El exnovio de Verónica, que quedó ayer en libertad sin cargos, niega ser el autor de la filtración del vídeo

La comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Henares, en colaboración con agentes de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Jefatura Superior de Madrid, habían estrechado el cerco sobre este hombre al conocerse que pudo ser él quien difundiese el vídeo a un grupo de compañeros de la empresa donde tanto él como Verónica seguían compartiendo techo.

Fuentes cercanas al caso informaron a la agencia Efe de que no existe un solo vídeo, sino cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya divulgación empezó desde «dentro de la propia empresa» hace alrededor de un mes, un delito castigado con entre tres meses y un año de prisión.

Desde que se conocieran los hechos, la planta de automoción Iveco, cuya sede se encuentra en la Avenida de Aragón de Madrid, vive azuzada por cierta psicosis entre sus empleados y una crisis de imagen y comunicación sin precedentes. Ayer, volvió a cerrarse en redondo a manifestar su opinión sobre el suicidio de la madrileña hasta que concluya la investigación oficial.

En contacto con este periódico, ayer solo aclaró que el marido de Verónica no trabaja en la fábrica. La fallecida estaba en plantilla desde 2006, donde comenzó como carretillera y pasó a la sección de Ejes y Puentes en 2012. Sí compartía fábrica con su cuñada, quien habría puesto en conocimiento de su pariente que todo el mundo en Iveco comentaba las imágenes íntimas de la joven. Ella sufrió una crisis nerviosa y abandonó su puesto de trabajo el pasado viernes. Se ahorcó en su domicilio al día siguiente, aprovechando que su marido había salido con sus hijos, de 9 meses y 4 años.

En el ámbito judicial, ayer la misma juez de guardia que ordenó el levantamiento del cadáver de la mujer de 32 años el pasado día 25, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares, donde se produjo el óbito, asumió la instrucción de la causa para depurar posibles responsabilidades penales. El juzgado de Alcalá abre «diligencias previas por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197.7 del Código Penal)», después de que la Policía le remitiera atestado con las pesquisas realizadas hasta este momento.

La Policía tiraba del hilo para averiguar quién envió el vídeo con imágenes privadas de la joven, quién lo compartió y hasta cuántos dispositivos llegó. Fuentes policiales aseguran que podrían reclamar a la empresa de mensajería WhatsApp estos datos , pero expertos en seguridad informática hablan de que es «del todo improbable» que la entidad estadounidense se preste a facilitar ese rastreo. El juzgado ha decretado el secreto de las actuaciones.

Asimismo, la fiscal coordinadora de sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada , también solicitó el miércoles un informe a la Policía Nacional para determinar si hay hechos que pudieran ser constitutivos de delito, al tiempo que la Agencia Española de Protección de Datos inició las actuaciones de oficio a fin de comprobar si se vulneró la intimidad de la fallecida.

Por tercer día consecutivo, ayer hubo concentraciones a las puertas de la empresa. Por primera vez, sonaron voces discordantes contra el discurso ofrecido por otros compañeros, al asumir que la culpa era «masiva» porque el 80% de la plantilla había descargado el archivo con la grabación. Una veintena de trabajadores firmaron un comunicado en el que reniegan de la difusión masiva y rechazaron su «complicidad» en el caso: «No lo vimos. Lo desaprobamos».

El programa «Espejo Público» ofreció ayer otro testimonio relevante, el de una compañera de Iveco, María, que afirmó que el calvario de Verónica comenzó cinco años atrás cuando ya se hizo circular las imágenes en la empresa; luego amainó el acoso y recientemente -desconoce por qué motivo-, volvió la presión «inaguantable» a la vida de Verónica.