El 90% de las denuncias sobre las muertes por Covid en las residencias no han llegado a los tribunales

«Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y, sin embargo, no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad», señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional (AI) España.

Tras analizar la evolución de denuncias , que afectan a más de un centenar de residencias en Madrid y Cataluña, Amnistía Internacional ha documentado las preocupaciones por la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para «saber la verdad» sobre lo ocurrido en estos centros durante la pandemia, y el impacto que tuvo para los derechos humanos, incluyendo las instrucciones o protocolos para adoptar decisiones concretas sobre la prestación de asistencia sanitaria a las personas mayores que vivían en ellas.

De esta forma, la organización concluye que hasta el momento, las autoridades «han incumplido» su obligación de investigar de forma «exhaustiva y adecuada» las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la vida y exige el acceso de las víctimas a un recurso judicial que sea efectivo. De acuerdo con el Protocolo de Minnesota (ONU, 2016) de investigación de muertes potencialmente ilícitas , la obligación de investigar es una parte esencial de la defensa del derecho a la vida. Amnistía Internacional lamenta que no se está garantizando la verdad para las víctimas, se está extendiendo la impunidad y, como consecuencia, no se asegurará una adecuada reparación del daño causado, ni garantías de no repetición en el futuro .

Asimismo, también considera que la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias. La organización ya documentó cómo una cadena de decisiones en la gestión de la pandemia fue definitiva en la situación de abandono de los mayores en las residencias, y todas sus causas deberían ser investigadas .

«Lo más importante para la familia, y es un derecho, es que se pueda esclarecer lo sucedido. Lo que buscan los familiares no son necesariamente condenas», explica Safira Cantos, responsable de la investigación en Amnistía Internacional España, a ABC. Según comenta, tras la investigación es «muy importante» que se escuche a las víctimas, ya que muchos de los familiares tienen información «relevante» sobre lo que ocurrió en ese momento en las residencias. Recalca también el «sosiego» que necesitan las víctimas y que solo se les puede proporcionar con la verdad .

«Ante un exceso de muertes, con una clara falta de asistencia sanitaria como el que se vivió en la residencias de mayores, un papel proactivo del Ministerio Fiscal es fundamental para aclarar lo sucedido», señala Cantos, responsable de la investigación en Amnistía Internacional España. «Sin embargo, en muchos casos, son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones , en muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión», añade.

Amnistía también señala que son los familiares quienes están presentando denuncias a los Tribunales, como consecuencia de que el Ministerio Fiscal haya archivado casi todas las investigaciones. De esta manera, las familias de los residentes que murieron por Covid durante la primera ola de la pandemia piden justicia para que «no vuelva a ocurrir algo así». «No se trata de seguir ahondando en el dolor de la gente, sino de que la única forma de eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia», señala Simone Nicoletti, cuya madre, con Alzheimer, falleció en una residencia en Madrid.

«Tengo derecho a saber qué estaba pasando. Nos lo han negado también. A mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo así, que se podría haber evitado, queremos que no pase nunca más», lamenta Ana María, cuya madre falleció en la residencia Federica Montseny de Barcelona sin haber sido trasladada al hospital, y que ha presentado una denuncia particular ante el juzgado, que año y medio después sigue en trámite.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas familias han conseguido acceso judicial, tal como reconocen las normas internacionales, ya que, no ha incorporado un cómputo de los casos en tribunales y tampoco ha incorporado en su estadística ningún indicador que permita hacer seguimiento global de estas causas. Según explica la organización, esto contribuye a la «falta de información y transparencia». Además, según comentan, las investigaciones en Madrid no han tenido en cuenta las informaciones que podían aportar las personas afectadas. «También es crítica la situación en Barcelona , donde la denuncia de casi doscientos familiares en relación con 30 residencias fue archivada por la Fiscalía sin tomar declaración a las víctimas o profesionales de las residencias», afirman. Para finalizar, exigen al Ministerio Fiscal que tenga un «rol activo» promoviendo la acción de la justicia en favor de los derechos de las víctimas.

En total, entre Madrid y Barcelona, AI detalla que se habrían archivado diligencias de investigación de al menos 129 casos sin haber llamado a testificar a familiares para que pudieran participar en el procedimiento y aportar información.

El informe también recalca que pese a la «gravedad» de los acontecimientos, se han ido cerrando en España las pocas comisiones de investigación abiertas en algunos parlamentos autonómicos, añadiendo que en el mejor de los casos solo han desarrollado investigaciones parciales , «que no aseguran un conocimiento completo de los hechos». «En Castilla y León, la única comisión que estaba actualmente en marcha se ha cerrado con la disolución de las cortes y las elecciones anticipadas», explica el documento.

«Es fundamental que como sociedad podamos tener una comisión de la verdad en el Congreso. Es necesario que arroje luz y establezca la adopción de medidas, esto no puede estar al albur de las mayorías parlamentarias», concluye Safira Cantos.