La Fiscalía investiga 60 contratos municipales con la pareja de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra por valor de casi 950.000 euros

Ha sido un concejal de la Corporación municipal, Manuel Araujo, edil no adscrito tras abandonar 'Alcalá nos importa', quien ha llevado este asunto al Ministerio Público y a la Oficina Andaluza Antifraude. Anunció esta denuncia en el pleno municipal de este mes de septiembre tras haber solicitado las explicaciones de la primera edil sobre la numerosa contratación de la empresa de su pareja para el mantenimiento de la climatización de todas las instalaciones municipales.

Estos contratos, en su mayoría calificados como menores, salvo uno, alcanzan un valor aproximado de 950.000 euros. Este incremento en la contratación de los servicios de esta sociedad, Imangener, tiene su origen, según la denuncia, a principios de 2024, al poco tiempo de iniciarse la relación de Alfonso Maldonado, administrador de la empresa, con Ana Isabel Jiménez.

En el conjunto de estos contratos aparece indistintamente el nombre de Imangener y de Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas (el desarrollo de Imangener), de la que era administrador único Maldonado desde 2012 hasta junio de 2025, cuando ya era conocido por la alcaldesa (se reunió con Araujo el pasado mes de abril) que la oposición estaba detrás de este asunto. En ese momento, cesó como administrador único, siendo sustituido por otro socio. Maldonado pasó a ser apoderado. Otra empresa del sector y que casualmente pertenece al nuevo administrador único de Imangener también comenzó a recibir en ese momento contratos municipales, según se recoge en la denuncia que actualmente investiga el Ministerio Público.

Además del importante número de contratos menores adjudicados a la empresa, el denunciante expone otras irregularidades detectadas en los distintos expedientes administrativos y en los procesos de selección favorables a la empresa de la pareja de la alcaldesa, quien llegó a pedir perdón a su novio en un pleno, en nombre del Ayuntamiento, por la polémica suscitada a raíz de conocer la contratación de la administración local con esta mercantil.

Al tratarse de contratos menores en su mayoría, aunque algunos superan con el IVA incluido los 45.000 euros, el Ayuntamiento invita a tres empresas a ofertar para realizar servicios de reparación de los sistemas de climatización de las instalaciones municipales, como el propio Consistorio, la biblioteca o la piscina.

Si bien, la mayor cantidad adjudicada hace referencia a un contrato mayor para el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo/técnico de las instalaciones térmicas de los edificios públicos del Ayuntamiento para el periodo 2025/2029 por un valor superior a los 700.000 euros con IVA incluido. A dicho proceso concurrieron seis empresas, entre ellas Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas.

En este sentido, en la denuncia se expone cómo hay anomalías en la puntuación por parte de la mesa de contratación a la hora de valorar aspectos como la proximidad de la empresa, cuando según la página web está en el Polígono Parsi, es decir, al menos a 17 kilómetros del Consistorio. En cambio, en el expediente se señala que la distancia indicada del almacén/oficina desde la Casa Consistorial es de cuatro kilómetros, siendo la mejor valorada al ser la más cercana.

El Ayuntamiento explica que los contratos menores, casi 60, hacen referencia a arreglos que ya no pueden englobarse en el contrato general de servicio de mantenimiento para cinco años porque se ha superado el importe destino a averías. Entonces, hay que adjudicar nuevos trabajos.

Esta adjudicación fue aprobada por la junta de gobierno local, en la que, según han asegurado fuentes municipales, se abstuvo de participar la alcaldesa y pareja del empresario.

De otro lado, en la denuncia se explica que esta empresa, con anterioridad al inicio de la relación sentimental del dueño con Ana Isabel Jiménez, ya era adjudicatario del Ayuntamiento de Alcalá, pero en menor medidas, «dos o tres al año».

Estas presuntas irregularidades y otras detectadas entre tanto expediente han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Dos Hermanas, área al que pertenece competencialmente Alcalá de Guadaíra, y a la Oficina Andaluza Antifraude para su investigación. En el Ministerio Público ya han abierto diligencias para analizar los hechos y determinar si existen o no indicios de conductas delictivas.