¿A qué se enfrenta la juez Mercedes Alaya?

¿Qué puede pasar ahora? Todo puede quedarse en una simple advertencia o convertirse en una falta grave que conlleve consecuencias mayores. De momento, están en una primera fase de indagación. Se investigará si es verdad que la magistrada hizo esas declaraciones. Posteriormente se determinará si pueden suponer infracción. Si no hay ningún motivo, se archivará.

Pero, si ocurre lo contrario, y el CGPJ aprecia motivos para actuar, se iniciaría expediente disciplinario para determinar si se cometió una falta leve, grave o muy grave. Según la Ley, si la falta es leve el expediente se envía al TSJA para que sea el Alto Tribunal Andaluz el que decida qué sanción imponerle. Pero, si es grave o muy grave, sería la comisión disciplinaria del CGPJ la que decidiría la sanción.

La Ley estipula que las faltas leves se sancionan con advertencia o multa de hasta 500 euros ; las graves con multa de 501 a 6.000 euros, y las muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera. En una investigación de este tipo se le da traslado de la queja al juez para que alegue lo que estime conveniente y, a veces, se suele tomar declaración al investigado por lo que Alaya incluso podría ser interrogada.

En cualquier caso, las actuaciones han partido de la protesta del Consejo Fiscal cuando decidió remitir su protesta al CGPJ. Fue una decisión tomada por unanimidad en el Consejo Fiscal pero que partió del ex Fiscal General del Estado. Según fuentes del Consejo Fiscal, fue el propio Julián Sánchez Melgar (nombrado por el Gobierno anterior) el que llevó el tema a la reunión. « Dijo que el también era magistrado y que no estaba bien lo que Alaya había dicho» , aseguran. Luego los fiscales, con los que Alaya ha mantenido históricas diferencias desde el inicio de la investigación de los ERE, tomó la decisión por unanimidad y lo envió el acta al CGPJ.

El promotor de la acción del CGPJ es Ricardo Conde Díez , que fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio del ramo con Alberto Ruiz Gallardón y luego con Rafael Catalá.

En cualquier caso, la iniciativa contrasta con la postura del TSJA que únicamente hizo una advertencia a Alaya para que fuera «prudente y moderada» y más respetuosa y lo envió al CGPJ. Igual que los compañeros de la juez en Sevilla;la junta de jueces se limitó a expresar su malestar. Ambas posturas, la del TSJA y los jueces de Sevilla se han remitido igualmente al CGPJ y se unirán a las actuaciones abiertas. Aunque según parece había jueces que preferían «dejar pasar» lo dicho por Alaya, las cosas han cambiado. La pelota está ahora en el tejado del CGPJ.