Italia, Dinamarca y otros siete países europeos piden al Tribunal de Estrasburgo mayor libertad para repatriar inmigrantes delincuentes

La iniciativa de la carta abierta surgió a instancias de la primera ministra Giorgia Meloni y de su colega danesa Mette Friedriksen, socialdemócrata, inscrita en el grupo Socialista Europeo. Los demás son populares, conservadores (el primer ministro checo, además de Meloni) y liberales. En términos de peso específico, junto con Italia, solo hay otro país entre los grandes: Polonia. La acusación que hacen al TEDH es dura: haber «ampliado en exceso el ámbito de aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos» y, por tanto, «limitado nuestra capacidad de tomar decisiones políticas en nuestras democracias», lo que afecta a «la forma en que nosotros, como dirigentes, podemos proteger a nuestras sociedades democráticas y a nuestras poblaciones de los desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo actual».

Los nueve países acusan especialmente las sentencias que impiden las expulsiones por motivos de derecho a la vida familiar o riesgo de trato inhumano y degradante en los países de origen. La interpretación del Convenio por los jueces ha llevado supuestamente «a proteger a las personas equivocadas y ha impuesto demasiadas limitaciones a la capacidad de los Estados para decidir a quién expulsar», según la carta abierta. La seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley y de las víctimas, según los dirigentes de los nueve países, es un derecho fundamental que «debe primar sobre otras consideraciones».

Los líderes firmantes de la carta abierta están convencidos de que éste es sólo el primer paso hacia un cambio «necesario» con el objetivo de facilitar los procedimientos de expulsión de los inmigrantes irregulares. Giorgia Meloni lo considera el inicio de un debate para medir la eficacia de los convenios «unas décadas después de su redacción».

La primera ministra italiana, que recibió el pasado viernes a su homóloga danesa en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, afirmó que «tenemos el deber de defender a nuestros ciudadanos, nuestros valores y nuestra democracia. Somos líderes de sociedades que protegen los derechos humanos; sin embargo, con demasiada frecuencia, el Convenio Europeo de Derechos Humanos se interpreta de forma que impide a los Estados expulsar a delincuentes extranjeros o proteger sus fronteras. No podemos aceptarlo», concluyó Meloni.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, precisó que la carta no significa no estar a favor del Estado de derecho o de las convenciones, sino que supone una admisión de impotencia: «Se ha vuelto demasiado difícil expulsar de nuestras sociedades a los extranjeros que cometen delitos. Debemos adoptar decisiones políticas y democráticas para proteger a nuestros ciudadanos».

Cabe recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional del Consejo de Europa, creado para velar por la aplicación y el respeto de los derechos consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos. Precisamente, el Consejo de Europa, organismo independiente de la Unión Europea, con sede en Estrasburgo, ha respondido a la carta de los nueve países europeos, reafirmando su papel en la defensa de los derechos fundamentales de las personas. La respuesta ha llegado por medio del secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, quien subraya la importancia de los altos órganos de garantías» Frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo, nuestro papel no es debilitar la Convención, sino al contrario, mantenerla sólida y actual».