La huelga contra la reforma judicial de López Obrador paraliza los tribunales de todo México

López Obrador quiere reducir el numero de jueces de la Corte Suprema, crear una nueva escuela judicial, establecer sistemas de control más férreos a los magistrados, fijarles plazos para su sentencias y, el punto más crítico, que los jueces sean votados en elecciones abiertas.

Frente a esto, empleados de los tribunales a lo largo del país emprendieron desde este lunes una huelga que amenaza con colapsar el funcionamiento del Poder Judicial. Según los empleados, el texto que impulsa el gobierno mexicano elimina la llamada carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder a un cargo de juez federal. También, advierten sobre la eliminación de prestaciones laborales.

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La reforma además es rechazada por universidades, cámaras empresariales y colegios de abogados que señalan que López Obrador en realidad busca colonizar la justicia y que votar a los jueces implicaría que el narcotráfico pudiera intervenir en esos procesos para que las supuestas elecciones sean ganadas por candidatos allegados al crimen organizado.

López Obrador dijo en su conferencia diaria que los huelguistas tienen derecho a protestar, pero negó que la reforma les afecte directamente y opinó que con su acción están respaldando «a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial».

El pasado viernes, el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) planteó que la elección por voto popular para renovar a los ministros de la Corte sea en junio de 2025.

El origen del conflicto entre López Obrador y el Poder Judicial viene del año pasado, cuando la Corte Suprema decidió que es inconstitucional que la Guardia Nacional, la policía militarizada creada por el presidente, se encuentre bajo mandato de la Secretaría de la Defensa. El máximo tribunal ordenó que la Guardia Nacional este bajo la órbita civil, concretamente, la Secretaría de Seguridad Pública.

Esa decisión ha ocasionado zozobra entre los uniformados ya que se encuentran desprotegidos legalmente ante diversas acciones que deben emprender para cumplir su rol. Además se trata de un afronta al poder militar, que tiene un lugar central en el gobierno de López Obrador, no solo en materia de seguridad: el Ejército y la Marina construyen obras estructurales, como aeropuertos y trenes, manejan las aduanas e incluso están en proceso de crear una nueva aerolínea.

El presidente ha concentrado sus ataques en la titular de la Corte, Norma Piña, que además es una representante absoluta de la vida tribunalicia: comenzó de pasante en un juzgado y a lo largo de su trayectoria profesional llegó hasta el máximo tribunal cuando fue designada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Piña, desde ya, rechaza la reforma. La semana pasada en un foro judicial, acompañada por el magistrado español Juan Martínez Moya, expresó: «No podemos caer en la salida fácil; no podemos comenzar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables; al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia».

La próxima presidenta Sheinbaum en general ha defendido la reforma, pero en su equipo de transición, según comentan a ABC, aparecen dudas sobre la elección popular de los jueces, especialmente por las implicancias que esto pudiera tener en el público inversor. En un país donde el gobierno es altamente hegemónico por su peso legislativo, el Poder Judicial es el último reducto donde los empresarios pueden rebatir normas y leyes que afectan su operación.

A la presión de los empresarios se agrega el malestar que la reforma causa en Washington. A los pocos días de ganar la presidencia Sheinbaum se reunió con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad de Joe Biden. En un encuentro a solas Sherwood le dijo a la futura mandataria que la reforma es intransitable para EEUU.