La trama del reciclaje en Sevilla: tres casos ponen el ecologismo de la izquierda bajo sospecha

En primer lugar saltó el caso del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, cuya planta de reciclaje denominada Matagrande estaba sepultando toneladas de basura sin pasar por la cinta de separación, como se desveló en los vídeos publicados por este periódico. Los responsables de este organismo compuesto por 17 ayuntamientos de la comarca y dirigido desde su fundación por alcaldes socialistas fueron detenidos por la Policía en el marco de una operación en la que se investigaba un posible desvío de fondos a una empresa cuyos dueños eran los propios directores del Consorcio , José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez. Pronto se descubrió que habían contratado a esta sociedad, llamada Magno Ambiental del Levante y con sede en un solar de un pueblo de Alicante, el arrendamiento de los camiones de retirada de la basura por valor de 1,3 millones de euros. En cuanto la Udef hurgó, desveló que los responsables de la planta habían puesto al frente de esta empresa a sus esposas , habían desviado dinero a través de cooperativas olivareras de la zona y lo habían blanqueado comprando fincas en la comarca por un valor muy inferior al de mercado. Mientras tanto, la basura se enterraba en grandes balsas situadas junto a un olivar sin separación previa.

El caso de Estepa parecía aislado, pero en cuanto se tiró del hilo comenzaron a aparecer otros casos similares en distintos puntos de la provincia. El siguiente en conocerse fue el de la planta de tratamiento de electrodomésticos viejos de Aznalcóllar, Recilec, que está participada en un 25 por ciento por la Junta de Andalucía. En esta central de reciclaje de grandes aparatos que se construyó en Aznalcóllar como símbolo de la lucha contra el desastre ecológico de Boliden, se estaban triturando frigoríficos, lavadoras, termos y otros aparatos de este tipo sin retirarles los gases tóxicos ni las espumas. La planta tenía toda la maquinaria necesaria para recupera estos gases y evitar la contaminación que estos generan si se sueltan a la atmósfera , pero no la usaba. El Seprona hizo vigilancias nocturnas durante varias semanas y grabó a los empleados de Recilec destrozando los electrodomésticos con la grúa sin pasar por la llamada línea blanca . El camión llegaba con los residuos, los dejaba en un patio de grandes dimensiones y seguidamente la grúa los destrozaba y reducía a un amasijo. Los gases iban al aire. Pero la planta cobraba la llamada «ecotasa» estatal por haber «reciclado» el producto.

Pero además usaron aparatos de origen extranjero procedentes de Gibraltar , que no están subvencionados en España, sino en sus países de origen, para engordar la factura. La Guardia Civil cifra el fraude en algo más de tres millones de euros durante los años 2017 y 2018, que fue cuando se llevó a cabo. El Gobierno de Susana Díaz lo sabía , según explica el Seprona en su atestado, porque el dueño de la empresa que transportaba los electrodomésticos desde Gibraltar había presentado documentación en la Consejería de Medio Ambiente dando cuenta de ello. Sin embargo, Recilec presentó las facturas del Peñón ante las fundaciones que gestionan la «ecotasa» para cobrar las ayudas sin que la Junta hiciera nada por evitarlo.

En tercer lugar se conoció el caso de la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos , situada en Sanlúcar la Mayor. El juez de instrucción número 1 de este municipio investiga la renovación de la flota de camiones de basura que se llevó a cabo en este organismo a partir del año 2010, un procedimiento por el que se vendían vehículos supuestamente viejos a un desguace sin concurso público y sin certificación de la obsolescencia del camión.

El juez investiga en este caso a ocho personas, entre ellas a varios exalcaldes socialistas de la zona como el de La Puebla del Río Julio Álvarez, que ya fue condenado en 2011 a tres años de prisión y seis meses de inhabilitación por gastar más de 6.000 euros en llamadas telefónicas a una misma mujer desde el móvil del Ayuntamiento. También se investiga al alcalde socialista de Villamanrique , José de la Rosa, y a Rafael Moreno Segura, exalcalde de Huévar , donde otro juzgado de Sanlúcar ha abierto una causa por la supuesta compra de votos del PSOE en las últimas elecciones municipales . Además, están citados los distintos gerentes que ha tenido la Mancomunidad en estos años. Otro magistrado ha iniciado una segunda pieza en este asunto por la contratación para la inspección de la planta de un afín que no tenía formación para ocupar este puesto. Es decir, lo que trata de dilucidarse es la venta de camiones de forma fraudulenta y la contratación de una persona de confianza de los dirigentes para las tareas de inspección.

En definitiva, se han destapado tres casos relacionados con el tratamiento de la basura y del reciclaje en la provincia de Sevilla y los tres tienen dos coincidencias llamativas: los centros bajo sospecha estaban gestionados por el PSOE y se había instalado en ellos una trama para el presunto desvío de fondos públicos. La Justicia tendrá que dilucidar si los hechos son constitutivos de delitos o no, pero las pruebas aportadas por la Policía y el Seprona confirman que, en todo caso, el ecologismo de la izquierda ha sido utilizado como un negocio en el que la corrupción no sólo estaba en los residuos que llegaban a los vertederos, sino en las oficinas.