Luchas políticas internas en Bolivia para la batalla electoral de 2025

En relación con el MAS, la situación comienza a asemejarse a traumáticas cesiones de poder dentro del partido gobernante ocurridas en otros países de la región: viene a ser una regla que el candidato designado por el presidente saliente se distancia de su padrino una vez se consolida en la presidencia, algo que acaba dando lugar a una escisión del partido oficialista. Sucedió en Colombia cuando Juan Manuel Santos alcanzó el poder de la mano de su mentor Álvaro Uribe, y volvió a verse en Ecuador cuando Lenín Moreno recibió la banda presidencial de Rafael Correa.

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Las discrepancias en el caso de Arce y Morales se han llevado hasta ahora de manera discreta, pero a medida que se avanza hacia 2025 las aspiraciones de ambos comienzan a chocar públicamente: Arce parece contemplar una posible reelección, mientras que Morales desearía regresar a una presidencia de la que fue forzado a salir por presunto fraude electoral, tras haber eliminado inconstitucionalmente el límite del número de mandatos. Las críticas del círculo de Morales al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, al que acusan de estar implicado en el robo en agosto del móvil del expresidente en un acto de partido, y la «marginación» de Morales en la televisión estatal que denuncian, suponen una lista de agravios mutuos que va en aumento. El MAS sigue controlado por Morales, pero esa organización debe cuidar no dispararse a los pies criticando al Gobierno, del que comen muchos de sus cuadros políticos: el partido ha estado a punto de expulsar al vicepresidente David Choquehuanca, antiguo rival de Morales, pero no ha llegado a ese extremo.

Ambos sectores también se están enfrentando por los intereses de los sindicatos cocaleros. Si la fuerza de Morales siempre se ha basado en los productores de coca del Chapare, en el área de Cochabamba, ciudad de la que procede y en la que reside, ahora el Gobierno ha promovido una nueva empresa para la gestión de la coca producida en explotaciones permitidas (existe un cultivo legal para uso tradicional del país andino). Asimismo, ha autorizado un mercado de coca en la Paz, que compite con los dos habituales, el de Chapare y el de las Yungas. En estas pugnas, el sector de Arce ha llegado a acusar al vicepresidente del partido, Gerardo García, de nexos con el narcotráfico.

Por su parte, la oposición se ha movilizado en Santa Cruz por la decisión del Gobierno de posponer el censo poblacional que estaba previsto realizar este año y que Arce anunció la semana pasada para el 23 de marzo de 2024. El especial crecimiento de la región de San Cruz, que recibe migración de las zonas andinas bolivianas por su mayor desarrollo comercial e industrial (es el centro de la generación de riqueza a partir de los hidrocarburos) abona la sospecha de que el Gobierno se resiste desde La Paz a prever más escaños para Santa Cruz en el poder Legislativo y a asignarle más recursos económicos.

Arce lamenta que «un acto técnico» como el del censo sirva de «pretexto político para desestabilizar y confrontar a la población», pero el gobernador de Santa Cruz, el opositor Fernando Camacho, ha demostrado que la causa, por técnica que parezca, moviliza el sentimiento victimista de una región enfrentada en las últimas décadas al poder central de La Paz.

La alegación del Gobierno de que el retraso del censo (el último es de 2012) se debe a dificultades organizativas derivadas de la situación excepcional de la pandemia, no deja de ser sospechoso cuando se advierte que los datos del nuevo censo no serán comunicados al Tribunal Supremo Electoral hasta diciembre de 2024, lo que no asegura que estén completamente actualizados para las elecciones de unos meses después. En cualquier caso, Camacho, que llegó a gobernador cruceño en 2021, está aprovechando la ocasión para intentar acrecentar su liderazgo nacional, con vistas a las elecciones de 2025.