Trump y Bukele hacen frente común contra la devolución del deportado «por error» a El Salvador

La sintonía entre Bukele y Trump en este asunto es solo una muestra de la alianza labrada entre ambos y que materializó en abundantes gestos durante el paso del presidente salvadoreño por la Casa Blanca. Trump bromeó sobre su aspecto juvenil, le dio palmadas en el brazo en gesto de complicidad y reunió a la plana mayor de su Gobierno en el Despacho Oval para agasajar a Bukele: el vicepresidente, entre muchos otros JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; la fiscal general, Pam Bondi; la jefa de Gabinete, Susie Wiles; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; o el asesor y gran impulsor de la política migratoria de Trump, Stephen Miller. Pocas veces se ve un despliegue de este tipo para un país del peso de El Salvador, que se confirma como el apoyo de Trump en Centroamérica.

Bukele correspondió con palabras entusiastas sobre la política fronteriza de EE.UU., su cruzada contra la agenda transgénero e incluso hizo chistes sobre la gran presencia femenina en su Gobierno: «Ninguna son fichajes DEI», dijo en referencia a las políticas de diversidad, equidad e inclusión contra las que lucha Trump.

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Pero buena parte de la atención estuvo puesta en Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño que protagoniza la última batalla de la Administración Trump contra el poder judicial. Abrego García, casado con una estadounidense y con tres hijos, es un inmigrante indocumentado pero cuenta desde 2019 con una orden de no deportación por parte de un juez. Sin embargo, fue uno de los cientos de inmigrantes acusados por el Gobierno de EE.UU. de pertenecer a bandas criminales que fueron enviados en vuelos de deportación a mediados de marzo a Cecot, la cárcel de máxima seguridad para criminales peligrosos de El Salvador, el símbolo de la lucha contra la criminalidad de Bukele.

El asunto se ventila en los tribunales, donde la Administración Trump ha reconocido que la deportación fue por un «error administrativo», pero se niega a subsanarlo. Una juez impuso al Gobierno que diera los pasos necesarios para la devolución y el asunto acabó en el Tribunal Supremo. Sus magistrados dictaron que la jueza puede pedir que el Gobierno «facilite» la devolución, pero con «deferencia» a la competencia del poder ejecutivo en política exterior.

En esto último se basa el equipo de Trump para defender que el Supremo les da la razón y que la jueza no puede inmiscuirse en su relación con otros países. Y por ello, ha desafiado las órdenes de la jueza y no ha proporcionado la información que le ha requerido.

Preguntado al respecto, Trump prefirió que contestara su fiscal general, Bondi. «Eso no depende de nosotros, depende de El Salvador». Y Bukele tenía prevista su posición al respecto: «Por supuesto que no, la pregunta es absurda», dijo. «¿Cómo voy a colar a un terrorista en EE.UU.?», dijo sobre Abrego García, a pesar de que el deportado no tiene antecedentes criminales ni en EE.UU. ni en El Salvador.

En la víspera del encuentro entre Trump y Bukele, el secretario de Estado Rubio anunció que otros diez inmigrantes indocumentados, sospechosos de pertenecer a bandas criminales, habían sido enviados a El Salvador. El jefe de la diplomacia estadounidenses celebró que la alianza entre los dos presidentes es un «ejemplo de seguridad y prosperidad en nuestro hemisferio».

Varias organizaciones de derechos civiles y pro-inmigrantes han alertado de que entre los deportados a El Salvador hay inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales y sin relación con bandas criminales y que las únicas sospechas de su relación con ellas son tatuajes o ropa que los agentes consideran sospechosas.