Biden quiere ahora quitar el oxígeno a Maduro antes de dejar la Casa Blanca

Una muestra de que la Administración de Biden busca estrechar el cerco sobre los jerarcas del régimen y sus círculos más cercanos es la inclusión en las sanciones de Daniella Desiree Cabello Contreras, hija de Diosdado Cabello, ministro del Interior. Aunque es conocida por sus incursiones en el mundo de la música, actualmente dirige la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones, encargada de diversificar las exportaciones del país y de elaborar el Protocolo Unificado para Exportaciones No Petroleras y Actividades Relacionadas, que establece un único esquema de pago para las exportaciones desde Venezuela. Anteriormente, ocupó la presidencia de la Fundación Marca País, desde donde se reportaba directamente ante la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, sancionada desde 2018.

No es habitual que una Administración saliente imponga sanciones en los últimos días de su mandato, ni que lo haga sin coordinarse previamente con el equipo entrante. Un alto funcionario, al detallar las medidas en una conversación con periodistas, señaló que estas sanciones son una iniciativa exclusiva del equipo de Biden. Según explicó: «Estamos llevando a cabo estas acciones con respecto a Venezuela como parte del compromiso de la administración Biden de promover la democracia en el país y de responsabilizar al régimen venezolano y a sus actores por prácticas que incluyen la represión política, la subversión de la voluntad democrática del pueblo y otros asuntos que van en contra del buen gobierno en Venezuela. Estas medidas forman parte de nuestro marco general de políticas. Somos conscientes de que habrá un cambio de Administración el 20 de enero, y en ese momento, la nueva Administración podrá abordar este asunto en Venezuela».

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Las sanciones impuestas tras las elecciones de julio representan un giro significativo en la política de la Administración Biden hacia Venezuela. Durante los primeros tres años y medio de su mandato, Biden se centró en desmantelar el complejo régimen de sanciones heredado de la administración Trump. Entre las medidas más destacadas estuvo el levantamiento del embargo al petróleo venezolano, lo que permitió el regreso de compañías como Chevron al mercado del país suramericano. Además, Biden liberó de manera unilateral a prisioneros conocidos como los 'narcosobrinos', apodo de dos familiares de Cilia Flores, esposa de Maduro, condenados por narcotráfico en EE.UU.

Hace un año, el presidente saliente tomó la controvertida decisión de indultar y repatriar a Alex Saab, un empresario colombiano acusado de fraude y lavado de dinero en Florida, considerado uno de los principales testaferros de Maduro. Saab, detenido en Cabo Verde y extraditado a EE.UU., era señalado como pieza clave en el entramado de corrupción del régimen venezolano. Su liberación generó críticas por parte de los republicanos, por ser vista como una concesión que debilitaba la presión sobre el régimen chavista.

De hecho, tras lograr la liberación de Saab, el dictador intensificó su control sobre las elecciones de julio, inhabilitando y vetando a candidatos opositores, como María Corina Machado y Corina Yoris, no permitiendo la participación de observadores independientes, manipulando el recuento de votos y proclamando de manera irregular su victoria sin publicar las actas completas del proceso electoral.

Uno de los políticos estadounidenses más críticos con las concesiones de EE.UU. hacia Maduro durante la Administración Biden ha sido el senador por Florida, Marco Rubio, quien recientemente fue designado por Donald Trump para secretario de Estado, el máximo cargo diplomático del país. Rubio, conocido por su firme postura contra el régimen chavista, ha defendido el endurecimiento de las sanciones y en 2019 respaldó un intento fallido de derrocar a Maduro y promover una transición democrática en Venezuela. Aunque su nombramiento debe ser confirmado por el Senado, Rubio cuenta con los apoyos necesarios para asumir el puesto, lo que reforzaría una política más estricta hacia el régimen venezolano.

Tras la contundente victoria de Trump en las elecciones del 5 de noviembre, Maduro le felicitó públicamente, intentando dar un vuelco a las tensas relaciones entre ambos países. El dictador venezolano declaró que espera «un nuevo comienzo» en los vínculos bilaterales. Por su parte, Trump ha señalado que, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, planea iniciar la repatriación de millones de personas indocumentadas que han cruzado la frontera desde México para pedir asilo.

En los últimos dos años, más de 600.000 venezolanos indocumentados han ingresado a EE.UU. Trump ha denunciado que entre ellos se han infiltrado miembros de grupos criminales, como el Tren de Aragua. Para proceder con las deportaciones, la nueva Administración necesitará que el régimen venezolano acepte recibir a los deportados, un requisito que, en teoría, podría abrir la puerta a una negociación entre ambas partes.

La Administración Biden comenzó la semana pasada a referirse a Edmundo González como «presidente electo» de Venezuela. Aunque anteriormente EE.UU. había declarado que González era el legítimo ganador de las elecciones, el uso del término «presidente electo» representa un paso significativo en su apoyo abierto a la oposición venezolana. En 2019, Trump adoptó una postura similar al reconocer a Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como el legítimo representante del pueblo venezolano. Incluso lo invitó al Capitolio y a la Casa Blanca, respaldando un intento militar fallido para instalarlo en el poder. Sin embargo, en 2020 la Administración de Biden le retiró su apoyo, optando por negociar con Maduro unas elecciones libres que nunca se concretaron.

Actualmente, 180 personas y cien instituciones y entidades venezolanas están sancionadas por su papel en la represión de la dictadura, un régimen cuya brutalidad ha forzado el exilio de más de ocho millones de venezolanos.

Maduro y otros altos jerarcas enfrentan imputaciones por su presunta participación en una red criminal conocida como el cártel de los Soles, dedicada a exportar cocaína a EE.UU.. Dos antiguos colaboradores cercanos, Clíver Alcalá y Hugo Carvajal, alias 'El Pollo', han testificado en juicios en EE.UU. sobre los envíos de droga colombiana, que se habrían realizado mediante una colaboración entre las guerrillas y la dictadura venezolana.

Entre los sancionados en la lista difundida por el Tesoro de EE.UU. ayer se encuentran el ministro de Planificación, Ricardo José Menéndez; y el ministro de Comunicaciones, Freddy Alfred Nazaret; así como dos altos funcionarios de Inteligencia de la dictadura, Alexis José Rodríguez y Javier José Marcano.