La UE retendrá 210.000 millones de Rusia como baza para negociar con Putin

El acuerdo al que llegaron 26 de los 27 miembros de la UE prevé proporcionar ayuda militar y garantías de seguridad para Ucrania en función de las «competencias y capacidades» de cada país, sin fijar una cifra concreta, aunque el presidente del Consejo Antonio Costa aseguró al término de la reunión que el dinero necesario para los compromisos de este año 2025 ya está comprometido. La semana que viene se ha convocado otra reunión de líderes europeos y de otros países, especialmente el Reino Unido, para estudiar las posibilidades de definir las garantías de seguridad para Ucrania cuando acabe la guerra.

Independientemente de la posición de Hungría, el resto de países han decidido que van a mantener en sus manos mientras dure la guerra los activos rusos confiscados, unos 210.000 millones de dólares pertenecientes al Banco Central de Rusia, que están bloqueados como parte de las sanciones contra la dictadura de Vladímir Putin por su invasión de Ucrania.

Este dinero se encuentra depositados en Euroclear, cuya sede está precisamente en Bruselas. Algunos países se habían pronunciado a favor de incautarse plenamente de toda esa fortuna, pero Bélgica insistió en que eso sería «una declaración de guerra» y temía además las consecuencias jurídicas de dicho movimiento. El primer ministro belga, Bart de Wever, recordó en la reunión que esa suma equivale a la mitad del PIB de su país,

Por ahora, la UE utiliza los dividendos de ese dinero para financiar a Ucrania. Otras delegaciones también llamaron la atención sobre el hecho de que ese dinero puede ser una baza en las negociaciones para el eventual fin de la guerra. Es más, la cuestión de los activos rusos podría convertirse en la llave para una inclusión de la Unión Europea en el proceso de negociaciones que ha iniciado el presidente norteamericano, Donald Trump, por ahora sin previsión de contar con la opinión de los europeos.

En este sentido, los 26 países que suscribieron la declaración afirmaron acoger con satisfacción la declaración conjunta entre Estados Unidos y Ucrania después de la reunión en Arabia Saudí el pasado día 11, en el que se menciona la posibilidad de un alto el fuego humanitario y la reanudación del apoyo norteamericano en el campo de la información estratégica.

Además, apelaron a Rusia a «mostrar un deseo genuino de poner fin a la guerra» y no mencionaron las gestiones que ha llevado a cabo la Administración Trump directamente con Rusia.

El texto acordado señala que «de conformidad con la legislación de la UE, los activos de Rusia deben permanecer congelados hasta que Rusia ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania y la compense por los daños causados». Los líderes añaden que están dispuestos a «aumentar la presión sobre Rusia, incluso mediante nuevas sanciones y el fortalecimiento de las medidas existentes, incluyendo nuevos medios y medidas para contrarrestar su elusión, con el fin de debilitar su capacidad de continuar su guerra de agresión». Por ahora, la posibilidad de extender las sanciones podría encontrarse con el rechazo por parte del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que ya se ha desmarcado de estas mismas conclusiones. Y las sanciones requieren la unanimidad para ser aprobadas desde el punto de vista jurídico.

El propio Volodímir Zelenski había alentado a los líderes europeos para que mantuvieran las sanciones económicas a Rusia «hasta el comienzo de su retirada» del territorio que han invadido. «A pesar de las declaraciones de Putin de que está dispuesto a poner fin a los ataques, nada ha cambiado», afirmó apoyado en la realidad sobre el terreno.

En la madrugada del miércoles al jueves, horas después de la conversación telefónica entre Zelenski y Trump, Rusia lanzó un «ataque masivo con 171 drones en total» contra «nuestra infraestructura», que se supone que era algo que Moscú se había comprometido a evitar según anunció la Casa Blanca. «Es esencial que su apoyo a Ucrania no disminuya, sino que continúe y aumente», dijo refiriéndose a la ayuda militar, algo que «es particularmente cierto en el caso de la defensa aérea».

Tal como pedían tanto Pedro Sánchez como la italiana Giorgia Meloni, la presidenta Von der Leyen ha accedido a olvidar el nombre de «rearme» a cambio del de plan de «Preparación 2030». Pero el plan sigue teniendo como objetivo aumentar el poder de los sistemas de defensa de los países y el de la industria militar europea. Cada país deberá elegir el camino que más le interese para lograr el objetivo de reforzarse, si prefiere a base de aumentar el déficit público, con la cláusula de escape, o de otro modo usando los créditos (SAFE) que gestionará la Comisión.

Si usa su propio presupuesto puede comprar donde más le convenga, si se financia con créditos europeos tendrá que tener una mayoría europea o estar dentro de la propia UE, o incluso si se trata de industrias ucranianas. El texto final afirma que los países deben actuar lo más rápidamente posible «a la hora de cumplir los objetivos señalados» y alienta a la Comisión y al Parlamento a que den los pasos legales necesarios para poner en marcha el plan de rearme, que no se define como tal sino como «preparación para la defensa». Para contentar tanto a Roma como a Madrid, se especifica con una formulación alambicada que la aplicación de los mecanismos previstos como la cláusula de escape «se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros». Pero, al mismo tiempo, ha de «tener en cuenta y tiene en cuenta los intereses de seguridad y defensa de todos los Estados miembros, de conformidad con los Tratados».