«Todos tenemos la culpa»: la planta de Iveco agacha la cabeza por un delito demasiado común

En una convocatoria surgida de forma «casi espontánea», dijeron los sindicatos a ABC, que duró apenas diez minutos, decenas de los 2.500 empleados de la fábrica expresaron por segundo día consecutivo en la entrada de la fábrica de camiones su repulsa y gran pesar por la muerte de Verónica.

El pasado 25 de mayo a las 16.50 horas, de acuerdo con las fuentes policiales consultadas por este diario, la joven madre se ahorcó en su casa de Alcalá de Henares. Fue su marido quien la encontró colgada de una sábana, la trató de auxiliar, llamó a un vecino y a Emergencia al 112, que al llegar a su casa habrían encontrado a los hijos de la pareja en el domicilio.

El vídeo, donde ella aparecería sola, era «humillante» para Verónica, dice a este diario una compañera de fábrica, que no quiere dar más detalles que azucen el morbo. La filmación ya obsoleta recaló en la planta el pasado lunes 20. En pocas horas se propagó como la pólvora y tal y como afirma Iván Cacho , empleado de Iveco. El 80% de la plantilla tuvo acceso a él.

Iván no duda: se compartió masivamente. «Es reponsabilidad de todos, de la empresa por no haber sabido atajar esta situación y de todo el que vio el vídeo, también la mía personal, porque no supe tratar un caso de tanta envergadura», comenta.

Otros empleados de Iveco, no obstante, aseguran que no pensaban hacer escarnio con el archivo de WhatsApp, mientras algunos más lo tomaron hasta como una broma. Pero ella, que «al principio lo digirió como algo viejo y no le hizo mucho caso», pasó dos días fatídicos, jueves y viernes de la semana pasada, cuando muchos compañeros se acercaron a su sección de Ejes y Puentes, donde Verónica estaba desde 2012 y espetaban frente a ella: «Es esta compañera». La señalaron, la miraron.

Su cuñada también habría accedido al vídeo de Verónica y se lo habría comunicado a su marido el jueves. Ella consultó con el departamento de Recursos Humanos ese mismo día cómo actuar y el viernes abandonó antes de hora su puesto de trabajo, completamente «destrozada» , declaró otra colega, Susana.

Las versiones se difuminan en este punto: hay quien asegura que el departamento le ofreció cambiar de sección en la fábrica y abrir una investigación interna; mientras desde el propio comité de empresa, el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) informó de que denunciará a Iveco por no aplicar el debido protocolo de acoso sexual y pide determinar la responsabilidad penal de la empresa al considerar la muerte de Verónica un accidente laboral. Este periódico se puso ayer en contacto con la empresa y con sindicatos como CGT, que rehúsan hacer declaraciones a la espera de lo que depare la investigación iniciada.

Las pesquisas están en manos de la comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Henares, que, en colaboración con agentes de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Jefatura Superior de Madrid, mantiene abiertas tres líneas de investigación , sin que haya hasta el momento ningún detenido. Por un lado, con las diligencias en la mano tras tomar testimonio a los vecinos de la pareja en Alcalá, se investiga si el marido habría podido incurrir en un delito en el ámbito doméstico por amenazarla con el divorcio y con quedarse con la custodia de los dos hijos; otra indagación que se sigue es si Verónica sufrió chantaje por su expareja y si fue él quien difundió el vídeo.

Si fue Verónica quien por error o voluntariamente lo compartió o fue otra persona todavía está siendo esclarecido por los agentes de la Policía Nacional. Fuentes próximas al caso subrayan a ABC que investigan a la inversa, es decir, el rastreo será del último al primer destinatario del vídeo para depurar las responsabilidades penales pertinentes, de tres meses a un año de cárcel por relevación de secretos. Además, la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática pidió ayer un informe a la Policía Nacional para que le comunique las circunstancias de esta muerte y determine así si existe relevancia penal en los hechos. Según informaron fuentes jurídicas a la agencia Ep, si los investigadores ven delito en lo sucedido, la Fiscalía lo investigaría y si procede, lo llevará a un tribunal para que se judicialice el caso y se impute a los corresponsables de la muerte de la joven.

«No hay derecho», soltó ayer por la mañana una de las pocas mujeres (el 23% de la plantilla) que hay en Iveco-Madrid justo antes de pasar el torno y fichar para comenzar su jornada de trabajo. La indignación ha cundido entre los pocos que no lo vieron o no lo compartieron y contra ellos no habrá castigo penal. «Creo que la gente no es consciente de lo que pueden suponer sus actos a veces», soltó otro compañero. Pero la tónica común en la empresa, como confirmó Iván, fue recibirlo, descargarlo, observarlo, incluso, compartirlo.

La joven madrileña, que huyó de ser la comidilla vergonzante, no podía imaginar la expectación que despertaría su muerte. Su caso abre numerosas incógnitas sobre el (mal) uso social de la tecnología también en espacios laborales. « Es un tema que está a la orden del día, entramos en la vida privada de las personas y puede conllevar situaciones extremas como la muerte de Verónica», aceptó, en alto, Iván.