Marine Le Pen denuncia un «golpe de Estado judicial»: «Es una decisión política»

Horas después de conocerse su condena, denunció un «golpe de Estado judicial» para «impedir» que presente su candidatura a la presidenta de la República.

En unas declaraciones a TF1, primera cadena de televisión, a primera hora de la noche del lunes Le Pen ha lanzado la gran campaña personal contra su condena y ha anunciado una batalla excepcionalmente dura contra las instituciones judiciales del Estado: «Esa sentencia es una violación de todos los fundamentos del Estado de derecho, por razones políticas».

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A juicio de Le Pen, el «golpe de Estado judicial» contra ella es una amenaza también a todo el sistema político nacional por esta razón: «¿Qué legitimidad tendrá el próximo presidente de la República tras mi eliminación política? Los jueces han tomado una decisión política, violando los principios básicos del funcionamiento democrático».

Le Pen presentará «muy rápidamente» un recurso de suspensión de la sentencia, que desencadenará una batalla jurídica de grandes e imprevisibles proporciones. La presidenta del primer partido de Francia rechaza y denuncia una sentencia que castiga su comportamiento y el de su partido contra los presupuestos del Parlamento Europeo.

Le Pen estima que la Francia de Emmanuel Macron «recurre a prácticas propias de los regímenes autoritarios, algo escandaloso. «Millones de franceses han sido privados de la candidata que ellos apoyan y defienden, algo propio de regímenes sin democracia», ha añadido.

Se trata de una batalla y guerra política con muchas dimensiones internacionales, como demuestran las reacciones de Vladímir Putin, Viktor Orbán y Elon Musk saliendo en defensa de Le Pen, denunciando un conflicto político de alcance continental: la Europa de las extremas derechas apoyada por los más altos representantes del conservadurismo autoritario.

Las reacciones estrictamente nacionales confirman, por su parte, que, en verdad, la sentencia contra Le Pen también tiene una dimensión «sistémica» contra la crisis política de fondo donde Francia está empantanada desde las elecciones anticipadas del año pasado, cuando Agrupación Nacional (AN) se convirtió en el primer partido parlamentario.

François Bayrou, primer ministro de un Gobierno en cuarentena bajo la presidencia sin poder de Emmanuel Macron, ha reaccionado de este modo a la condena judicial de Le Pen: «No tengo nada que decir en el plano jurídico. En el plano político me siento trastornado por sus posibles y temibles consecuencias».

PS, PCF, La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda), fuerzas minoritarias, apoyan la sentencia. La derecha tradicional y los centristas próximos a Macron también. Sin embargo, los amigos políticos de Le Pen reaccionan en tromba.

Jordan Bardella, posible sucesor de la fundadora de AN, declara: «Vivimos un escándalo democrático. Debemos lanzar una respuesta firme, la movilización popular y pacífica contra una sentencia injusta, escandalosa. Los jueces han dictado una sentencia política, con el fin de impedir que Marine Le Pen llegue al Elíseo, la jefatura del Estado. No estamos ante un Gobierno de jueces. Estamos ante la tiranía de los jueces, intentando privar de su palabra al pueblo francés…».

La declaración va mucho más allá de la mera «diferencia» política o judicial. Se trata de una ofensiva dura y brutal contra el poder judicial, uno de los pilares del sistema democrático. En esa misma línea, Frédéric Falco, diputado de derecha radical, agrega: «La democracia está amenazada. Estamos ante un golpe de Estado institucional».

Consciente de la gravedad de la ofensiva ultra y populista contra el Estado y la judicatura, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), que es la institución consagrada a la defensa e independencia del modelo judicial, ha reaccionado a las críticas de la sentencia de este modo: «Las amenazas directas contra los magistrados y las denuncias ultra sobre lo bien fundado de la condena no pueden ser aceptadas en una sociedad democrática».

A través de sus abogados, Le Pen, por su parte, ha anunciado la presentación de un recurso contra la sentencia. La fundadora de AN espera que esa medida le permita ser candidata a la jefatura del Estado en las próximas elecciones presidenciales, el 2027, si no se convocan con anticipación.

El recurso es una batalla política de fondo, difícil de ganar pero muy «útil» como «banderín de enganche» político y electoral para ella y para su partido. Mientras el tribunal correspondiente estudie su recurso, Le Pen y su partido harán campaña contra el poder judicial, contra el Gobierno, contra los medios de comunicación hostiles. Agrupación Nacional (AN) es hoy el primer partido de Francia, con el mayor grupo parlamentario, y su fundadora espera ampliar su implantación, recurriendo al populismo anti sistema.

Tras esa línea de ataque y ocupación del terreno, las reacciones de los amigos y fieles de Le Pen insisten en denunciar un «golpe de Estado jurídico». Justificando su sentencia, la presidenta del Tribunal ha insistido en que los jueces se habían limitado a juzgar los delitos, sin entrar en política. Contra la decisión, Le Pen hará campaña presentándose como «víctima» de una justicia «política» que pretende hundir su carrera personal.

Según todos los sondeos, Le Pen contaría con más de un 30% de intenciones de voto en caso de poder presentarse a unas elecciones presidenciales a día de hoy. Se trata de un «capital» de popularidad único. La líder de AN y Bardella, su futuro sucesor, son figuras políticas muy populares. La primera espera convertir esa popularidad en un arma de resistencia contra su condena judicial, erigiéndose como «garante» de la estabilidad política.

Como presidenta del grupo parlamentario más importante en la Asamblea Nacional (124 diputados en una AN de 577 escaños), Le Pen puede lanzar cuando lo considere oportuno un voto de censura contra el Gobierno de François Bayrou, con Emmanuel Macron como presidente, privado de poder ejecutivo. Fue Le Pen quien precipitó la censura, crisis y cada de Michel Barnier, el primer ministro nombrado el mes de septiembre pasado, víctima de un voto de censura a mediados de diciembre. Su sucesor, Bayrou, se ha apresurado a subrayar que, a su modo de ver, la condena de Le Pen podría ser «peligrosa». En esas estamos…

Los amigos y aliados de Le Pen en la escena internacional, por su parte, han recordado la dimensión europea de la crisis francesa. Jordan Bardella es el presidente de Patriotas por Europa (PPE), el grupo parlamentario de Viktor Orban, hostil a la UE, amigo y propagandista de Vladimir Putin y Donald Trump.

Parece previsible esperar que Bardella utilizará las tribunas del PE y sus relaciones personales con la elite de las extremas derechas europeas para combatir la sentencia judicial contra Le Pen en la escena internacional.

La gravísima sentencia del Tribunal de París es una amenaza grave para el futuro político personal para Le Pen. Pero ella espera convertir esa sentencia en «munición» política-populista, que puede hacer estragos desestabilizantes de un alcance imprevisible.