Antonio Muñoz exigirá la Ley de Capitalidad para Sevilla

Es el magno reconocimiento que pretende reclamar Antonio Muñoz al Gobierno central para Sevilla, si primeramente lo estima el Gobierno autonómico. Un amparo legal que le permita gestionar, con libertad y eficacia, la cuarta ciudad más poblada de España. Reconocida, según el estatuto de autonomía, como capital de Andalucía, pero no por ello dotada de los instrumentos legislativos y económicos necesarios para articular un papel relevante en la región. Es un modo sutil de plantearle a la Junta de Andalucía su 'independencia' en materia de competencias y financiación.

La gran paradoja de la Ley de Capitalidad es que, pese a estar habilitada en las principales comunidades autónomas de España, no se ha llegado —por el momento— a plantear en la de mayor población de todo el territorio nacional. Sevilla quiere lo mismo que ya tienen Madrid, Barcelona, Pamplona, Zaragoza, Palma, Logroño, Santiago y Mérida; además de Valencia, que está en trámites. Este régimen especial permitiría estructurar un órgano de cooperación y colaboración —comisión interadministrativa— entre el Estado, la Junta de Andalucía y la ciudad de Sevilla para dotar a la capital autonómica de un régimen competencial y financiero especial. En resumidas cuentas, que cuando Sevilla adolezca de recursos no tenga que ir 'tocando puertas' y disponga de una línea abierta con las dos administraciones principales.

El Gobierno municipal interpreta que Sevilla —pese a ser la sede del Parlamento, de la Presidencia de la Junta y de su Consejo de Gobierno— no recibe ni de los Presupuestos Generales del Estado ni de los autonómicos el reconocimiento financiero que merece. Y para ello buscan habilitar un tratamiento legal que le asegure una atención especial, gobierne quien gobierne, cuya financiación extraordinaria contribuya a una mejor prestación de sus servicios públicos.

Este propósito vuelve a la palestra una década después del cisma político que produjera en la cúpula del PP Andaluz, con un sonado desencuentro entre Juan Ignacio Zoido y Francisco de la Torre. El por entonces alcalde de Sevilla solicitó a la Junta de Andalucía, siendo su presidente José Antonio Griñán, que se la reconociera como «la capital real de Andalucía» en materia de inversiones, a manos de la administración autonómica y del Gobierno central. Aquella misiva incendió al máximo regidor malagueño, que cargó contra su homólogo por «desestabilizar la autonomía». Propuesta que Juan Espadas, como líder de la oposición sevillana, encontraba «lógica» y Elías Bendodo, como presidente del PP de Málaga, interpretaba como un intento de «discriminación y privilegios».

Calmadas aquellas aguas, la propuesta que va a plantear este jueves Antonio Muñoz en el debate sobre el estado de la ciudad reclama las mismas 'compensaciones' que en su día exigió Zoido. Si bien el alcalde del PP ponía como ejemplo los gastos que suponían para las empresas municipales de transporte (Tussam) y limpieza (Lipasam) algunas protestas que sindicatos regionales celebraban en Sevilla por ser la sede de la Junta de Andalucía, Antonio Muñoz exigirá una financiación específica que corrija ciertos agravios como el hecho de que el reparto presupuestario vaya en función al número de habitantes por municipios, así como que la carencia de un régimen jurídico diferenciado coloque a la ciudad en clara desventaja frente a ciudades con una normativa singular.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla quieren acabar con el mantra de los 700.000 habitantes y hacerle constar a la Administración autonómica que el grueso de su población flotante viene inducido por ejercer las funciones estructurales de capital de Andalucía. El alcalde de Sevilla le va a plantear al presidente regional que su área metropolitana supera el millón y medio de habitantes —cifras que duplican a las censadas—, y que muchos de los vecinos de esos municipios de su alrededor trabajan en la capital y/o acuden a ella para gestionar trámites relacionados con su Administración. Por todo ello entiende Antonio Muñoz que Sevilla debería recibir mayores recursos en materia legislativa, económica y de transportes.

Según expondrán en el Pleno de este jueves, uno de los efectos más claros se produce en materia de transporte: cerca de la mitad de los vehículos que a diario circulan y buscan aparcamiento en Sevilla, proceden del área metropolitana. «Los 850.426 habitantes de la corona metropolitana realizan un uso intensivo en menor o mayor medida de los servicios urbanos de nuestro municipio».

La propuesta del Gobierno municipal incluirá el impulso de «un sistema organizativo singular, un reconocimiento de los costes asociados a la capitalidad, un marco competencial específico con financiación asociada y un modo de canalizar las relaciones entre el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento».

Tal y como ocurre con la tasa turística, el alcalde de Sevilla entiende que ahora es el momento oportuno para exigir la habilitación de esta Ley de Capitalidad. Basado principalmente en el comienzo del nuevo Gobierno andaluz, responsable —junto con el Gobierno central— de su aprobación, por el margen de cuatro años que se plantea sobre el horizonte para su planteamiento, desarrollo y ejecución.

De esta manera busca Sevilla ganar vigor en el panorama nacional y dejar atrás los treinta años de lastre y estereotipos por el desembolso estatal de la Expo 92. Volver a pesar en el debate. Una ciudad cada vez más enfocada a los grandes eventos (finales de fútbol, concierto, premios Goya, Dior...) que quiere una línea abierta para reclamar financiación y medios logísticos, sin la necesidad de permanecer a instancias de los ministerios y consejerías involucrados.

De aprobarse esta Ley de Capitalidad, Sevilla podría postularse para acoger las sedes de nuevas instituciones que se adjudicarán tras la descentralización de Madrid que aprobó recientemente el Ejecutivo. Por ello, se planteará mañana en el debate sobre el estado de la ciudad para alcanzar el consenso y la aprobación de todas las partes del Pleno, lo que le permitiría a Muñoz demostrar vigor ante el presidente andaluz.

Según los primeros datos con los que trabajan en el Consistorio hispalense, la consecución de este régimen especial incrementaría considerablemente las partidas presupuestarias que anualmente se destinan a la capital. Frente a los nueve euros aproximados que Sevilla recibe por habitante censado, capitales como Zaragoza casi triplican sus ingresos.

Una de los principales objetivos de esta financiación será erradicar el endémico problema que afrontan sus servicios sociales, que subsisten en periodos concretos gracias a los programas desarrollados con fondos europeos. Cabe recordar que recientemente, tras extinguirse el trienio del programa Eracis, los centros de servicios sociales de los diferentes barrios de Sevilla han sido prácticamente desmantelados, tras desaparecer unos doscientos profesionales de su plantilla laboral.