La Justicia de Guatemala condena al fundador de 'elPeriódico', crítico con el Gobierno, a seis años de prisión por «lavado de dinero»

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) pretendía inculpar al periodista por chantaje y tráfico de influencias, pero el tribunal ha explicado que la parte acusatoria no ha convencido ni podido acreditar la responsabilidad de Zamora en esos delitos. Lo mismo ha resuelto para la exfiscal Samari Gómez, implicada en el caso por el delito de «revelación de información confidencial o reservada». Gómez ha sido absuelta y puesta en libertad.

En lo que sí parece haber convencido la FECI es por el delito de «lavado de dinero». La tesis de la fiscalía, de que el periodista lavó 300 mil quetzales (poco más de 35.000 euros) para ingresar a las cuentas de Aldea Global S.A, la empresa editora de 'elPeriódico', ha sido aceptada por la juez, quien, sin embargo, ha imputado al periodista con la pena mínima de este delito; la pena máxima son 40 años de prisión.

Visiblemente cansado, a su salida Zamora se ha limitado a decir a los medios de comunicación que «sigue siendo inocente» y que el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei «es el verdadero ladrón». «Jamás pensé que la ignorancia iba a llegar a tener el poder en Guatemala. El poder dominante es la impunidad y la ignorancia», se ha lamentado, aflojando su corbata roja. Sostiene que el caso por el que le acusan es «espurio y político» y que ha sido armado por sus enemigos y los del galardonado diario que fundó hace más de dos décadas.

El periodista, de 66 años, también ha revelado que toda su familia ha salido del país por temor a represalias por parte del Gobierno. Además, la FECI investiga a 8 reporteros y columnistas que formaron parte de elPeriódico. Los acusa de «acosar a los fiscales», simplemente por firmar notas y artículos de opinión relacionados al caso.

Tanto el jefe de la FECI Rafael Curruchiche, como su jefe, la Fiscal General del Ministerio Público Consuelo Porras, han sido designados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos dentro de la Lista Engel, señalados de ser «actores no democráticos que benefician la corrupción».

Fuera del tribunal, una multitud se ha congregado para celebrar la absolución del periodista de dos delitos, pero para protestar contra la sentencia por lavado de dinero y lo que consideran que es una clara persecución a la prensa independiente del país. Y es que todo el proceso judicial (desde la captura de Zamora y el allanamiento de las oficinas de elPeriódico en julio de 2022) se ha librado entre señalamientos de periodistas, activistas, embajadas y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y prensa, que acusan la fiscalía guatemalteca de llevar a cabo un atentado contra la libertad de prensa en el país. Organizaciones de sociedad civil comienzan a hablar de una dictadura en el país, acusando al régimen de Giammattei de tener cooptados los tres poderes del estado: el Ejecutivo, el Congreso de Diputados y los órganos de Justicia.

Abogados y expertos en materia judicial han criticado también los medios de prueba presentados ante el juez, los testigos de la fiscalía, así como la rapidez con la que se armó el caso: 72 horas. Además, ha sido criticada la persecución a la defensa de Zamora. El periodista ha tenido que contratar los servicios de hasta seis abogados, quienes uno a uno han tenido que renunciar por acoso y persecuciones alternas por parte de la misma fiscalía.

El polémico caso ha llegado, técnicamente, a su fin. Pero la persecución contra la prensa y cualquier ciudadano que se oponga al gobierno de turno, apenas comienza. Así lo han denunciado los periodistas, exfiscales y jueces en el exilio, y múltiples organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación de Periodistas Guatemaltecos, la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.