quejas de los ciudadanos, pero sin llegar al volumen que aglutinan la banca y las telecomunicaciones. «En muchas ocasiones, cuando en una sociedad, la franquicia en sí falla, desatiende al paciente o comete fraude, la matriz se desentiende» , protesta Sánchez en conversación con ABC. Las empresas se parapetan en sus franquicias, en suma, para no asumir las cargas legales de una mala praxis. Vitaldent había atendido a 7 millones de personas desde que el empresario uruguayo, Ernesto Colman, en la actualidad en prisión , se instaló en España en el año 1991.

«Una clínica, en mi caso la dental, no puede ser considerada como un negocio . Eso no quiere decir, naturalmente, que como todo el mundo los profesionales debemos ganarnos la vida, pero en el caso de los profesionales de la salud, el componente de este derecho fundamental puede y debe influir en la apreciación de nuestra actividad y ser considerada como una actividad en la que siempre por razón de dicho derecho a la salud debe ser orientada al mejor beneficio de nuestros pacientes». La protesta viene del doctor Felipe Agudo, que lleva a sus espaldas 36 años de profesión . «El problema es que de un tiempo a esta parte, por infinidad de factores, se ha abandonado la idea de profesión y se tiende a teñir de mercantilidad una actividad profesional como la nuestra, apuntalando esa intención con unas campañas de publicidad, en algunas ocasiones, digamos, poco claras. De toda la vida la clientela de un profesional se había ido elaborando a lo largo de los años en atención a su quehacer».

Para este odontólogo, escándalos como el reciente de Vitaldent afectan a los pacientes, pero también a la confianza entre profesional y paciente. «Somos dentistas por vocación, hay mucha gente que piensa que solo queremos ganar dinero , lo que es radicalmente falso. Sería una lástima que por la actuación de algunos veamos perjudicada nuestra profesionalidad labrada tras muchos años de trabajo», remacha el doctor Agudo.