Informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia para evitar el revanchismo en la era Petro

Tras más de tres años de trabajos, la llamada Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, presentó a últimos de junio su informe final, cuyo volumen introductorio se titula «Convocatoria a la paz grande». Ahí, la Comisión llama a no caer de nuevo en la posición mutua de rechazo absoluto del otro, evitando ver al oponente político como un «enemigo interno» al que hay que eliminar.

En su examen de la histórica violencia ocurrida en Colombia desde 1960, la Comisión apunta responsabilidades en todas las direcciones, pero no personaliza la culpabilidad, pues esa no es su misión (eso corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, cuyos trabajos aún no han concluido). La Comisión llama a aceptar «responsabilidades éticas y políticas» como un ejercicio de catarsis social que permita superar el profundo dolor de las víctimas (la responsabilidad penal queda para la JEP). «Hemos constatado que quienes reconocen responsabilidades, lejos de destruir su reputación, la engrandecen, y de ser parte del problema pasan a ser parte de la solución que anhelan las víctimas y que necesitan ellos mismos, los perpetradores», dice el informe.

La Comisión establece algunas cifras. Entre 1985 y 2918 hubo más de 450.000 asesinatos (el 45% cometidos por los paramilitares, el 27% por las guerrillas y el 12% por las fuerzas de seguridad del Estado), 120.000 desaparecidos, 55.000 secuestros, 16.000 niños reclutados, 6.400 «falsos positivos» (ejecuciones de presuntos inocentes llevadas a cabo por el Ejército) y 7,7 millones de desplazados forzosos. El periodo más intenso fue entre 1996 y 2020, en el que se registró el 75% de los asesinatos.

En las negociaciones de paz mantenidas en La Habana entre las FARC y el Gobierno colombiano, lo relativo a las penas que corresponderían a los responsables de crímenes constituyó un escollo. También fue una de las razones por las que inicialmente triunfó el «no» en el referéndum de 2018, pues muchos colombianos consideraron que en el acuerdo firmado numerosos delitos quedarían impunes (solo los implicados en los delitos más graves recibirán sentencias de cárcel, un máximo de ocho años en los peores casos si hay reconocimiento de culpa).

Tanto el foco mediático como la discusión de fondo (la cuestionable validez de una justicia «especial» que trata con levedad crímenes que el ordenamiento común castiga con mayor severidad) han estado todo este tiempo en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP debe determinar quiénes fueron los máximos responsables de los mayores crímenes de guerra y de lesa humanidad y condenarlos a penas de justicia restaurativa en el marco de un debido proceso transicional. Sus sentencias finales atraerán en su día, sin duda, el debate público.

Si esto es así, ¿entonces para qué hace falta otra instancia, la Comisión de la Verdad, que «establece responsabilidades históricas, éticas y políticas de carácter colectivo, y se refiere a responsabilidades individuales solo cuando es indispensable para la comprensión del conflicto»?

La experiencia de procesos de paz llevados a cabo en otros países que travesaron graves conflictos internos aconseja que al principio exista un foro en el que, sin miedo a posibles penas y fuera de un esquema propio de un tribunal, la verdad de lo ocurrido pueda fluir con mayor facilidad. Esa verdad es necesaria para la solidez de la nueva etapa social que se abre.

Esas características hacen que el informe final de la Comisión de la Verdad no tenga el morbo del señalamiento de culpabilidades individuales y que sus «hallazgos» (en realidad, nada sustancialmente nuevo, aunque sí mucho más completo) y sus «recomendaciones» (muchas de ellas algo idealistas) apenas hayan copado los titulares de los medios de comunicación.

Los oponentes de Iván Duque, presidente conservador de los últimos cuatro años, critican que en su mandato el proceso de paz no se ha implementado convenientemente. En su informe, la Comisión no es especialmente crítica. Advierte que la implementación está por debajo de lo deseable —«no se ha dado la transformación participativa regional que se esperaba y los planes de desarrollo con enfoque territorial se limitaron a proyectos demostrativos»—, pero al mismo tiempo constata que «lo ganado» por el acuerdo de paz «es una realidad». «No estamos en los tiempos de la guerra», en los que «las masacres eran de 50 o 100 personas, las desapariciones y los secuestros se contaban por centenares y los desplazamientos, por cientos de miles».

Entre las recomendaciones, la Comisión incluye profundizar la democracia, frenar la impunidad, reconocer la penetración del narcotráfico, establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de la paz y rechazar y acabar la corrupción. Estos puntos se desarrollan en uno de los tomos del informe, de casi 900 páginas, en el que, en referencia a los asuntos de seguridad, se recomienda desmilitarizar la erradicación del cultivo de coca, separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, avanzar hacia la supresión del servicio militar obligatorio y levantar gradualmente la reserva de archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia (ahora es de 30 años).