Álvaro Martín, presidente de la Audiencia de Sevilla: «Nos hace falta una cifra estratosférica de jueces para lograr resultados»

-La Audiencia Provincial de Sevilla ha estado cuatro años con presidentes en funciones hasta su designación y toma de posesión oficial. ¿Cuál es el mayor reto que afronta en este cargo?

-Tuve tiempo de planteármelo antes de tomar la decisión de presentarme al cargo. Estuve ponderando el reto tremendo que representaba la Audiencia Provincial de Sevilla por los cuatro años que ha estado de interinidad. Nosotros tenemos en el orden penal una dependencia que está vinculada directamente con la existencia de una serie de macro causas con una trascendencia de naturaleza social evidente. Se ha realizado un esfuerzo ímprobo para sacar adelante todos esos procedimientos, pero el procedimiento como tal tiene éxito cuando llega a sentencia con el contenido que tenga que ser, absolutorio o condenatorio. Y solo entonces podrá hablarse de éxito en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Y es claro que nosotros no hemos llegado todavía a ese punto de decirlo con relación a la multitud de causas que tenemos pendiente. Y también es evidente que no se ha conseguido porque no existe ahora mismo una suficiencia de medios humanos y materiales para para afrontarlo. Y esto es una de las cuestiones que hay que abordar.

-¿Cómo calificaría la situación de la Justicia en Sevilla ahora mismo? Si se pudiera poner un adjetivo...

-Considero que tenemos muy buenos recursos humanos y unos recursos materiales que están en vías de ser adaptados y mejorados, si llevamos a buen término la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. Pero desde hace mucho tiempo que tenemos un problema de planta judicial, es decir, de adaptación de nuestra estructura judicial a la carga de trabajo, que es que salta a la vista. En el orden civil, en primera instancia, a los magistrados y a los funcionarios se les está pidiendo un esfuerzo que no es asumible para poder atender en forma y en tiempo al ciudadano. En la jurisdicción social ocurre otro tanto, igual que en el orden penal. Es evidente que por muy bueno que sea el recurso material y recurso humano que tú tengas, si la carga de trabajo que se le impone excede con creces lo que puedas afrontar, la situación no puede ser buena. Tenemos procedimientos en la jurisdicción social que se señalan para 2027. Eso no puede ser bueno. Y que un ciudadano sepa que un procedimiento de primera instancia que va a tardar años en resolverse, eso tampoco puede ser bueno.

-El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía ha criticado recientemente la creación de nuevos juzgados en Cataluña y que se negaran nuevos juzgados a Andalucía. ¿Cuántos juzgados harían falta en Sevilla para eliminar estas demoras de años en muchos juicios?

-Si pusiéramos encima de la mesa lo que es la estadística pura y dura, nos saldría una cifra estratosférica. Y ya no se trata de que la Junta de Andalucía pida 50 órganos judiciales para Andalucía y no se le conceda, es que la situación que tiene sólo Sevilla exigiría ese esfuerzo y más solamente en Sevilla. Quizá también tengamos que plantearnos soluciones alternativas como la mediación pero esto es una cuestión a la que la ciudadanía española nunca ha estado muy apegada. Por tanto, corremos el riesgo de que esos medios alternativos se conviertan sencillamente en un trámite más a cumplimentar antes de acceder al órgano Judicial, lo cual sería un fracaso, porque lo que vamos a hacer es poner otra piedra más en el camino de la Administración de Justicia. Pero si consiguiésemos que eso funcionase y consiguiésemos retirar un poco de litigiosidad de los tribunales, la adaptación de la planta judicial no tendría que ser tan elevada.

-Habla de una cifra estratosférica de adaptación a la carga de trabajo. ¿Cuántos jueces harían falta en Sevilla ahora mismo para que la Justicia funcionara como en el País Vasco o en Cataluña?

-Tengo que decir que yo no tengo conocimiento de como funciona en Cataluña o en la Comunidad vasca porque nunca he estado allí, con lo cual no tengo ese elemento de referencia. Lo que nosotros sí que hemos dicho en la memoria del Tribunal Superior de Justicia y ahí están los datos a disposición del ciudadano, son la cantidad de juzgados que hacen falta en Sevilla y desde luego son más de 50.

