Los técnicos apuntan la relación causa-efecto entre las inyecciones de gas y los seísmos

Normalmente se trata de microseísmos de muy baja magnitud y que pasan inadvertidos para la población, pero también ha habido grandes terremotos que se han atribuido a esta sismicidad inducida, como el que se produjo en Sichuan en 2008, de hasta 7,9 grados en la escala Richter.

Técnicos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico Miner se encuentran ya estudiando las causas de los seísmos, que en la noche del miércoles al jueves llegaron a alcanzar los 4,1 grados.

El informe estará listo en «los próximos días», señaló el ministro de Industria, José Manuel Soria. Sin embargo, aunque todavía no esté científicamente contrastado, ya apuntó que «hay una probabilidad muy alta» de que haya una relación de causa-efecto entre la inyección del gas del denominado proyecto Castor y los terremotos registrados.

Mensaje de tranquilidad

En todo caso, el ministro quiso tranquilizar a la población de la zona, porque «en opinión de los técnicos no es una situación preocupante » y el plan de emergencia activado el pasado martes por la Comunidad Valenciana se sitúa en la actualidad en el «nivel 0».

El gobierno catalán decidió anoche activar en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias Sísmicas en Cataluña (Sismicat) , según informó el consejero de Interior, Ramon Espadaler, tras reunirse en Alcanar (Tarragona) con los alcaldes de municipos afectados por los seísmos. Espadaler admitió que aún no se dan las condiciones para activar la fase de alerta del Sismicat -como, por ejemplo, que se hubieran detectado desperfectos en edificios y cañerías-, pero justificó la medida en que es preferible «pecar de exceso de celo» y tener a punto los mecanismo de actuación que prevé el plan cuando está activado.

El ministro de Industria recalcó que «mientras no haya garantías totales para la seguridad de la población de que no se van a producir ese tipo de movimientos, no se autorizará a inyectar nuevo gas ». No aclarado por el momento si se plantea de suspender definitivamente el proyecto ni quién asumiría los costes de inversión en ese caso: «No estamos en esa hipótesis», indicó.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, insistió también en que el Gobierno paralizó los trabajos en la plataforma de gas cuando tuvo conocimiento de los movimientos sísmicos y subrayó que en la Declaración de Impacto Ambiental emitida en 2009 -todavía con el gobierno socialista- no había «ningún condicionamiento por razones sísmicas», una declaración que era «muy breve» pero, insiste, que no tenía «ningún condicionante» en este sentido. Precisamente, el consejero catalan de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, recordó ayer que la Generalitat ya advirtió al anterior gobierno del PSOE sobre la necesidad de estudiar las consecuencias sísmicas que podría conllevar el proyecto. Según el consejero, ese aviso quedó en notificación y el Ejecutivo socialista desoyó la petición catalana.

Además, el gobierno catalán ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien las «vías judiciales» que podrían emprenderse contra el almacén de gas subterráneo, según dijo el delegado del Govern en las Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès.

CiU ha llevado la denuncia al terreno europeo y ha pedido a la Comisión Europea que estudie si el almacén cumple con las directivas de la Unión. La formación convergente advirtió en un comunicado de que, «a pesar de que el Ministerio ha ordenado una parada temporal de la actividad para investigar las causas del aumento de actividad sísmica, ésta no se detiene».

Manifestación en Vinaroz

La inquietud en la costa de Tarragona y Castellón era ayer patente. Unas 2.000 personas se manifestaron durante una hora por las calles de Vinaroz, según la estimación de la Policía Local, para exigir el cierre del proyecto Castor tras los seísmos, informa Ep. La concentración, en la que también participaron los alcaldes de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola, contó con la asistencia de representantes de los grupos políticos de Vinaroz y de poblaciones vecinas, como portavoces de los principales partidos de la oposición.

Shale Gas España , la asociación que agrupa a empresas especializadas en la extracción de gas por la técnica del fracking , marcó distancias frente a lo que está sucediendo en Levante: «Los trabajos de exploración o desarrollo de gas no convencional mediante fracturación hidráulica no están relacionados con los trabajos realizados en el marco del proyecto Castor», explicaron. El fracking, que consiste en la inyección de agua y arena en rocas situadas a gran profundidad para la liberación del gas que encierran, tiene gran rechazo de las organizaciones ecologistas, que le atribuyen, entre otros perjuicios, la generación de movimientos sísmicos.