Tatuajes y mensajes en redes: EE.UU. usa un sistema de puntos secreto para deportar venezolanos a El Salvador

Según documentos presentados ante el tribunal del Distrito de Columbia, a los que ha tenido acceso ABC, este sistema clasifica a los inmigrantes en función de una lista de criterios que incluyen antecedentes penales, vínculos con otros presuntos miembros del grupo, símbolos como tatuajes o publicaciones en redes sociales, e incluso simples asociaciones personales o familiares.

Al alcanzar apenas ocho puntos en un formulario interno, la Administración Trump considera que puede expulsar a inmigrantes, con o sin papeles en regla, sin necesidad de presentar cargos ni esperar el fallo de un juez. No se les devuelve a su país de origen, sino que son enviados directamente a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, bajo un acuerdo cuyos términos no han sido revelados. Con el último vuelo registrado el domingo, ya son cerca de 300 los venezolanos trasladados al penal CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), donde permanecerán detenidos al menos un año, sin proceso judicial ni contacto con sus abogados o familiares.

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Javier Ansorena

La Casa Blanca ha defendido públicamente las deportaciones. En un breve intercambio con periodistas en la sede presidencial el lunes, la portavoz Karoline Leavitt declaró: «Se trata de delincuentes convictos, asesinos y violadores que ya no están en nuestro país, y creo que todos deberíamos estar muy agradecidos por ello». Añadió que, según el Departamento de Seguridad Nacional, estas personas han sido identificadas como miembros de «una pandilla violenta» mediante «una serie de criterios» aplicados por agentes federales que, en sus palabras, «arriesgan sus vidas para proteger las nuestras».

Preguntada por los documentos judiciales que cuestionan esos criterios, respondió: «¿Están ustedes cuestionando la credibilidad de estos agentes? Ellos finalmente tienen un presidente que les permite hacer su trabajo, y que Dios los bendiga por ello». Leavitt aseguró que las deportaciones forman parte de una campaña anunciada por el presidente contra «terroristas extranjeros y criminales ilegales que han sembrado el caos en nuestras comunidades». «Qué vergüenza para ustedes y para los medios que intentan encubrir a estas personas», añadió.

Sin embargo, los casos presentados ante el tribunal federal muestran una realidad distinta. La mayoría de los venezolanos expulsados no tienen antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en su país de origen, y varios de ellos estaban tramitando solicitudes de asilo con fechas de audiencia ya fijadas. Según los abogados, estas afirmaciones oficiales no se corresponden con los hechos documentados en los expedientes judiciales y sirven para justificar expulsiones realizadas sin garantías procesales ni revisión judicial independiente.

Uno de los casos incluidos en una demanda colectiva es el de Andry José Hernández Romero, un ciudadano venezolano de 30 años, perseguido en su país por motivos políticos y por su orientación sexual, pues es gay. Trabajaba como maquillador en un canal oficialista, donde fue presionado para apoyar al régimen de Nicolás Maduro. Al negarse, fue agredido por sus superiores y acosado por colectivos armados. Salió de Venezuela en mayo de 2024 y se entregó en el puerto de entrada de San Ysidro (California), tras pedir una cita en la aplicación móvil gubernamental.

A pesar de haber superado la entrevista en que probó ser perseguido y de haber presentado una solicitud de asilo con respaldo documental, fue detenido recientemente y luego trasladado sin explicación a Texas, donde Extranjería lo calificó como sospechoso de pertenecer al Tren de Aragua únicamente por llevar tatuajes de coronas en las muñecas, asociados —según las autoridades— con esa pandilla. Son dos coronas en cada muñeca, con las palabras «mamá» y «papá». Su abogada, Paulina Reyes, nunca fue notificada de su traslado ni de su expulsión. Supo que había sido deportado solo cuando, días después, un funcionario reconoció que había sido enviado a El Salvador bajo la Ley de Extranjeros Enemigos. Desde entonces, no ha vuelto a tener contacto con él.

Cada elemento de la lista oficial del Departamento de Seguridad Nacional, incluida en el sumario judicial, suma una cantidad determinada de puntos, y aquellos que alcanzan un umbral mínimo pueden ser identificados como «enemigos extranjeros», lo que permite su expulsión inmediata del país sin derecho a audiencia ni revisión judicial. Esta herramienta, formalizada bajo el nombre de «Guía de Validación de Enemigos Extranjeros», marca un cambio significativo en la manera en que el Ejecutivo identifica y deporta a personas acusadas de tener vínculos con pandillas, aplicando por primera vez esta ley histórica fuera del contexto de una guerra entre Estados.

Según el formulario oficial de validación, basta con acumular los ocho puntos para ser clasificado como miembro del Tren de Aragua y, por tanto, sujeto a deportación inmediata bajo la Ley de Extranjeros Enemigos. Esos puntos pueden derivarse de elementos indirectos, como tener ciertos tatuajes (4 puntos), aparecer en redes sociales mostrando símbolos del grupo (2 puntos) y usar gestos o ropa asociados con la pandilla (hasta 2 puntos adicionales).

De este modo, una persona que reúna solo estos indicios visuales ya supera el umbral necesario para ser considerada «enemigo extranjero». Aunque el formulario indica que deben consultarse supervisores si todos los puntos provienen únicamente de categorías simbólicas o de asociación, en la práctica esos factores son suficientes para proceder con la expulsión, según muestran los documentos judiciales. Además, basta con que uno de los elementos registrados haya ocurrido en los últimos cinco años para que la validación sea aprobada.

Esto puede llevar a equívocos, como alegan los abogados. Por ejemplo, en el caso de Mervin José Yamarte Fernández, un ciudadano venezolano que fue detenido por las autoridades migratorias en Texas y deportado días después a El Salvador, donde fue recluido en el penal de máxima seguridad construido por el gobierno de Bukele. Su hermana lo reconoció en un vídeo oficial difundido por las autoridades salvadoreñas, en el que aparece esposado y con la cabeza rapada junto a más de 200 venezolanos trasladados bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua.

Según su familia, Yamarte Fernández no tiene antecedentes penales ni vínculos con pandillas. Tenía un caso de asilo abierto con una audiencia programada para julio, y su familia asegura que había decidido abandonar voluntariamente Estados Unidos a finales de año. Fue deportado sin orden judicial ni notificación a su abogada. Su detención se justificó, al parecer, por tener tatuajes -entre ellos el número 99, que usaba como futbolista amateur-, aunque su hermana insiste en que ni siquiera tiene tatuajes, por razones religiosas. «Mi hermano no debería estar preso en El Salvador, y mucho menos en una cárcel donde encierran a pandilleros de la Mara Salvatrucha», declaró a ABC su hermana Jare.

Su caso, incluido en la demanda colectiva, ilustra cómo el sistema de puntos ha sido aplicado a personas sin historial delictivo conocido, basándose en criterios como tatuajes, ropa o supuestas asociaciones, sin ofrecerles acceso a un proceso legal ni posibilidad de defensa.