Un juez federal decide que la Administración Trump violó sus órdenes con la deportación de inmigrantes a Sudán del Sur

El juez, Brian Murphy, se refería al vuelo de deportación que ocurrió en la víspera, cuando un grupo de inmigrantes de varios países fue enviado, según los abogados de algunos de los afectados, a Sudán del Sur, un país tomado por la pobreza y la violencia, que ha pasado por una guerra civil y que está al borde volver a caer en ella.

Murphy determinó que la Administración Trump «sin duda» incumplió sus órdenes cuando ejecutó la deportación menos de 24 horas después de haber anunciado a los afectados que serían enviados al país africano.

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En una decisión anterior, el juez había impuesto que todo inmigrante deportado a un tercer país como había ocurrido hasta ahora con varios grupos enviados a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador tiene derecho al debido proceso legal en su expulsión y tiene que contar con una «oportunidad real» para contestar esa expulsión si teme sufrir persecución o tortura en su destino.

Los abogados del Gobierno esgrimieron que el juez no había determinado un plazo concreto que las autoridades deben determinar para ejecutar la deportación y que los inmigrantes no habían manifestado ningún miedo a ser enviados a Sudán del Sur.

El juez respondió que, a pesar de ello, ante un proceso tan acelerado «fue imposible que estas personas tuvieran una oportunidad real de objetar su envío a Sudán del Sur», por lo que las deportaciones habían violado «incuestionablemente» sus órdenes.

El caso afecta a siete inmigrantes de cinco países -Birmania, Cuba, México, Laos y Vietnam-, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés). Había un octavo inmigrante, pero al ser ciudadano de Sudán del Sur no estaba afectado por el caso.

El incumplimiento de las órdenes podría suponer un inicio de procedimiento por desacato contra las autoridades implicadas en estos procesos de expulsión, advirtió el juez, aunque decidió que las consideraciones al respecto «quedarán para otro día».

Sería el tercer episodio en el que la Administración Trump podría estar acusada de desacato al poder judicial. Ocurrió en marzo por el incumplimiento de la orden de un juez de hacer regresar a aviones cargados de inmigrantes con destino a El Salvador. Y también por la negativa a devolver a EE.UU. a uno de esos inmigrantes, un salvadoreño al que la propia Administración Trump reconoció haber deportado «por error administrativo».

En una comparecencia ante los medios previa a la vista judicial, la portavoz del DHS, Tricia McLoughlin, defendió que los inmigrantes de este caso son «monstruos», acusados de delitos graves, a los que el juez Murphy «trata de proteger». El Gobierno de EE.UU. no quiso dar detalles sobre la localización del vuelo de deportación ni sobre su destino, pero aseguró que los inmigrantes siguen bajo custodia gubernamental. Eso era algo que el juez Murphy había exigido en la víspera: no era necesario que el avión regresara con los inmigrantes regresara a EE.UU., pero sí que siguieran bajo custodia gubernamental hasta que decida sobre la legalidad de la deportación.

La Casa Blanca atacó la decisión del juez: «Es otro intento por parte de un juez de extrema izquierda de dictar la política exterior de EE.UU. y de proteger a criminales violentos que el presidente Trump y su Administración han expulsado de nuestras calles».