- Cuando se habla de financiación singular para Cataluña o de cupos fiscales vascos o catalanes, hay que ser conscientes de que esto acaba traduciéndose en diferencias en la calidad de los servicios públicos y ahí se incluye no sólo la sanidad o la educación sino también la Justicia. Abogados andaluces constatan cuando van a juzgados del País Vasco o Cataluña que en esos territorios no hay ni mucho menos las demoras que se sufren aquí, que allí contratan jueces de refuerzo para evitarlas, mientras que en Andalucía no existen. ¿Estamos creando con estas actuaciones políticas una España con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, entre los que habría que incluir a los andaluces?

-Esto es una reflexión que tienen que hacer los ciudadanos. No es una reflexión que se tenga que hacer necesariamente desde el ámbito judicial, porque nosotros como ciudadanos podemos reflexionar sobre dónde queremos meter nuestro esfuerzo económico, donde queremos realizar la correspondiente gestión. Pero hay algunas cosas que decir. Por mucho que la Comunidad autónoma andaluza quisiera tener más jueces, no puede tenerlos si el Ministerio de Justicia no los autoriza. Si hay algún tipo de discriminación entre una comunidad y otra, creo que es un planteamiento que hay que que hay que trasladar para evitar que se configure Andalucía como una zona de segunda categoría. Yo particularmente no creo ni en Primera y Segunda. Creo que en nuestra nación debemos estar todos por igual. Esa es una primera cuestión, la responsabilidad que tiene que tener el Ministerio de Justicia cuando lleva a cabo la configuración de la planta judicial, es una responsabilidad muy grave y tiene que atender a las necesidades reales de cada territorio. Y a nadie se le escapa que en Andalucía vamos un poquito por detrás de otros territorios. Yo no voy a ponerle nombre a ese territorio, pero de otros territorios. A partir de aquí, luego cada comunidad autónoma tiene que gestionar los recursos, pero los recursos no son infinitos, los recursos son limitados y según la cantidad de recursos que tenga una comunidad autónoma podrá invertir más o menos en cualesquiera clase de servicios públicos. Entonces, si usted establece un sistema en el que un territorio tiene una mayor disponibilidad presupuestaria, pues evidentemente en justicia, en sanidad, en educación, en cualquier servicio público, eso se va a notar.

-¿Qué está pasando para que tantos jueces y profesionales de la Administración de Justicia estén dándose de baja por estrés o ansiedad?

-Está relacionado con la sobrecarga de trabajo, pero nos estamos encontrando también con algo impensable, y es que se estén dando jubilaciones anticipadas de la carrera judicial, que era algo que nunca se veía, ni en Sevilla ni en ninguna parte. Normalmente el magistrado es una persona que disfruta con su trabajo, que es muy vocacional, y que acepta una prórroga en su trabajo, hasta el punto que tenemos la posibilidad llegar hasta los 72 años y es frecuente que haya compañeros que tengan 72 años. Y ahora, sin embargo, nos estamos encontrando con que compañeros a los 65 años están pidiendo una jubilación anticipada. Eso es un indicio de que algo va mal.

-¿Los jueces están quemados?

-Es algo que no me gusta decir porque creo que todos aquellos compañeros que adelantan su jubilación es porque no se sienten a gusto o no se sienten respaldados, no se sienten bien tratados y optan por retirarse.

-Algunos han enfermado.

-Sí, pero como en otras muchas profesiones. Tenemos una tensión, un estrés que puede hacer que haya compañeros que se encuentran en situación de baja.

-¿Eso tampoco lo había visto antes?

-No, no. No era muy frecuente que los jueces tuviesen ese tipo de situaciones. Se ven más incapacidades de lo que era normal hasta ahora y ahora uno se encuentra con más compañeros de baja de lo que hasta la fecha era habitual.

-¿Y esas bajas sobrevenidas se sustituyen?

