El régimen de Maduro detiene a una activista hispanovenezolana por presunta conspiración

«El Ministerio Público informa de la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco», publicó Saab en su cuenta oficial de la red X en la tarde de este domingo.

Noticia Relacionada

El expolio de Hugo Chávez: 56.000 millones de dólares dilapidados de fondos secretos

Ludmila Vinogradoff

El fallecido presidente, durante su mandato entre 1999 y 2013, amasó una fortuna procedente de fondos con dinero público que sólo él controlaba y que se nutrían con los ingresos del petróleo. Hoy pasa por ser el mayor corrupto de la historia de Venezuela

Saab señaló que el objetivo de esta trama era atentar contra la vida de Maduro y otros altos funcionarios, «así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (Táchira) y otras entidades del país». La presunta conspiración anunciada por la fiscalía fue incluso discutida en la Asamblea Nacional (AN) el 25 de enero de 2020. Defensores de derechos humanos, como la ONG Provea, han advertido que se trata de otra de las medidas de amenaza, persecución y hostigamiento que busca limitar el trabajo de la sociedad civil.

No obstante, el fiscal Saab señala en su cuenta de X que las investigaciones continúan «recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país». El fiscal chavista no dio detalles del lugar de reclusión donde se encuentra detenida la abogada San Miguel con su hija. Tampoco del proceso que se le sigue visto que la justicia chavista se salta los procedimientos legales y lapsos establecidos con los detenidos y encarcelados políticos y presos comunes.

Ante los acosos permanentes por parte del régimen, San Miguel ha solicitado una medida cautelar de protección dictada por la Corte Interamericana de DD.HH., que el régimen no respeta. Diversas organizaciones nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, exigen conocer su paradero y su situación actual. La directora de la ONG Control Ciudadano se especializa en temas militares. Ha denunciado la militarización del régimen y las compras de armamento de Rusia y China.