Ucrania inicia la salida del tratado contra las minas antipersona en plena ofensiva rusa

La Convención sobre la prohibición de minas antipersona restringe el almacenamiento, producción y transferencia de estos explosivos por parte de los estados firmantes. El Gobierno de Kiev se adhirió legalmente al acuerdo internacional en 2006, ratificando así su compromiso de no usar ni almacenar este tipo de minas.

Rusia nunca ha ratificado el texto de la convención. Human Rights Watch documentó el uso por parte de las fuerzas de Moscú de hasta 13 diferentes tipos de minas prohibidas en el frente Ucrania. El Monitor de Minas de la ONU realizó también una investigación sobre el empleo de estos artefactos por parte del Ejército ucraniano en 2022.

El diputado ucraniano Roman Kostenko fue el primero en informar sobre la decisión de Zelenski y horas después el texto apareció en el sitio web de la Oficina Presidencial.

El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania propuso la retirada del Tratado de Ottawa este mismo domingo. Kostenko arguye que «este es un paso que las realidades de la guerra exigen desde hace tiempo. Rusia no es parte de esta Convención y está utilizando minas a gran escala contra nuestros militares y civiles».

Las minas antipersona son explosivos que se activan a través del contacto o proximidad. Tienen una clara función defensiva, pero su uso es polémico debido a las amplias consecuencias que genera en la población civil, especialmente en los niños.

Más de 160 estados firmaron el Tratado de Ottawa para restringir su uso. Sin embargo, países como Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán o Corea del Norte no son parte de la Convención. Desde 1999 se ha registrado 130.000 personas heridas por estos artefactos.

En 2023, las víctimas civiles representaron el 84%, con 1.498 niños, equivalentes al 37% de todos los civiles afectados, según el informe anual de Landmine Monitor.

La principal función militar de este tipo de explosivos es dañar al soldado, aunque no logre matarlo, provocando así un mayor gasto de recursos al enemigo, según la lógica militar. Muchas de las lesiones que provocan son amputaciones en brazos o piernas, ceguera o hemorragias internas. En las zonas de combate se emplean para proteger posiciones, frenar los avances enemigos u obligarlo a ejecutar cambios de rutas. Ucrania es a día de hoy el país más minado del mundo, se calcula que entre el 30% y el 33% de su territorio está contaminado con minas antipersona y municiones sin detonar.

En noviembre de 2024, el anterior presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el envío de minas antipersona a Ucrania para tratar de contener los avances rusos. Esta decisión no estuvo exenta de polémica debido a toda la problemática asociada a su empleo.

A día de hoy la situación en las líneas de combate sigue siendo complicada para los defensores, especialmente en el frente oriental. El Kremlin se encuentra ejecutando su ofensiva de verano, inciada durante las negociaciones de paz, casi fallidas, lanzadas por incoativa de la Administración Trump.

Por su parte, Ucrania sigue sufriendo déficit de tropas y se prepara para un eventual recorte del apoyo militar estadounidense. La presión de los invasores se acumula en la región de Donetsk, concretamente en el área cercana a las estratégicas localidades de Pokrovsk y Konstantinivka, ambas claves para la logística de las tropas de Zelenski. Uno de los principales objetivos de Putin ocupar toda esta provincia, parcialmente controlada por los separatistas apoyados por Moscú.

La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, un tratado ratificado por más de treinta países con el objetivo de bloquear la adquisición, producción, almacenamiento y uso de este tipo de armamento, se encuentra actualmente en peligro a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania.

Otros países de la zona como Polonia, Letonia, Estonia o Finlandia gestionan también su salida de esta convención para garantizar así la seguridad de sus fronteras ante una posible agresión. Estos países, que comparten frontera con Rusia y forman parte de la OTAN, insisten en que la convención limita sus posibilidades de defensa en un momento de gran inestabilidad geopolítica.

El también llamado Tratado de Ottawa se remonta a 1997, aunque su entrada en vigor no tuvo lugar hasta 1999, pocos años después de la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. En la actualidad, son más de 160 los países que han suscrito el pacto, que no pone coto a la utilización de minas anticarro --cuyo uso se encuentra regulado por otros tratados internacionales--.

A los países del bloque comunitario se suman, como firmantes, la mayoría de los países de África y Asia, si bien grandes potencias como Rusia, China, India, Estados Unidos o Israel se mantienen al margen, una decisión que ha sido criticada en numerosas ocasiones por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

Más de medio centenar de países se encuentran plagados de estas minas, con Ucrania al frente de la lista como el país más minado. Desde Amnistía Internacional, recuerdan que estas minas son artefactos explosivos que explosionan de forma «indiscriminada» e «imprecisa» y que son diseñados para detonar cuando alguien se acerca a ellos. «El Derecho Internacional prohíbe tanto el uso de armas indiscriminadas como los ataques indiscriminados que ponen en peligro la vida de civiles. Estos ataques perpetrados de forma deliberada constituyen crímenes de guerra», aseguran.