-Estas bajas de jueces son difíciles de sustituir por la capacitación técnica que se requiere. Una plaza de juez implica un procedimiento de selección que es muy exigente, como todo sabemos y defendemos; y luego implica una formación que a medida que vas entrando en el escalafón, más adelante o cuanto mayor te vas haciendo, requiera mayor experiencia. Y la experiencia no se consigue más que a través de la experiencia. Todo eso son cosas que no se consiguen de la noche a la mañana. Cada vez que tú pierdes un magistrado con 15 años de experiencia, eso es lo que se te ha ido por el sumidero. No es sustituible.

-¿Qué opina de la reforma del acceso a la judicatura que está planteando el Gobierno?

-Mi opinión no es muy favorable a la reforma. Considero que el sistema que tenemos actualmente es perfectible, como todos los sistemas, y que se puede plantear algún tipo de mejora o cambio, pero no alterar radicalmente su filosofía.

-¿Cree que el Gobierno quiere meter mano en el proceso de selección de los jueces?

-Yo no sé si la política quiere meter la mano en el proceso de selección, pero desde luego es una reforma que no parece que abunde en la capacitación técnica. Ni en la capacidad de presentar al juez como una persona totalmente independiente, que por su propio méritos y capacidades, logra esta posición. Yo soy muy consciente de que todos los compañeros que pasan por las oposiciones o por concurso oposición han acreditado una capacidad técnica y que, por tanto, no le deben a nadie. No sé si yo si el sistema que viene de camino propugna esa capacidad para justificar y acreditar esos extremos.

-¿Podemos acabar eligiendo a los jueces por votación popular, como se acaba de aprobar en México? ¿O con un sistema judicial como el de Venezuela, en la que no hay separación de poderes y los controla el Ejecutivo?

-El sistema de votación de los jueces es totalmente ajeno al funcionamiento de la justicia en el ámbito continental. Es una anomalía notable y no creo que vaya a llegarse a ese a ese extremo. Ni creo que la sociedad fuese capaz de asumir ese ese planteamiento. Trasladar la política al campo de la judicatura es mezclar el agua con el aceite. El juez tiene que responder al imperio de la ley. Nosotros somos un poder cuya cuya justificación democrática se fundamenta en que lo que nosotros hacemos es aplicar la ley. Y la ley tiene una emanación eminentemente democrática. Eso es lo que justifica que nosotros no tengamos por qué responder a criterios de elección políticos y sí que tengamos que responder a criterios de elección técnica, porque luego la justificación de nuestra labor, de nuestra función jurisdiccional, viene porque aplicamos una norma que emana de un sistema democrático.

-En su discurso de toma de posesión habló de la necesaria neutralidad política de los jueces pero afeó lo que denominó abstención social. ¿Es un sí pero no para los profesionales?

-No, no es un sí pero no. Nosotros jugamos en un campo en el que vamos a defender los valores de la Constitución y esos valores no están sujetos a ningún tipo de almoneda política. Entonces ese es nuestro compromiso social. Lo que sucede es que nosotros defendemos esos valores con independencia de quien quiera ponerlos en cuestión.

-¿Qué provoca más desafección social hacia la Justicia: la crítica a los jueces que realizan determinados políticos o las actitudes de ciertos cargos como el fiscal general del Estado?

-Las dos cosas son muy dañinas. Yo parto de la idea de que las resoluciones judiciales están sujetas a crítica por definición, pero la crítica de cualquier ciudadano y de cualquier cargo político. Lo que sucede es que cuando uno ocupa una posición institucional tiene que tener cuidado porque tú encarnas esa institución y cuando tú realizas una crítica parece que la crítica no proviene de ti como ciudadano, sino de ti como como institución. Cada uno de nosotros tiene que saber dónde se encuentra y qué es lo que representa. Por otra parte, yo no soy el fiscal general del Estado pero yo no lo sería si estuviese en las condiciones en las que se encuentra.

-¿Hubiera dimitido hace mucho?

-Sin lugar a dudas.

-Esta es otra de las cosas que nunca había pasado en España.

-Como decía el Rey Lear, estamos en que lo malo solamente dura el tiempo de decir que esto es todavía peor.