Casi cuatro años de cárcel por pinchar un oleoducto de Sevilla para robar gasoil, provocando un vertido a un arroyo

Además, los ocho condenados deberán afrontar una multa de 720 euros e indemnizar, solidariamente, a CHL , la compañía afectada por la manipulación de las tuberías y el robo del gasoil, con 35.760 euros . En función al acuedo de conformidad que han alcanzado las defensas con la Fiscalía deberán abonar otra multa de 500 euros para la suspensión «extraordinaria» de la pena de prisión , al tratarse de penas que no superan los dos años de cárcel por cada delito: 24 meses por el robo, 14 meses por el riesgo de explosión y seis meses por la organización criminal.

Los hechos tienen su origen en junio de hace siete años , cuando agentes de la Guardia Civil pillaron a un camionero hablando por teléfono mientras circulaba por la A-8058, a su paso por la capital cuando conducía. El conductor, el acusado R.J.G., llevaba en el camión, que era alquilado, seis mil litros de gasoil , sustraído de las tuberías por las que discurre antes de llegar a la refinería, ya que una vez analizado se comprobó que carecía de los aditivos de calidad que le son incorporados en la refinería.

Días más tarde, el seis de julio, se localizó en el punto kilométrico 81,071 del oleoducto Hucosa, en el tramo comprendido entre Huelva-Coria del Río-Palomares del Río , una perforación mediante taladro de la tubería que conduce el hidrocarburo. Pero algo no salió como esperaban y debido al exceso de presión no fue posible acoplar la válvula de cierre, lo que provocó una salida incontrolada del gasoil .

Se perdió más de 20.000 litros , aunque no produjo afección al terreno gracias a las labores de reparación de la empresa CLH, propietaria del oleoducto. Pero también se produjo un vertido al arroyo Porzuma , aunque la Fiscalía no aprecia que hubiera daño al dominio público hidráulico, por lo que nunca acusó por un delito contra el medio ambiente.

Los agentes al frente de la investigación, días después, en un punto de la tubería próximo al anterior, detectaron una nueva perforación, conectada con una goma que a unos quinientos metros aparecía cortada y cuyo rastro conducía a una nave industrial situada en Palomares del Río , en la carretera que une Sevilla con La Puebla del Río. Dicha nave estaba alquilada a uno de los acusados, F.J.R.L., por periodo de un año y al precio de 1.700 euros mensuales.

Los investigadores de estos hechos solicitaron al juzgado intervenciones telefónicas de los móviles de los sospechosos, comprobando como eran frecuentes sus idas y venidas al campo, siempre al entorno por donde transcurre el oleoducto.

En una de estas ocasiones, descubrieron a F.J.R.L y su padre M.A.R.P., que fueron detenidos en la zona conocida como Vereda El Gallego. Se localizó una llave de paso del picaje, que estaba oculto para no ser visible. Dicha llave estaba unida a una manguera que a su vez se hallaba en el interior de un contenedor de plástico de mil litros . Un contenedor que estaba en una furgoneta metido y recibía el gasoil. Otro de los acusados, A.M.S.R., fue el que realizó el picaje en la tubería.

Los acusados tenían claro su propósito, ganar dinero con el gasoil robado del oleoducto , propiedad de CLH, sin su conocimiento ni consentimiento, evidentemente. La sustracción del gasoil lo realizaban mediante el picaje de las tuberías, a sabiendas de que se trataba de una sustancia inflamable, con riesgo de explosión , dado que manipulaban de forma deficiente la conducción, corriéndose el riesgo de que se pudiera activar con una simple chispa, lo que hubiera provocado una atmósfera explosiva con gran poder de destrucción y alto riesgo para la integridad física y las propiedades en su radio de acción.

Los perjuicios ocasionado a Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH, por el robo del gasoil y los daños en las tuberías ascienden a 35.000 euros, que es lo supone la indemnización a la compañía.

La Fiscalía pedía para los ocho acusados nueve años y medio de cárcel como presuntos autores de un delito continuado de robo con fuerza, un delito de riesgo provocado por la manipulación de sustancias inflamables y un delito de pertenencia a grupo criminal, si bien tras el acuerdo de conformidad se ha dado una rebaja sustancia de las penas.

El presidente del tribunal, el magistrado Pedro Izquierdo, ha recordado a los condenados que «no vale todo para obtener un beneficio» , pues con su actuación pusieron en riesgo la vida de ellos y la del entorno y les ha advertido de que no pueden volver a delinquir.