CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE
El líder del «fraude» en la planta de reciclaje de Estepa defiende la legalidad de los contratos con el Consorcio
El juez, tras varios intentos frustrados por el coronavirus, tomó declaración este viernes a los acusados; la mujer del principal acusado dijo no saber nada de los «negocios» de su marido
Jesús Díaz
Por fin el juez de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa , Francisco José Velasco, que investiga el presunto fraude de la «falsa» planta de reciclaje del Consorcio de Medio Ambient e de la Sierra Sur en Estepa, organismo ... dependiente de la Diputación de Sevilla , puede avanzar en la instrucción de la causa. Tras varios intentos frustrados por el coronavirus, este viernes pudo tomar declaración a los principales protagonistas de esta trama, liderada por el secretario del Consorcio e interventor del Ayuntamiento de Algámitas , José Antonio Mañas, y Manuel Ibáñez, jefe de la planta, ambos socios de la empresa Magno Ambiental del Levante.
Mañas, en una declaración que apenas pasó de los diez minutos y en la que sólo respondió a preguntas de su defensa , defendió la legalidad de los contratos firmados entre el Consorcio y Magno para el alquiler de camiones de recogida de basuras a esta sociedad por parte de la entidad medioambiental, por un elevado precio. En cambio, para los agentes policiales al frente de la investigación, estos contratos son el resultados del entremado empresarial montado por estos acusados, de la que también participan sus mujeres, para realizar «autocontratos» con fondos públicos y enriquecerse de forma ilícita.
El principal acusado insistió en que esos contratos responden al alquiler de los camiones para el servicio de basura que presta el Consorcio en distintos municipios de la Sierra Sur. Además, según han detallado a ABC de Sevilla fuentes del caso, Mañas puso en conocimiento del juez la «irregular» situación que vive actualmente , pues los camiones de Magno siguen prestando el servicio pero la empresa lleva un año sin que se le abone dinero alguno por este arrendamiento .
La representación legal de Mañas ha ofrecido al juez instructor la posibilidad de volver a ser llamado a declarar una vez se resuelva varios recursos pendientes en la causa y la Policía concluya uno de los informes periciales que está elaborando , para «saber a qué se enfrentan» con más exactitud.
En concreto, la defensa del líder de este entramado empresarial, que presuntamente se ha enriquecido de los fondos públicos del Consorcio durante años y que les ha valido para hacerse con hasta 30 fincas entre los dos socios, ha interpuesto un recurso sobre las formas usadas en la entrada y registro en el domicilio de Mañas .
«No sabía nada» de la actuación de su marido
Precisamente, su mujer expresó ayer delante del juez que durante el transcurso de esta actuación policial «no pudieron avisar a su abogado ni realizar una llamada» . Además, el abogado ha presentado otro recurso para aclarar la aportación de protocolos notariales a la causa.
En su turno, la esposa de Mañas, también acusada, ha señalado que ella desconocía los negocios en los que estaba metido su marido , no sabía nada de la actuación de éste. Después ha sido el turno del socio, Manuel Ibáñez, y otros investigados, aunque todos no pasaron ayer por delante del juez.
La investigación, iniciada en el mes de enero como ya desveló en su momento este periódico, permitió conocer la existencia de Magno Ambiental del Levante, una empresa que, a finales de 2018, habría suscrito un contrato de arrendamiento con el Consorcio para la gestión de maquinaria destinada a la recogida de residuos en los distintos municipios que participaban en el mismo. Casualmente, el secretario del Consorcio, José Antonio Mañas, era el administrador único de dicha empresa.
Este contrato se modificó apenas dos meses después, de manera «unilateral y fraudulenta» por Mañas , de tal forma que se alteraba su contenido de manera muy provechosa para la empresa beneficiaria y con «gran perjuicio» para las Administraciones Públicas implicadas.
De hecho, la Fiscalía cree que el Consorcio ha sufrido un perjuicio económico superior al millón de euros por culpa del «concierto previo de los denunciados para obtener un lucro personal de considerable entidad con la reorganización del servicio de recogida de basura».
El entramado montado por Mañas e Ibáñez a través de testaferros y empresas pantallas, con la participación de sus mujeres y familiares, permitió a éstos un sistema de contratación con fondos públicos , como los firmado con el Consorcio de la Sierra Sur, cuyos beneficios habrían pasado al patrimonio particular de los detenidos mediante diversas maniobras propias del blanqueo de capitales, tales como: la simulación de operaciones comerciales inexistentes u operaciones hipotecarias.
Eran juez y parte
Entrando al detalle de las relaciones comerciales entre Magno y el Consorcio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional concluye que en noviembre de 2018 esta planta de reciclaje de la Sierra Sur firmó un contrato con la empresa para arrendarle toda la maquinaria de recogida de residuos. Unos días después, el principal acusado modificó el precio y lo subió a la cantidad de 164.240 euros anuales durante nueve años . Casi un millón y medio de euros. Pero Mañas modificó otra condición: redujo de cuatro a dos los camiones del contrato. D os para 17 pueblos .
En febrero de 2019, el hasta entonces dueño de Magno Ambiental, firmó ante notario la venta de sus participaciones en la empresa a Mañas e Ibáñez. Es decir, el secretario del Consorcio y el jefe de planta, respectivamente, pasaban a ser dueños de la empresa que le alquilaba la maquinaria a dicho organismo . Todo quedaba entre ellos. Un dato esclarecedor aportados por los agentes: si el organismo público hubiese comprado los camiones directamente se habría ahorrado 1.117.737 euros , de manera que la actuación de los implicados «estuvo motivada por el ánimo de lucro personal».
El virus y la tecnología
La instrucción de esta causa, en la que hay doce investigados, se está viendo marcada por el coronavirus. Las medidas adoptadas en los tribunales para garantizar la salud de los profesionales de la Justicia y el público frente al Covid-19 llevaron al juez a suspender las declaraciones de los acusados el pasado mes de septiembre.
Con la cantidad de partes personadas y la inexistencia de una sala de amplias dimensiones en Estepa que permitiera cumplir las distancias mínimas, el instructor no pudo llevar a cabo esta diligencias. Entonces solicitó colaboración al juez decano de Sevilla para contar con una sala en la capital
Así estaba previsto en la mañana de ayer, cuando la sala de vistas número 1 de los juzgados de Intrucción en el Prado de San Sebastián se puso a disposición del juez de Estepa. Desde allí estaba prevista que participaran en las declaraciones dos abogados, pero esta vez falló la tecnología y no se pudo realizar ese seguimiento por videoconferencia. El juez le concedió la oportunidad a estos letrados de preguntar a los acusados más adelante.
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