La guerra del «fracking» llega a España

A pesar de la controversia que genera, Estados Unidos hace tiempo que se ha lanzado al empleo de este procedimiento para la explotación de un recurso energético con el que espera afianzar su liderazgo en el mundo.

También en España se han despertado expectativas de poder hallar y extraer mediante el fracking importantes yacimientos de gas pizarra, escondidos en la roca a gran profundidad, que podrían resolver parte de los problemas de dependencia energética que arrastra nuestro país. Pero, junto con esta fiebre del gas, también la polémica ha llegado a Estaña.

El fracking o fracturación hidráulica consiste en la inyección de agua a alta presión en rocas situadas a más de 3.000 metros de profundidad que provoca en ellas pequeñas fracturas y libera el gas que permanece allí encerrado desde tiempo inmemorial.

La industria tiene indicios de la existencia de yacimientos de gas pizarra en España, sobre todo en la cuenca vasco-cantábrica, aunque también en otras zonas como la cuenca del Guadalquivir, la Cordillera Subbética y zonas de Cataluña en las comarcas de Osona y la Segrarra. Desde hace un par de años, comenzaron a solicitarse permisos para explorar esas áreas en busca del nuevo maná energético. En la actualidad, ya hay decenas de permisos concedidos y otras tantas solicitudes, pero de momento no se ha llegado a perforar el suelo para realizar las catas, ya que cada una debe contar antes con su correspondiente declaración de impacto ambiental positiva.

El gas pizarra se presenta como «una oportunidad histórica para España» que puede suponer «una transformación energética radical, que reduciría la dependencia y sería complementaria con el desarrollo de las renovables», a juicio de Juan Carlos Muñoz, vicepresidente de la ACIEP , la asociación que agrupa a las empresas de producción de hidrocarburos y almacenamiento subterráneo en España, así como director corporativo de BNK España y representante de la recién creada plataforma para la exploración y desarrollo del gas pizarra, Shale Gas España. Muñoz reconoce que al fracking y al gas pizarra les precede su «mala fama» y que «ahora cuesta mucho esfuerzo desmontar los falsos mitos» en torno a ellos, pero asegura que en la actualidad cuentan con todas las garantías ambientales y de seguridad. Y subraya «el caso de éxito absoluto de EE.UU., con medio millón de pozos en explotación».

En todo caso, este representante de la industria energética asegura que desde que se pide el permiso para explorar hasta que se llega a explotar el yacimiento es un «proceso largo» puede en torno a cinco años.

Las organizaciones ecologistas están en radical desacuerdo. La organización Greenpeace, que viene siguiendo desde hace años el desarrollo del «shale gas», se está posicionando ya contra la explotación de este recurso del subsuelo. El responsable de la campaña de energía, Julio Barea, asegura que se trata de «un despropósito», por los efectos contaminantes que atribuye al fracking, sobre todo en los acuíferos; por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y por la necesidad de «millones y millones de litros de agua», entre otros motivos.

Por el momento, el Gobierno defiende la exploración de los posibles yacimientos de gas pizarra. Según el ministro de Industria, José Manuel Soria, el Ejecutivo es partidario de la extracción a través de fractura hidráulica siempre que se cumplan las cautelas medioambientales y la normativa europea. Soria, en respuesta a una interpelación de Izquierda Plural en el Congreso, indicó que existen una serie de «riesgos específicos» que deben ser gestionados adecuadamente y minimizados con la última tecnología en la materia.

El diputado de Chunta Aragonesista Chesús Yuste replicó que se trata de una técnica que requiere un «elevado consumo» de agua y causa «importantes daños» para la salud y el medio ambiente, al tiempo que denunció el «oscurantismo» en la concesión de permisos, algo que negó Soria, para quien el Ministerio está actuando con «transparencia infinita». Tras la interpelación, Izquierda Plural ha pedido la paralización de las autorizaciones.