La CPI continuará investigando al régimen represivo de Maduro por crímenes de lesa humanidad

Las autoridades venezolanas presentaron sus alegatos, pero la CPI los rechazó señalando que no son suficientes sus medidas de justicia y afirmaron que el régimen no está dispuesto a juzgar genuinamente los delitos cometidos contra los derechos humanos.

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En su informe de 57 páginas la CPI informó que 8.900 víctimas apoyaron la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En este sentido el fiscal, Karim Khan, reanudó la investigación el pasado 18 de noviembre, solicitando a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) recabar los testimonios de las víctimas.

La CPI detalló que la masiva participación de las víctimas en este proceso de consulta, «la VPRS recibió 1.875 solicitudes que contenían sus opiniones e inquietudes (1.746 formularios, 5 vídeos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 vídeos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito. Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones».

El informe de la corte penal mantiene el anonimato sobre las víctimas. «La gran mayoría de las víctimas apoyan la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación y afirman que el Gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los 'colectivos'».

Asimismo, la VPRS recibió observaciones de víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad, en particular, de los delitos de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.

«Los jueces de la CPI recibieron las opiniones e inquietudes de familiares de las víctimas, así como tutores y cuidadores», resalta el escrito; al tiempo que agrega: «Las víctimas también incluyen defensoras y defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y abogadas, y otros funcionarios y funcionarias públicos de la judicatura».

Además, se tuvieron en consideración los testimonios de «trabajadores del sector público y privado; estudiantes universitarios, profesores, profesoras y personal de apoyo; ex policías y militares; figuras políticas, miembros de partidos políticos, parlamentarios, diplomáticos y diplomáticas; pensionados y pensionadas; periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales; propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios; inventores, innovadores y artistas».

El fiscal Khan indicó que encontró una base razonable para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas «a una amplia gama de actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual». Y detalló: «Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico».

Más de 100 víctimas han sido violadas. «Desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación», subrayó el informe.