Mina de Aznalcóllar: Citan a declarar al exsecretario de Innovación de la Junta y a directivos de Magtel

Asimismo, atendiendo a la petición de la Audiencia, el juzgado de Instrucción ha citado a declarar, entre los días 11 y 2 de diciembre, como investigados a los miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación que estudiaron las dos ofertas -Emérita de un lado y Minorbis, de otra- y adjudicaron el concurso. Algunos miembros de esa comisión y de la mesa habían declarado en la fase de instrucción y otros no.

En base a ello, el juzgado acuerda solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la UCO, información sobre los cargos que ostentaban los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica tres meses antes de iniciarse la licitación para la adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo y hasta la fecha en que se expida la información», extendiéndose además esa información a Vicente Cecilio Fernández, que dimitió como presidente de la SEPI tras ordenar la Audiencia la reapertura de la causa penal y su imputación.

Entre los miembros de esas comisiones y mesas que han sido citados a declarar están: J.J.G.B, gerente de inversiones en la provincia de Málaga de Invercaria-Gestión; A. F. B, funcionario del cuerpo superior de ingenieros de Minas de la Junta de Andalucía; A. G. M, funcionaria del cuerpo superior facultativo de ingeniero de montes; L. C. G. funcionario del cuerpo superior facultativo de Biólogos de la Junta de Andalucía; M. G. C., funcionario del cuerpo de administradores generales de la Junta; M. P. O. A, funcionaria del cuerpo superior facultativo de Ordenación Minera de la Junta; M. J. A. C., directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta; y J. M. R. D., jefe del departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria; I. M. V., jefe del servicio de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta; J. S. C. L., secretario general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la delegación territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla; J. R. Z., jefe del servicio de Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda de la Junta: J. M. A. P., interventor delegado de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta; y P. S. C. S. I., letrada de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta.

En el auto se subraya la necesidad de determinar si se admitió la aceptación de Grupo México junto a Minorbis cuando no participó en la fase inicial del concurso. En cuanto a la suficiente de medios, financieros y técnicos, l a sección séptima de la Audiencia, de la que forma parte la magistrada Mercedes Alaya , apreció serias dudas en cuanto al compromiso técnico y financiero de prestación de medios de la oferta adjudicataria, quedando siempre a expensas de la decisión unilateral de Grupo México.

El juzgado indica que habrá que esclarecer por qué la Junta de Andalucía no pudo reparos al hecho de qu e Minorbis, constituida el 19 de marzo de 2014, carecía de la experiencia y solvencia técnicas necesarias cuando apenas un mes antes de presentar su solicitd para participar en el concurso.

El intructor indagará la razón por la que Minorbis no aceptó la adjudicación del concurso para explotar la mina de Aznalcóllar en el plazo de 60 días desde la notificación de la resolución . La aceptación de adjudicación se produjo por la entidad Minera Los Frailes -creada en enero de 2015 y adquirida el 5 de mayo de ese año por AMC Mining Iberia, filial de Grupo México . Además, en esa sociedad, Minorbis sólo tenía el 1,3% del capital de la sociedad, «por lo que se sospecha que, desde un principio, la finalidad inicial era que Grupo México fuese la única propietaria de Minera Los Frailes».

Además, se indica en el auto que «podría indiciariamente sostenerse que habiendo Minorbis perdido los derechos mineros derivados de la adjudicación del concurso por no haberlos aceptado en plazo y forma, tales derechos estarían ilegítimamente ostentados actualmente por otra sociedad controlada en casi totalidad de su accionariado por una entidad que no participó en el concurso».

Acerca del delito de malversación, vendría determinado por los criterios de selección observados que, de acuerdo con los principales generales de la contratación pública debían ser la designación de la oferta económicamente más ventajosa. «La propuesta económica de Emérita ascendía a 641,5 millones, mientras que la de Minorbis-Grupo México era de 304,6 millones . Y en el apartado de las mejoras socios-laborales, Emérita se comprometía a aportar a cambio de la adjudicación 375 millones en Andalucía para el desarrollo de su tejido industrial, frente a la propuesta de Minorbis-Grupo México, que se refería sólo a mejoras valoradas en 27 millones de euros», indica el auto, que establece la necesidad de interrogar a los investigados sobre las decisiones adoptadas en esta materia-