Cae el jerarca chavista que convirtió Venezuela en un narcoestado

El 13 de febrero de 2017, solo un mes después de ser ascendido a vicepresidente ejecutivo, el Gobierno de EE.UU., aún en tiempos de relaciones diplomáticas con Caracas, lo sancionó por liderar una red de narcotráfico. Esta acusación, que podría haberse visto como una provocación de la nueva Administración de Donald Trump, se basó en detalles concretos que implicaban a El Aissami en actividades de fraude, tráfico de drogas y lavado de dinero.

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Javier Chicote

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El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), acusó a El Aissami de facilitar el envío de cocaína y otros narcóticos desde Venezuela, utilizando aviones de una base aérea venezolana y controlando rutas de drogas a través de puertos marítimos. Se le señalaba como propietario de cargamentos de 1.000 kilogramos de cocaína destinados a México y EE.UU.

La inteligencia estadounidense indicó que El Aissami actuaba principalmente como un intermediario, protegiendo a narcotraficantes dentro de Venezuela y recibiendo pagos por facilitar envíos de droga de capos como Walid Makled García y Hermágoras González Polanco, además del colombiano Daniel Barrera Barrera. También tenía vínculos con el crimen organizado mexicano, coordinando envíos a Los Zetas, uno de los cárteles más violentos.

En 2017, EE.UU. también sancionó a Samarck José López Bello, considerado el testaferro de El Aissami, quien manejaba una red internacional de empresas implicadas en petróleo, distribución, ingeniería, telecomunicaciones y tenencia de activos, como Alfa One y Grupo Sahect. Estas empresas, además de lavar dinero del narcotráfico, recibían fondos del Estado venezolano, como los servicios de almacenamiento y transporte para PDVAL entre 2009 y 2010.

Aparte de servir para el lavado del dinero del narcotráfico, estas empresas también recibían fondos del Estado venezolano. Por ejemplo, entre 2009 y 2010, Grupo Sahect proporcionó servicios de almacenamiento y transporte para la agencia gubernamental venezolana Productora y Distribuidora de Alimentos (PDVAL).

Estas sanciones supusieron la congelación de activos de El Aissami y su testaferro en EE.UU., en concreto cinco empresas propiedad o controladas por López Bello en Florida, junto con un jet Gulfstream 200 registrado en EE.UU. Hasta este mismo año de 2024 ha estado intentado López Bello que la Justicia norteamericana le retire de la lista de sancionados, sin éxito.

El Aissami duró poco en la vicepresidencia ejecutiva de Venezuela. El 14 de junio de 2018 dio el relevo a Delcy Rodríguez, que sigue en el cargo. Después tuvo una serie de cargos de gran relevancia: fue vicepresidente sectorial de Economía desde el 14 de junio de 2017. Durante ese mandato, supervisó las políticas económicas del país en un periodo de crisis y sanciones internacionales. Además, desempeñó el cargo de ministro del Petróleo desde el 27 de abril de 2022. Ambos cargos los dejó el 20 de marzo de 2023, cuando desapreció de la primera fila entre sospechas de divisiones en el poder en Venezuela y acusaciones de supuesta corrupción.

Mientras, a las sanciones por narcotráfico, se le sumó una imputación por parte de un juzgado en EE.UU. en una causa de evasión de sanciones. En 2019, un juez de Nueva York le acusó de haber sorteado las penalizaciones en su contra organizando viajes entre Venezuela y países aliados, en especial Rusia y Turquía. Tras la aplicación de sanciones por el fraude en las elecciones de Venezuela, el régimen de Maduro intensificó los lazos comerciales con esos dos países, además de con Irán. Para ello se usaron servicios de vuelos chárter radicados en EE.UU., lo que permitió la imputación en Nueva York.

En 2020, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) incluyó a El Aissami en la lista de los delincuentes más buscados, con una recompensa de 10 millones de dólares. El Gobierno de Trump le identificaba como uno de los cabecillas del «régimen corrupto de Venezuela». Otros, entre ellos Nicolás Maduro, y jerarcas como Diosdado Cabello eran acusados de conformar un cártel.

