Los editores españoles de libros de texto no creen que haya «adoctrinamiento» en los manuales escolares

Cabe recordar que el martes de la pasada semana el portavoz de Cs en el Parlamento balear, Xavier Pericay, reclamó la intervención de la Alta Inspección Educativa para instar a la Consejería de Educación del Gobierno regional a que retire de los centros escolares isleños el libro de Lengua Catalana y Literatura de 1º de Bachillerato de la Editorial Anaya, por su presunto «adoctrinamiento». Del total de 82 centros que en Baleares imparten ESO y Bachillerato, 23 institutos tienen como libro de texto el citado manual de catalán. Pericay hizo esa petición después de que hubiera sido publicado un informe realizado por el filólogo y profesor de Educación Secundaria Julián Ruiz-Bravo en relación al contenido de dicho libro, en el que se denuncian diversas «manipulaciones históricas». El informe había sido encargado previamente por la propia formación naranja.

El profesor Ruiz-Bravo critica en su informe que la Corona de Aragón se convierta en «confederación catalanoaragonesa» o que la repoblación medieval de Baleares y de Valencia se convierta en «repoblación exclusivamente catalana». Además, también denuncia que se invente que « Carlos V y Napoléon, en la Guerra de Independencia, declararon "oficial" el catalán» o que hubo «prohibiciones al uso del catalán» en la Constitución de 1812. El citado docente critica asimismo que en el libro de texto analizado se considere el avance del castellano «como algo negativo». En relación a los denominados Decretos de Nueva Planta, que según varios historiadores habrían prohibido el uso del catalán a principios del siglo XVIII, el informe considera que no se explicaría adecuadamente el contenido real y la aplicación de los citados decretos.

En ese contexto, el comunicado hecho público este lunes por Anele señala que «la labor de las editoriales consiste en atender las demandas de los diferentes sistemas educativos mediante la elaboración de materiales ajustados a lo que se establece en las diferentes legislaciones, tanto en la nacional, como en las autonómicas». Dichas legislaciones son las que sirven de «referencia» para la edición de «estos libros y materiales curriculares». Además, para la elaboración de los distintos manuales, las editoriales «suelen contar con autores de las propias regiones, en muchos casos profesores y expertos en las diferentes materias, para que se encarguen de elaborar los contenidos editoriales siguiendo lo establecido en las legislaciones aplicables».

La citada asociación afirma en su nota que «el objetivo de las editoriales no es otro que el ofrecer al alumnado y a los profesores libros y materiales de calidad que respondan a las necesidades educativas de cada etapa». Por ello, «las editoriales asociadas a Anele han mostrado siempre su disposición a corregir cualquier error que pudiera detectarse en los libros y contenidos educativos» . Aun así, consideran «imprescindible» que la primera labor de revisión por parte de la Inspección Educativa se realice «sobre las legislaciones autonómicas a partir de las cuales se elaboran los libros y materiales educativos». Anele recuerda, por último, que la selección de los libros «corresponde a los centros y a los docentes».

En Baleares gobierna en la presente legislatura la socialista Francina Armengol, que cuenta en su Ejecutivo con consejeros de la formación ecosoberanista MÉS por Mallorca. Armengol cuenta además con el apoyo parlamentario externo de Podemos y de MÉS por Menorca. El consejero de Educación en el actual mandato es el socialista Martí March, quien en estos últimos meses ha negado de manera reiterada que haya «adoctrinamiento» en las aulas escolares de la Comunidad.

Por su parte, el portavoz de Cs en el Parlamento regional ha señalado este lunes que el profesor Ruiz-Bravo «interpuso la denuncia el 23 de noviembre ante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y la remitió al inspector jefe de Educación de Baleares, al consejero March y a la Alta Inspección del Estado informando sobre alteraciones históricas y posible adoctrinamiento en los centros escolares». Por lo tanto, según ha recalcado Pericay, el consejero de Educación debería tener ya «constancia» de dicha denuncia, algo que aún no está claro en estos momentos.

Finalmente, el portavoz parlamentario de la formación naranja ha exigido nuevamente la retirada de los libros de 1º de Bachillerato de Anaya de las aulas. «No podemos permitir que nuestros hijos sean adoctrinados con falsedades históricas», ha remarcado.