Pedro Sánchez pone el comercio de España y EE.UU. en riesgo por su veto a buques que van a Israel

El caso afecta a dos buques operados por la naviera danesa Maersk, el Denver y el Seletar, con bandera estadounidense, que en noviembre fueron desviados a los puertos de Tánger y Lisboa tras serles denegada la entrada en Algeciras. Maersk expresó su indignación, asegurando que la carga cumplía «plenamente con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales».

La Comisión Marítima Federal, una agencia oficial del gobierno federal de EE.UU. encargada de regular el transporte marítimo ha abierto un proceso sancionador que puede llevar a multas de hasta 2,3 millones de dólares por viaje y la prohibición de entrada a puertos estadounidenses para buques españoles. Si se aplican las sanciones máximas, el comercio bilateral, que suma 70.000 millones de euros anuales, se hundiría.

Según Louis E. Sola, comisionado nombrado por Donald Trump y confirmado posteriormente por Joe Biden, «las acciones unilaterales de España contra buques con bandera estadounidense plantean serias dudas sobre los principios de no discriminación en el comercio marítimo». «Podrían amenazar la integridad operativa de las cadenas de suministro críticas que sostienen la industria marítima estadounidense, valorada en 5 billones de dólares».

Un grupo de diputadas muy críticas con la Casa Blanca por el apoyo a Israel han protestado ante la Comisión, alegando que sus investigaciones a España «son un insulto temerario a nuestros aliados en España, que solo han buscado aplicar de buena fe sus políticas nacionales soberanas y cumplir con el derecho internacional, incluidas sus obligaciones para prevenir un genocidio».

Firman la misiva las diputadas demócratas Rashida Tlaib, Cori Bush y Summer L. Lee. Las tres forman parte de la izquierda socialista demócrata y han sido activas en oponerse al apoyo de Biden a Israel en plena campaña electoral. En la carta, defienden que «España está plenamente en su derecho de tomar decisiones humanitarias de este tipo sin interferencias, sanciones ni castigos económicos de su aliado».

Las autoridades españolas adoptaron esta decisión a pesar de que los dos buques afectados de Maersk forman parte de una flota de 60 embarcaciones inscritas en el Programa de Seguridad Marítima, que garantiza que EE.UU. mantenga una flota comercial viable y militarmente útil, disponible para emergencias nacionales, conflictos armados u otras necesidades de seguridad.

El Gobierno de España tiene conocimiento de la lista de estos 60 buques, que son proveedores del Departamento de Defensa de EE.UU.; tienen acceso a redes logísticas globales para apoyar operaciones militares y participan en suministros humanitarios. Estas embarcaciones, propiedad de empresas privadas, reciben subsidios del Gobierno estadounidense a cambio de estar disponibles para misiones oficiales.

Izquierda Unida instigó esta crisis al denunciar que barcos de la naviera Sealift hicieron escala en España antes de llegar a Israel con armamento. Posteriormente, propusieron un nuevo protocolo en el Congreso que, de aprobarse, permitiría que barcos con carga militar hagan escala en España, pero obligaría a las autoridades a inspeccionarlos y confiscar cualquier equipo militar con destino a Israel. Según el protocolo, España informaría sobre estos barcos a la Corte Penal Internacional, donde Israel se enfrenta a acusaciones de genocidio y crímenes de guerra.

En respuesta, tras una información del diario digital 'The Intercept' sobre el uso de bases españolas para enviar armamento, el Pentágono destacó que esos barcos también se emplean para entregar ayuda humanitaria a Gaza. Tom Crosson, portavoz del Departamento de Defensa, declaró: «El gobierno de EE.UU. coordina con aliados y socios a lo largo del proceso de transporte y cumple con los requisitos a nivel global. Las Fuerzas Armadas de EE.UU., cuando se les ordena, tienen la responsabilidad y capacidad de entregar tanto ayuda humanitaria a quienes la necesitan como municiones para apoyar la defensa de nuestros aliados y socios».

El Departamento de Defensa niega que se emplee Algeciras como una ruta habitual para el envío de armas.