Cermi denuncia carencias legales en España para garantizar la igualdad de mujeres y niñas con discapacidad

Esta es una de las principales conclusiones que la FCM pone de manifiesto en su informe «Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad . Informe España 2017», presentado este lunes, Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, en la sede de la FCM, a cargo de la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Ana Peláez; la coordinadora de la organización, Isabel Caballero, y el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín.

El informe, que se realizará cada año, pretende visibilizar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en España respecto a la protección, promoción y garantía de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como las obligaciones que debe cumplir el Estado español derivadas de tratados internacionales como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño o la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer (Cedaw). Asimismo, tiene como horizonte el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El informe expone que la falta de una normativa general de igualdad y no discriminación y la ausencia de un marco conceptual normativo actualizado en base a los tratados de derechos humanos correspondientes, impacta en la igualdad ante la ley como sujeto de derecho y genera una desprotección legal al no haber sanciones y reparaciones ante casos de discriminación múltiple de mujeres y niñas con discapacidad.

Además, la FCM critica la infrarrepresentación de las mujeres y niñas con discapacidad como grupo social en el diseño de políticas públicas y planes estratégicos, así como la sobregeneralización e insensibilidad de género en normativa y diseño de políticas públicas y planes estratégicos relativos o que afectan a la población femenina con discapacidad.

Por otro lado, el informe dedica una especial atención al acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos y a ejercer la maternidad. Así, advierte de que la legislación actual no es suficiente para garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad tengan acceso a la atención primaria inclusiva de calidad relativa a la salud sexual y reproductiva. Igualmente, no se garantiza plenamente una atención inclusiva durante el embarazo, el parto y el postparto.

Una de las violaciones de derechos fundamentales que sigue estando permitida legalmente en España es la práctica de esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad, hecho que sufren especialmente las mujeres con discapacidad. A esta situación se suma la opacidad , ya que el sistema de justicia no brinda información de las resoluciones finales de los procedimientos.

«Las violaciones a la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad son más frecuentes de lo que aparentan, tomando varias formas que pueden ir desde la inaccesibilidad en la información y a distintos servicios de atención primaria, pasando por la falta de apoyos, hasta sujetar su voluntad a terceras personas», añade el documento.

Para mejorar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, la Fundación Cermi Mujeres insta a mejorar la recopilación estadística en ámbitos como el acceso a la salud, el ejercicio del derecho a la maternidad, la incidencia de la violencia machista, etc.

De igual modo, se hace necesario que existan mecanismos de denuncias sobre discriminación, más accesibles y adecuados a un grupo social en situación de vulnerabilidad como son las mujeres y niñas con discapacidad, con especial atención en el ámbito rural y en mujeres y niñas con discapacidad en situaciones de exclusión y emergencia social.

Aprobar una ley general de igualdad y no discriminación e introducir el paradigma de la interseccionalidad en los planes especiales y estratégicos y políticas públicas dirigidas a mujeres y niñas con discapacidad son otras de las recomendaciones que la FCM realiza al Estado español en su primer informe.