La crisis en la frontera iguala en los sondeos a Biden y a Trump

Las cifras son dramáticas. En lo que va de año fiscal, que acaba el 1 de octubre, y sin contar agosto, ha habido 1,9 millones de detenciones de sin papeles. El récord previo fue el año pasado, con 2,3 millones. Nunca antes de la presidencia de Biden se habían superado los dos millones de detenciones. No da el Gobierno estadounidense cifras totales de 'sin papeles', aunque las estimaciones de los grupos humanitarios y del Instituto de Política Migratoria es de 11 millones de personas de un total de 330 millones de habitantes.

Los últimos datos de detenciones han provocado insatisfacción entre el electorado, según refleja un análisis del prestigioso centro Pew Research. Una encuesta reciente indica que un 73% de los estadounidenses considera que el Gobierno está fracasando en la gestión de los solicitantes de asilo en la frontera. Además, el 47% ve la inmigración ilegal como un problema grave, un aumento del 38% respecto al año pasado. Aproximadamente la mitad de la ciudadanía apoya que se exija solicitar asilo antes de llegar a la frontera y aumentar el personal y recursos para patrullarla.

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Según la media de sondeos que elabora Real Clear Politics, Biden y Trump están empatados en una posible reedición de su duelo electoral de 2020. Cada uno tiene un 44% de intención de voto. Si a Biden le sucediera su vicepresidenta, Kamala Harris, Trump ganaría claramente, con un 45% frente al 40% de ella.

En total, en un año, medio millón de inmigrantes que viajaban con otros familiares ha sido detenido por las autoridades fronterizas de EE.UU. Buena parte de esos 'sin papeles' son menores de edad. Hasta ahora, eran más los sin papeles que llegaban solos, pero esa tendencia ha cambiado. Desde 2021, unos 2.000 menores suelen llegar acompañados cada año a la frontera para pedir asilo. Erin Heeter, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, atribuye este aumento de cruces a las «fluctuaciones estacionales y los esfuerzos de los traficantes de personas para aprovecharse de los migrantes vulnerables».

La Casa Blanca, de hecho, se enfrenta paralelamente al aumento de la criminalidad en la frontera. Recientemente, el FBI ha emprendido la búsqueda de más de una docena de ciudadanos de Uzbekistán que han entrado al país con la ayuda de un traficante que tiene lazos con el yihadismo, según ha revelado la cadena CNN. Las autoridades migratorias mantienen que no se ha identificado ningún complot específico yihadista relacionado con estos migrantes, pero los republicanos quieren abrir una investigación en el Capitolio, donde tienen mayoría en la Cámara Baja, o de Representantes.

«La situación en la frontera se ha deteriorado aún más debido a la agenda de fronteras abiertas del presidente», según Michael McCaul, presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara. «Es ya hora de que esta administración asegure la frontera y proteja a los estadounidenses de posibles amenazas de seguridad».

En mayo, ante este aumento de llegada de grupos familiares, la Casa Blanca presentó lo que denominó Programa de Gestión Acelerada de Deportación Familiar, que pone a los cabezas de familia en un sistema de expulsión acelerada y, hasta que esta se cumple, los controla por medio de brazaletes con GPS. Pero según reveló recientemente la cadena CBS, menos de 100 personas están en ese programa.

En general, las cifras de cruces ilegales han vuelto a subir a pesar de los intentos de la Casa Blanca por contener la migración irregular. Los cruces en agosto alcanzaron los 230.000. Esta cifra incluye a los detenidos tras cruzar ilegalmente y a 54.000 peticionarios de asilo que siguieron un nuevo procedimiento para solicitar cita con las autoridades migratorias por medio de un servicio de internet. Esta cifra supone un incremento del 30% con respecto a los cruces registrados en el mes de julio.

A los inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití se les deja pedir cita para solicitar la residencia por dos años si encuentran alguien que les patrocine la entrada. Para estas nacionalidades existe un cupo de 30.000 ingresos mensuales. El resto de detenidos puede ser repatriado o deportado a México. Entre mayo y agosto, EE.UU. expulsó a 17.000 sin papeles, una cifra muy menor a la de los ingresos.

Los últimos datos reflejan que a medida que ha bajado el número de ingresos ilegales de cubanos, venezolanos y nicaragüenses, ha aumentado el de llegados de otros países, en especial de Guatemala, Honduras, Ecuador y Perú.

Mientras tanto, el sistema judicial de inmigración de EE.UU. se enfrenta a un tapón de 2,5 millones de casos pendientes de solicitud de asilo. Para acelerar el proceso, se ha creado un equipo especial en 11 ciudades fronterizas para juzgar casos que afecten a grupos de familias en un plazo de 300 días desde su comparecencia inicial.

Durante su mandato, Trump hizo de la construcción de un muro en la frontera con México una de sus principales prioridades. Construyó aproximadamente 724 kilómetros, aunque gran parte sirvió para reemplazar estructuras ya existentes. Al asumir la presidencia, Biden detuvo la construcción del muro y revocó varias políticas de la era Trump, permitiendo que los solicitantes de asilo esperen dentro de EE.UU. mientras se deciden sus casos.