Suecia lanza al ejército contra las bandas del crimen organizado ante la oleada de asesinatos

El miércoles por la noche, poco después de las siete, un joven fue asesinado a tiros en un barrio residencial de Estocolmo, cerca de una instalación deportiva donde se realizaba un entrenamiento deportivo infantil. «Personas inocentes sin ningún vínculo con el crimen organizado, incluidos varios niños que llegaban a su entrenamiento, debieron presenciar una vez más un tiroteo despiadado en el cual un hombre fue abatido», lamentó Kristersson en TV4, «niños con uniformes de fútbol llorando y sus padres aterrados. Mis pensamientos están con todos esos niños, sus madres y sus padres. Esos asesinos temerarios no dejarán de dispararse entre sí y contra otros hasta que los detengamos».

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Sólo unas horas después, una mujer de 25 años murió en una explosión en la ciudad universitaria de Uppsala, en la que cinco edificios resultaron afectados. Según información de la emisora sueca SVT, los dos incidentes fatales fueron ordenados como venganzas por otros crímenes por el jefe de la banda Foxtrot, en el epicentro de la última ola de violencia. La tercera víctima mortal cayó en un tiroteo en el que otras tres personas resultaron heridas de bala. «El crimen ha alcanzado niveles sin precedentes», reconoce la representante de la policía, Catarina Bowall, «la situación en Uppsala y en el resto del país es muy grave». «Estamos ante acontecimientos profundamente trágicos. Entiendo que la gente sienta rabia, miedo y tristeza por dónde estamos», ha dicho también el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer, «las últimas 24 horas están más allá del peor escenario imaginable en una sociedad abierta, libre y decente».

La drástica decisión de Kristersson de implicar al ejército en la lucha contra las bandas del crimen organizado, que se disputan entre sí la hegemonía delictiva en diferentes áreas de Estocolmo, cuenta con el apoyo de la oposición. Magdalena Andersson, ex primera ministra de Suecia y actual líder de la oposición socialdemócrata, se ha manifestado de acuerdo con la iniciativa. Ahora, el gobierno debe «mirar más allá del acuerdo de coalición y empezar a actuar con decisión», ha establecido Andersson su disposición a una decisión acordada con su partido para que la policía pueda pedir la ayuda de las fuerzas armadas.

«Las tareas que actualmente realiza la policía podrían ser realizadas por los militares. El ejército también tiene experiencia técnica que podría ser útil», ha señalado en declaraciones a Aftonbladet. Cuando se planteó la cuestión durante el anterior gobierno socialdemócrata, en 2018, el entonces primer ministro Stefan Löfven no descartó la opción. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por Morgan Johansson, el entonces ministro de Justicia, quien argumentó que «la policía tiene una experiencia única en el tratamiento de los delitos de pandillas que los militares no tienen». Ardalan Shekarabi, portavoz legal del partido, sugiere ahora por su parte que la policía podría quedar relevada de algunas de sus responsabilidades.

En la actualidad, el ejército ya está ayudando a la policía con ciertos trabajos de transporte y Shekarabi ha indicado que esta colaboración podría ampliarse, para incluir que el ejército se haga cargo de la seguridad de los edificios de importancia para Suecia, una función que actualmente desempeña la policía y en la que se por momentos desbordada, debido a la creciente amenaza terrorista en Suecia. Shekarabi cree que los cambios legales necesarios podrían implementarse muy rápidamente, como sucedió durante la pandemia, cuando los partidos acordaron conjunta y rápidamente los cambios legislativos necesarios.

Cuando se le pregunta si su partido, que estuvo en el poder durante ocho años antes del actual gobierno, tenía alguna responsabilidad por la actual ola de violencia, Shekarabi admite que «creo que nosotros, como todos los demás partidos y actores sociales, debemos emprender una autorreflexión dada la situación en la que nos encontramos hoy» y reconoce que los socialdemócratas no invirtieron suficiente energía y recursos para detener nuevos reclutamientos por parte de las bandas, que se nutres de jóvenes y cada vez más a menudo menores de edad de entre la población con trasfondo migratorio.