Ómicron arrasa al personal de las residencias y colapsa la atención a los mayores

«En términos de inmunidad, fue peor la quinta ola —dice a este medio Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps)—; la protección caía tras la doble pauta y veíamos crecer mucho los contagios , parecía que clamábamos en el desierto por la tercera dosis». Esa llegó después, autorizada el pasado octubre, y ha salvado a los usuarios de los centros en términos de letalidad y graves hospitalizaciones ahora, pero los gestores de las residencias coinciden: preocupa el repentino incremento de los casos , pasadas las navidades, y también comienzan a subir las derivaciones hospitalarias por Covid. Sin alarmismos, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), José Augusto García Navarro, mantiene a ABC que hasta la fecha no se ha producido un cambio exponencial en los enfermos graves. Es decir, los índices se mantienen dentro de la «normalidad» . De los 80 fallecidos por Covid entre el día 3 y el 9 de enero, un 30% murieron en la residencia y un 70% en hospitales, agrega el especialista. Según los datos que publica el Imserso cada semana, la letalidad ha caído del 20,6% de los residentes que enfermaban en 2020 al 13,9% en 2021 y en lo que llevamos de 2022 es del 1%. 2021 acabó con 5.083 fallecidos en residencias, por 25.797 de 2020 «gracias a la cobertura vacunal», despeja el doctor García.

Otra cara distinta la representa la progresión exponencial en el número de infecciones, aunque también se mantiene lejos del momento previo a la vacunación, cuando había 20 residentes por brote y ahora se sitúa en 5,2. «La intensidad del virus ha decrecido», apuntilla. Lo que sí es un aspecto singular de esta oleada de Ómicron en las residencias es que « el coronavirus ha entrado a lomos de los familiares y el personal , más que debido a las salidas del anciano al exterior», asegura García Navarro, y, además, ese personal ha caído enfermo masivamente.

Como ‘anécdota’, algunos directores de residencias consultados por este periódico apuntan a la irresponsabilidad en la que han incurrido algunos familiares en las últimas navidades, puesto que han levantado la mano en ese cuidado y acudido a un restaurante a comer con ancianos y luego los han «traído contagiados», reproducen.

Aseguran los empresarios de las residencias privadas y concertadas (las patronales Federación Empresarial de la Dependencia FED y Ceaps agrupan el 89% de las casi 300.000 plazas disponibles en España) que estos centros dan ocupación directa a un 1% de la población empleada en el país. Y entre esos trabajadores que auxilian a los mayores en España se notifican por miles las bajas en los primeros compases del nuevo año. El resultado lo comenta la presidenta de Ceaps: «Salimos a contratar y no hay gente».

Desde FED, su presidente, Ignacio Fernández-Cid, añade otro ingrediente al debate: España no se atrevió a obligar a vacunar al personal sociosanitario y se detectó que casi un 20% del personal para cuidado en dependencia rehuyó de ponerse las dosis. Son 12.000 personas trabajando con los 1,15 millones de residentes en los centros sin haberse blindado con la vacuna. La FED considera que esta bolsa de empleados pone en riesgo la inmunidad de las residencias . «Falta concienciación, puesto que debe ser un requisito ineludible para dar un empleo en este sector que cuida algo tan sensible como son nuestros mayores», indica Pascual, que rebaja a un 10% el personal que no se administró las dosis, acudió presto a su trabajo y ahora ha enfermado.

La presidenta de Ceaps cita el caso de una residencia catalana donde opera: tres empleados sin vacunar, los tres de baja por contagio de Ómicron. Se ha tratado de reorganizar en turnos o duplicar los equipos, pero la mayoría de los profesionales están «extenuados por la gran carga laboral» tras 22 meses en la lucha contra el Covid. Hay auxiliares haciendo de enfermeros o con jornadas inasumibles, corroboran dentro de los centros. Se dinamita entonces la atención a los usuarios, quienes viven sin mascarillas en el interior desde que se administró la dosis de refuerzo.

Hay provincias, como Álava, o comunidades, como Madrid, que no ven objeción a suplir el enorme défit de profesionales de los centros residenciales con personal no cualificado y sin título de formación para contener este nuevo embate del Covid-19. Esto despierta reacciones muy diferentes en el sector. La medida es aplaudida por algunos, como Fernández-Cid, y otros, como Pascual, la reducen a una «tirita» para cubrir una situación excepcional . «A grandes males, necesitamos grandes remedios», acuña, pero las buenas soluciones no han llegado, consensúan.

Entre los familiares admiten una profunda desazón porque, sin personal suficiente, no tienen garantías de que la vigilancia de las medidas sanitarias, tales comos los cribados, se cumpla. Para Miguel Vázquez, que preside la Plataforma de Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), «la falta endémica de personal que lastra al modelo asistencial en España se ve agudizada» ahora con la variante sudafricana. «Con el mismo problema, Alemania tiene una ratio de cinco horas de atención al día por residente con dependencia de grado III, y en España no llegamos a dos».

Hay críticas también a los gestores de las residencias y a las administraciones. Vázquez lamenta la decisión expedita que se toma: «Siempre se opta por lo fácil con los sectores más vulnerables; todas las residencias d eberían tener planes de contingencia para aislar a los contagiados sin perjudicar al resto. Procurar que no se adopten restricciones con los mayores que van mucho más allá que las que se han tomado para el resto de la población». Un ejemplo: hay administraciones como Castilla-La Mancha que han decidido esta semana suspender las salidas de los usuarios de residencias de la región si tienen una duración menor a siete días. Para los responsables del cuidado de la tercera edad, es lo último que debería hacerse. Si se bunkeriza a los ancianos se acaba produciendo un deterioro físico y cognitivo mayor al que provoca su salida, acota el presidente de los geriatras. «No puede ser que la solución sea cerrar los centros a cal y canto, los hundes», zanja.