La juez concluye que el Ayuntamiento fue responsable en la muerte de una niña en la feria de Maribáñez

La investigación judicial que se abrió en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Utrera ha avanzado lentamente. La causa recaía en un partido judicial con un problema crónico de saturación por una carga de trabajo excesiva para los recursos disponibles. Sin embargo, una de las jueces que ha tenido el caso conseguía cerrar el año pasado la instrucción confirmando la existencia de indicios de delito contra cuatro de los siete investigados en la causa, entre ellos un electricista municipal, José D. L. , y el delegado de Urbanismo del Consistorio, Manuel Begines (IP-IU).

Además, la juez de refuerzo que mandó el TSJA concluía que el Ayuntamiento de Los Palacios debe sentarse en el banquillo como responsable civil subsidiario . El Consistorio, quien a través de su alcalde, Juan Manuel Valle Chacón (IP-IU) dijo ponerse a disposición de la familia de la niña nada más ocurrir los hechos y defendió desde un primer momento la actuación municipal, ha recurrido en dos ocasione s este auto porque entiende que no hubo negligencia en la intervención del Ayuntamiento, y que en cualquier caso el estado de la atracción era competencia exclusiva de su dueño , también procesado.

En caso de prosperar el argumento del Consistorio, éste no tendría que hacer frente al pago de una indemnización a la familia de la víctima.

La actual juez titular del juzgado, que aterrizaba en ese destino el pasado verano, desestimaba el recurso del Consistorio, que ha acudido a la Audiencia Provincial con el objetivo de salir del procedimiento. Fuentes del TSJA han confirmado a ABC que en cualquier caso: «La apelación se está tramitando, pero al no ser suspensiva, una vez que el Ministerio Fiscal y el resto de partes personadas presenten sus escritos de acusación, se dictará auto de apertura de juicio oral ».

En el auto de procesamiento se señala al Consistorio no sólo porque hay personal suyo implicado en el procedimiento judicial, sino porque el electricista municipal acudió la mañana antes del accidente a revisar la atracción porque varios vecinos habían alertado días antes de que ésta daba «chispazos» . Según la instructora, este empleado realizó «una comprobación inexacta y superficial».

Sobre la implicación del concejal delegado Manuel Begines, el auto de procesamiento recoge como indicio delictivo, que no comprobó la actuación del electricista, acusando al edil de «inactividad» a la hora de prestarle la debida atención a los avisos previos que alertaban de u n mal funcionamiento de La Olla .

Un informe técnico realizado tras el fallecimiento de la menor detectó anomalías en el cuadro eléctrico por falta de aislamiento y «defectos» en la toma de tierra. Los técnicos concluyeron que no reunía las condiciones de seguridad adecuadas; por tanto, no debió estar en funcionamiento la noche del accidente.

Por eso, junto al edil y el electricista municipal, la juez ordenaba el procesamiento del dueño de la atracción José C. B. , y del técnico que había contratado para el mantenimiento del sistema eléctrico, José Antonio C. S. Para la juez, ambos «incumplieron las normas de diligencia y cuidado exigidas para su puesta en marcha».

A lo largo de la instrucción otras tres personas fueron citadas a declarar como investigadas, para quien la juez ha dictado el sobreseimiento provisiona l. Se trata del ingeniero técnico industrial del Ayuntamiento, que estaba de vacaciones cuando ocurrió el accidente; el coordinador de festejos del Consistorio, que no tenía «encomendada ninguna función en relación al montaje de las atraciones», afirma la juez; y otro ingeniero técnico que revisó La Olla, pero que en la investigación ha quedado demostrado que sólo debía inspeccionar las condiciones mecánicas y su solidez, y no el estado del sistema eléctrico.