Un concejal y el dueño de un atracción de feria, a juicio por la muerte de una niña

Cuatro personas se sentarán en el banquillo, acusados de un delito de homicidio imprudente : el concejal delegado de Urbanismo de Los Palacios (IP-IU), Manuel Begines ; el dueño de la atracción, el electricista que contrató el empresario para revisar la instalación eléctrica y un empleado municipal que debió inspeccionar el montaje después de que la Guardia Civil alertara de que varias personas habían sufrido descargas eléctricas un día antes del fatal accidente. A pesar de este aviso, la atracción siguió funcionando con trágicas consecuencias.

La Fiscalía pide tres años de prisión para el dueño de la atracción y el electricista y dos años para el concejal y el técnico municipal. La acusación particular eleva la pena solicitada a cuatro años de cárcel para todos los procesados, igualando el nivel de responsabilidad. Además exige una inhabilitación de seis años para el desempeño de oficio, cargo o profesión para cada uno de los implicados.

Además de penas de cárcel, en este procedimiento hay en juego el pago de indemnizacione s. Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclaman a dos compañías aseguradoras , como responsables civiles directos, y al propio ayuntamiento de Los Palacios , en calidad de responsable subsidiario, el pago de cantidades que van desde los 150.000 euros para cada progenitor de la víctima, a los 25.000 que demandan para cada abuelo.

En el accidente también resultaron heridas otras cuatro personas , entre ellas una amiga de la víctima para quienes se reclaman también cantidades menores. A lo largo del procedimiento, el Consistorio palaciego ha recurrido los autos de la juez instructora achacando toda responsabilidad al empresario. De haberse atendido esos argumentos, el Consistorio se hubiera visto exonerado del pago de cualquier indemnización.

El origen del accidente estuvo en la instalación eléctrica de la atracción, tipo olla y de nombre «Caiga quien Caiga». El fiscal detalla en su escrito que incumplía los requisitos básicos de seguridad . «La pica de tierra no estaba debidamente introducida en el suelo, y no garantizaba la correcta evacuación en caso de defecto de potencial eléctrico». Además era excesivamente corta y no estaba ni siquiera atornillada sino «retorcida». Todo ello provocó que «los interruptores diferenciados del cuadro eléctrico no funcionaran correctamente».

La niña, que se había montado descalza como suelen hacer muchos usuarios para no perder los zapatos, recibió una letal descarga cuando se bajaba de la atracción. La potencia fue tal que empezó a convulsionar y al agarrarse a la amiga, ésta también recibió otra descarga. La víctima cayó fulminada al suelo y no fue posible reanimarla.

Para el fiscal, el dueño y el electricista tuvieron una responsabilidad directa en el mal estado de la instalación eléctrica; mientras que el papel del concejal y el empleado municipal fue clave por su «inoperancia» al no atender con diligencia los avisos de mal funcionamiento que se habían dado tan sólo un día antes.

La Fiscalía detalla cómo al recibir la información de la Guardia Civil de testimonios de otros usuarios que apuntaban a descargas, el delegado de Urbanismo envió al técnico a que revisara la atracción. El operario realizó una inspección «inexacta y superficial» , que consistió en detectar que un trozo de cable estaba tocando un charco de agua y ordenar al feriante que lo levantara «sin adoptar ninguna otra medida de comprobación». El fiscal subraya cómo no se acordó en ningún momento el cierre preventivo de la atracción .