Piden al juez que la Junta suspenda los trámites para abrir la mina de Aznalcóllar

Ecologistas en Acción subraya que según declaraciones del jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas de la Junta no existe resolución de otorgamiento de concesión minera en la zona de Aznalcóllar y, por tanto, no puede existir obviamente un titular de esa concesión minera. Además, destaca que la propia Audiencia puso en duda que Minera Los frailes fuera adjudicataria de ese concurso. «Si se prosigue actualmente con la tramitación de los expedientes y se otorga una Autorización Ambiental Unificada y una Declaración Ambiental Estratégica a una empresa que puede no ser la verdadera adjudicataria de unos derechos que dice ostentar, podrían derivarse importantes responsabilidades patrimoniales contra la Junta de Andalucía», indica Ecologistas en Acción.

El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes el escrito de Ecologistas en Acción. La solicitud de suspensión de la tramitación llega después de que la sección séptima de la Audiencia de Sevilla, de la que forma parte Mercedes Alaya, estimara íntegramente el recurso de apelación que presentó la empresa Emérita Resources España -que compitió con Minorbis por la explotación de Aznalcóllar- contra el archivo de la causa penal abierta por presuntas irregularidades en el procedimiento de adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La Audiencia ordenó la reapertura de la causa para confirmar si hubo delito de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, de fraude y exacciones ilegales.

El Juzgado de Instrucción 3 de la capital andaluza ha citado a declarar el próximo 12 de diciembre como investigados a Vicente Cecilio Fernández Guerrero, exsecretario de Innovación de la Junta entre 2012 y 2016, y a los hermanos Mario e Isidro Magdaleno, directivos de Magtel, propietaria de la compañía adjudicataria (Minorbis), así como a numerosos funcionarios y altos cargos de la Junta que formaron parte de la comisión técnica y de la mesa de contratación que estudiaron las dos ofertas: la de Emérita y Minorbis. A raíz de la reapertura del caso, Vicente Fernández dimitió como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).