Terremoto político tras la detención por corrupción del presidente de la región de Liguria, un exdelfín de Berlusconi

Es muy relevante la supuesta implicación de la actividad del puerto -el primero de Italia y uno de los principales del Mediterráneo y de Europa-, por lo que representa para Génova y el país transalpino: la capital de Liguria, con 583.600 habitantes, representa menos de una centésima parte de la población italiana y el puerto mueve el 50% de las mercancías.

Entre los detenidos están Paolo Emilio Signorini, expresidente de la autoridad portuaria que gestiona el puerto de Génova y director general del grupo Iren, una de las empresas multiservicios más importantes de Italia, y el empresario portuario Aldo Spinelli, muy conocido en Italia por ser el expresidente del Génova y del Livorno, acusado de ser el presunto gran corruptor del sistema político de Giovanni Toti. El presidente regional habría recibido sumas de dinero para su campaña electoral, que aspira a un tercer mandato, y otros favores.

La investigación de la Fiscalía, iniciada hace casi dos años, se centra en torno a la hipótesis de corrupción electoral e intercambios de favores, en un supuesto contexto de ilegalidad destinado, entre otras cosas, a favorecer los intereses de un clan mafioso originario de Caltanissetta, en Sicilia, pero con sucursales también en Génova y Lombardía. Según la Fiscalía de Génova y la jueza de instrucción Paola Faggioni, el presidente de Liguria, Giovanni Toti, habría montado una trama «presionado por la necesidad de recaudar fondos para la campaña electoral, poniendo a disposición de intereses privados su función y facultades, a cambio de financiamiento, reiterando el mecanismo con diversos empresarios».

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Además de Liguria, en las últimas semanas se han puesto de relieve casos de corrupción en algunas regiones como Apulia, Piamonte y Sicilia, lo que afecta a las clases dominantes locales de manera transversal, a la derecha y la izquierda. Según el 'Corriere della Sera', el problema no es solo de la selección de la clase política, sino también del modelo de administración de los asuntos público. «Reaparece -según el mencionado periódico- una zona gris, casi en la frontera entre clientelismo y malversación, no siempre fácil de encasillar desde el punto de vista judicial; pero lo suficiente como para arrojar una sombra opaca incluso sobre las campañas electorales en curso».