Los últimos bloqueos en las principales carreteras del país se extendieron durante quince días y dejaron un saldo de seis muertos, cuatro policías y dos civiles, más de 200 heridos y millonarias pérdidas económicas, según cifras oficiales. El Gobierno del presidente Luis Arce apunta directamente al exmandatario, quien, pese a no contar con un partido político, ni cumplir los requisitos constitucionales, insiste en presentarse como candidato presidencial.
El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) ha ratificado que Morales no puede postular nuevamente, ya que su Constitución Política permite solo una reelección continua o discontinua. No obstante, el exmandatario ha declarado que su candidatura aún «no está cerrada».
Sus seguidores en las últimas horas han advertido con impedir las elecciones si Morales no figura en la papeleta, asegurando que «sin Evo no habrá comicios». Wilma Alanoca, su candidata a la vicepresidencia, acusó al Gobierno de intentar proscribir políticamente a Morales.
Evo Morales también lanzó una advertencia directa a los opositores: «A ver si aguantan», dijo, en alusión a una eventual victoria de un candidato de derecha. En respuesta, varios aspirantes, entre ellos: Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina, anunciaron que activarán de inmediato la orden de aprehensión vigente contra Morales por un caso de presunta trata y tráfico de menores, además de otros delitos vinculados a los bloqueos.
En este contexto, Bolivia solicitó formalmente a la OEA el envío de una misión de observación electoral para garantizar que la voluntad popular sea respetada, evitando así un escenario de crisis como el vivido en 2019, cuando Morales renunció por denuncias de un fraude electoral.
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