De aquellas acciones de la Justicia norteamericana salieron también las imputaciones a los generales Clíver Alcalá, que esta semana fue sentenciado a más de 21 años de prisión por dar armas a la guerrilla de las FARC, y Hugo 'El Pollo' Carvajal, que fue extraditado a EE.UU. desde España y ahora aguarda la fecha para que comience su juicio por cargos similares.

El Aissami nació el 12 de noviembre de 1974 en el estado de Mérida, de padres sirio-libaneses. Se licenció en Criminología y Derecho, y a los 30 años entró en política, logrando en 2006 un escaño en la Asamblea Nacional del país representando al movimiento izquierdista de Hugo Chávez. Ascendió de forma vertiginosa, llegando en 2007 a viceministro y luego, en 2008, a ministro del Interior y Justicia. En 2009 creó la Policía Nacional Bolivariana, que según los opositores se convertiría en un instrumento de represión política.

En 2012, después de cuatro años de ministro, Chávez nombró a El Aissami gobernador del estado de Aragua, dominado por una banda criminal llamada El Picure. Cuando El Aissami dejó la gobernación estatal para convertirse en vicepresidente, el estado ya era uno de los más peligrosos del país, según el Observatorio Venezolano de Violencia.

Al ascender a vicepresidente, El Aissami también fue responsable de que Venezuela prohibiera emitir a CNN en Español después de que la cadena retransmitiera un reportaje de investigación sobre fraude en la emisión de pasaportes, en el que se implicaba a altos funcionarios venezolanos, incluido él mismo.

El segmento de CNN, en antena los días 6 y 8 de febrero de 2017, reveló que se habían emitido más de 150 pasaportes y documentos de identidad venezolanos a personas en Oriente Próximo, algunos de ellos vinculados a la guerrilla islamista chií Hizbolá. Pocos días después del informe, el Gobierno de Trump congeló los activos estadounidenses de El Aissami y prohibió hacer negocios con él, en las acusaciones de estar involucrado en narcotráfico.

En respuesta al informe y a las sanciones, el presidente Maduro acusó a CNN en Español, a su matriz y a la Administración estadounidense de fomentar una política hostil hacia Venezuela, y ordenó el cierre del canal en el país, aunque la CNN afirmó que seguiría transmitiendo a través de YouTube. Al final, muchas de esas acusaciones de corrupción serían recuperadas años después por la propia dictadura.

Fue detenido en Caracas el 9 de abril de 2024 por la Policía Anticorrupción. La Fiscalía, dependiente del régimen, le acusa de corrupción relacionada con irregularidades en la venta de crudo a través de criptomonedas, lo que presuntamente le permitió un desfalco de más de 15.000 millones de dólares. Tras su dimisión en marzo de 2023 debido a la apertura de investigaciones judiciales, El Aissami desapareció de la vida pública hasta su reciente arresto.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció el mismo 9 de abril que El Aissami ha sido imputado por delitos como traición, apropiación o alzamiento de patrimonio público, y lavado de dinero. Saab sugirió en su comparecencia que la captura y las imputaciones podrían culminar en una sanción ejemplar, para disuadir más casos similares. De forma llamativa, hasta se le acusó de conformar «una red de prostitución» de «jóvenes de nacionalidad venezolana y extranjeras».

Este arresto ocurre en un momento ciertamente delicado para Maduro. El dictador ha inhabilitado a María Corina Machado, pero algunos sectores opositores comienzan a unirse tras Manuel Rosales, el gobernador de Zulia, que sí puede presentarse a las elecciones de julio. EE.UU. le ha dado al dictador hasta el 18 de abril para garantizar unas elecciones libres, de lo contrario volverá a aplicar las sanciones al petróleo y el gas que levantó el año pasado. En un ambiente de creciente represión, Maduro pidió una reunión a la Casa Blanca, que envió a un emisario a México para verse con Jorge Rodríguez el 9 de abril.

Nada claro salió de ese encuentro en México, pero el mismo día, El Aissami fue detenido en Caracas , y la dictadura pudo contar, al menos por unas horas, que se tomaba en serio la lucha contra el latrocinio y la corrupción. Pronto exhibió las imágenes de El Aissami esposado.