Los amoríos en la Fiscalía amenazan con descarrilar el caso contra Trump en Georgia

Wade es un abogado de Georgia que fue fichado por Willis del sector privado para que fuera una pieza central en la investigación contra Trump, que acabó con la imputación del expresidente y otras 18 personas relacionadas con aquel intento de evitar la victoria en las urnas de Joe Biden, el actual presidente.

Willis estaba en el punto de mira desde hace más de tres semanas, cuando Mike Roman, uno de los imputados en el caso, que había sido alto cargo en la campaña electoral de Trump en 2020, le acusó de mantener una relación «impropia y clandestina» con Wade.

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En esencia, la alegación de Roman era que Willis había contratado a un amante poco cualificado para el puesto, una decisión en la que había un conflicto de intereses, ya que se había beneficiado económicamente del sueldo jugoso que ha recibido Wade por su trabajo. El subordinado le pagó a Willis viajes de placer dentro y fuera de EE.UU. gracias, en su visión, del dinero que recibía de los contribuyentes. El sueldo de Wade por su trabajo en la investigación fue de 653.000 dólares, con unas minutas de 250 dólares la hora.

Roman exigió al juez que supervisa el caso que forzara la recusación tanto de Wade como de Willis y que no permitiera que la oficina de esta pudiera retomar el caso. Trump, a través de sus abogados, se sumó a la petición hace unos días.

Willis ha estado callada hasta ahora, el momento en el que ha reconocido la relación con Wade. Pero ha roto el silencio también para negar que hubiera conflicto de intereses y que esa relación invalide el trabajo de la Fiscalía.

«A pesar de que las alegaciones elevadas en varias peticiones son procaces y han conseguido la atención mediática que buscaban, ninguna de ellas proporciona al tribunal ninguna base para esa petición», defendió Willis en su escrito.

El documento presentado por Willis incluye una declaración jurada de Wade en la que establece que no hubo relación personal entre ambos antes de su contratación y que después ambos «desarrollaron una relación personal además de nuestra asociación profesional y de nuestra mistad». Ni la declaración de Wade, que ha llegado a un acuerdo sobre su divorcio con su exmujer hace unos días, ni el escrito de Willis determinan si esa relación personal se ha mantenido.

Frente a las acusaciones de Roman de que Wade pagaba vacaciones «lujosas» a Willis -viajaron desde Atlanta a San Francisco o a la isla caribeña de Aruba-, los fiscales han defendido que los pagos eran «equitativas» y que unas veces pagaba uno y otras, el otro.

«Ninguno de los pagos como compensación por mi trabajo como fiscal especial han sido compartidos o entregados a la fiscal de distrito Willis», aseguró Wade en su declaración jurada. «La fiscal de distrito no recibió pagos ni ganancias financieras por mi puesto».

Las exigencias de recusación de los fiscales serán examinadas el próximo 15 de febrero por el juez Scott McAffee, del condado de Fulton. Con independencia de qué decisión tome al respecto, el amorío de Willis con un subordinado es una piedra en el camino para uno de los cuatro juicios penales que persiguen a Trump.

El expresidente no tardó en celebrar en su red social el reconocimiento de Willis de que ha tenido una relación con Wade. Los llamó «tortolitos», denunció que Wade «proporcionó a su amante una cantidad significativa de dinero» y defendió que el caso está «completamente viciado».

No está claro que el caso no tenga futuro, pero es evidente que ha quedado embarrado por el romance de Willis y Wade. El juicio no tenía fecha, pero la fiscal pretendía que se iniciara en agosto. Esa fecha parece ahora cuestionable, lo que encaja a la perfección con la estrategia de defensa de Trump, que busca retrasar al máximo sus juicios, con la esperanza de no ser condenado antes de que los estadounidenses vayan a las urnas para elegir a su presidente, con él como candidato.

Los republicanos han aprovechado los deslices de Willis para entorpecer el procedimiento. La diputada por Georgia Marjorie Taylor Greene, aliada férrea de Trump, ha llevado el caso a una comisión ética del estado y ha exigido al gobernador, Brian Kemp, y al fiscal general, Chris Carr, ambos republicanos, que inicien una investigación criminal contra Willis.

En Washington, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, bajo mayoría republicana, Jim Jordan, también ha iniciado un proceso con requerimientos documentales para investigar a Willis.