¿Por qué la investigación judicial de Meloni ha causado un terremoto político en Italia?

El general libio tiene fama de ser un «torturador». Es jefe de la Policía Judicial libia y una figura clave del Gobierno de unidad nacional en Trípoli. Almasri es también señalado como el responsable de la prisión de Mitiga. En esta cárcel de Trípoli, inmigrantes y disidentes han sido víctimas de torturas sistemáticas, abusos sexuales y otros crímenes atroces, según informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones. Se le hace responsable de 34 asesinatos en esta cárcel de Mitiga. Diversos inmigrantes que pasaron por esa cárcel han ofrecido testimonios escalofriantes de las torturas que padecieron.

Almasri fue detenido en Turín el 18 de enero, donde acudió a ver un partido de la Juventus. Había iniciado un viaje en Londres el 6 de enero, y después visitó Bruselas, Bonn y Mónaco. El general libio fue liberado dos días después de su detención y repatriado a Libia en un avión militar italiano, un viaje organizado por los servicios secretos, a pesar de una orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. En Trípoli fue recibido como un héroe. El abogado Luigi Li Gotti, «un expolítico de izquierda», según lo ha definido Giorgia Meloni, presentó una denuncia contra Meloni y tres de sus ministros, por entender que su actuación fue reprobable, al liberar y repatriar al general «torturador», en lugar de entregarlo a la Corte Penal Internacional. La presentación de esta denuncia obligó al fiscal de Roma, Francesco Lo Voi, a abrir una investigación como «acto debido».

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Ángel Gómez fuentes | Corresponsal en Roma

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La liberación del general libio Osama Almasri fue justificada por el Gobierno por razones de seguridad tras la liberación ordenada por el Tribunal de Apelación de Roma. «Mejor expulsarlo que dejarlo libre deambular por el territorio nacional», dijeron Meloni y el ministro del Interior, Mateo Piantedosi. En su reconstrucción de la liberación de Almasri, la primera ministra italiana argumentó que la solicitud de arresto por crímenes contra la humanidad emitida por la Corte Penal Internacional de La Haya (por los repetidos asesinatos, abusos y torturas en la prisión dirigida por el general), « no fue transmitida al Ministerio de Justicia italiano, por lo que el Tribunal de Apelación de Roma decidió no proceder a su validación

-dijo Meloni-. El general Almasri fue liberado por orden del Tribunal de Apelación de Roma, no por orden del Gobierno. Lo que el Ejecutivo decide hacer, en cambio, cuando se enfrenta a una persona que es peligrosa para nuestra seguridad, es expulsarla inmediatamente del territorio nacional. En todos los casos de repatriación de prisioneros no se utilizan vuelos regulares para personas peligrosas, ni siquiera por la seguridad de los pasajeros», concluyó Meloni.

Más allá de las explicaciones oficiales del Gobierno, medios italianos y varios políticos de la oposición señalaron que la decisión de liberar a Almasri obedeció a «razones de Estado», que el Ejecutivo no ha podido aclarar. Italia mantiene un acuerdo de cooperación con Libia, firmado en el 2017, bajo el Gobierno de Paolo Gentiloni, de izquierda, para controlar los flujos migratorios en el Mediterráneo. Meloni ha seguido al pie de la letra aquel acuerdo y hace todo lo posible con Libia para no arriesgarse a una represalia que pudiera incluir la liberación masiva de migrantes o incluso amenazas contra ciudadanos italianos en territorio libio. Para Roma, Libia es de gran importancia geoestratégica, además de ser fuente de gas y petróleo. Cabe señalar un dato muy significativo: En un par de días en que estuvo detenido el general, de Libia partieron 1.500 inmigrantes irregulares hacia Italia, un número anómalo en esta época del año porque son mayores las dificultades de atravesar el Mediterráneo. A propósito de las razones de Estado, el 'Corriere della Sera' ha escrito: «Almasri es una figura destacada del aparato libio, como comandante de la policía judicial y en estrecho contacto con las estructuras encargadas de combatir el terrorismo y la criminalidad. Las acusaciones de la CPI contra él son muy graves, pero el Gobierno se encontraba en una encrucijada: o respetaba sus obligaciones ante la Corte o se arriesgaba a sufrir represalias. «Escogió razones de Estado bajo el pretexto de una nimiedad».

La noticia de la investigación judicial a Meloni y a tres ministros del gobierno hubiera sido «explosiva» en cualquier momento, pero lo es más aún dado el clima de máxima tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, por la reforma de la justicia, con la separación de carreras, que ha provocado fuertes protestas de los jueces. Esta reforma, que Silvio Berlusconi intentó realizar en el pasado pero fracasó, está ya en su recta final. Diversos miembros del Ejecutivo, entre ellos la propia Meloni, y el vicepresidente Antonio Tajani, consideran que la investigación es un acto de «venganza» por parte de sectores de la magistratura. La Asociación Nacional de Magistrados ha respondido que se trata de un «acto debido» tras la denuncia presentada por el abogado Li Gotti, y que de ningún modo es un «aviso de garantía» formal, sino la notificación de una inscripción en el registro de investigados.

En un vídeo publicado en las redes sociales, en el que anunció que era objeto de la investigación judicial, la primera ministra dio a entender lo que otros miembros del Gobierno y la mayoría han dicho de forma aún más explícita: Se trataría de una «venganza» de la Justicia por la reforma antes mencionada. «Creo -dijo Giorgia Meloni- que lo que era válido ayer es válido ahora: no me dejo chantajear, no me dejaré intimidar, es posible que por eso sea impopular entre aquellos que no quieren que Italia cambie y que sea mejor. Pero también, y sobre todo por esto, quiero seguir mi camino en defensa de los italianos, especialmente cuando está en juego la seguridad de la nacional. Con la cabeza alta y sin miedo».

En lo penal, la investigación no tendrá consecuencias, porque el Gobierno Meloni cuenta con una mayoría parlamentaria y la eventual causa no prosperaría. Sin embargo, desde el punto de vista político, el Gobierno está recibiendo duras críticas de la oposición por eludir sus obligaciones de cooperación con la Corte Penal Internacional. Precisamente, Meloni ha criticado a la CPI al señalar que emitió la orden de captura del general libio cuando llegó a Turín, es decir, 12 días después de iniciar el viaje europeo y visitar tres países antes de llegar a Italia. La primera ministra dio a entender que la CPI hizo una jugada a Italia. La oposición exige a Meloni explicaciones en el Parlamento. Mientras, los analistas consideran que el caso Almasri no incidirá negativamente en la popularidad de la primera ministra y su Gobierno, que sigue siendo muy alta. El partido de Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, se mantiene cerca del 30% en intención de voto, y los partidos de la derecha rondan el 50%, frente a una oposición que está muy dividida.