Alemania debate indemnizar a miles de atletas infantiles víctimas del régimen comunista

Ese mismo curso comenzó a ser dopada «masivamente», como ella misma describió tras la caída del Muro de Berlín, en el juicio contra Manfred Ewald, uno de los responsables de su rendimiento deportivo. A los 22 años, tras el boicot de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles por parte de los países soviéticos, fue descartada en los equipos nacionales intentó retomar su vida, pero el dopaje continuado durante sus doce años de carrera deportiva había causado estragos en su organismo.

En 1985, dio a luz a un niño con discapacidad y malformaciones. Hasta su fallecimiento, a la edad de 48 años, Birgit Uibel-Sonntag sufrió dolores crónicos, alternación del sueño y disfunción renal. Al igual que ella, unos 15.000 menores participaron obligatoriamente en el sistema deportivo competitivo en la RDA. Alrededor del 20% de ellos fueron víctimas de violencia y abusos sexuales además del dopaje, según demostraría más tarde la Universidad de Greifswald. Y más del 50% arrastraron daños psicológicos de por vida, desde estrés postraumático hasta dolencias somatomorfas, pasando por dolor crónico, depresión o trastornos de ansiedad.

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Ahora, 35 años después de la reunificación alemana, la Comisaria para las Víctimas de la RDA, Eveluyn Zupke, ha pedido por primera vez una reevaluación pública de la categoría de víctimas para incluir a estos atletas en un fondo de ayudas o indemnización que podría beneficiar a entre 8.000 y 13.000 personas, incluidos descendientes. «Con demasiada frecuencia, la atención se centra solo en los campeones olímpicos. Sin embargo, el sistema deportivo de la RDA utilizó a unos cien niños por cada medalla o campeonato del mundo conseguido», calculó el martes durante la presentación de su informe. Zupke acusó a la Alemania comunista de las enfermedades físicas y mentales del dopaje forzado, que «fueron sacrificadas sin su propio conocimiento y el conocimiento de sus padres, debido al hambre de medallas del régimen».

Durante décadas, el estudio de las víctimas de la RDA se centró en las muertes a causa de intentos de huir a Occidente (429 casos documentados por la Red Estatal de Investigación SED de la Freie Universität de Berlín, con una media de edad de 25 años), los asesinados en controles (97), muertes durante detención (34), asesinados en cruces fronterizos (236), muertos durante el levantamiento del 17 de junio de 1953 (55) y guardias fronterizos que se suicidaron en el cumplimiento de sus misiones (43). Estos últimos eran ciudadanos en servicio militar obligatorio que prefirieron morir a disparar a sus compatriotas que intentaban huir.

Estos datos fueron los únicos salvados de la destrucción masiva de documentación que el régimen comunista llevó a cabo en noviembre y diciembre de 1989, desde la caída de la RDA hasta que nuevas autoridades se hicieron cargo de los archivos de la Stasi. Zupke, destacada activista por la democracia en los años ochenta y que ocupa su actual cargo desde 2021, ha ido logrando que la categoría de víctimas se amplíe y exige en este informe que los atletas menores forzados entren en esa categoría.

Durante la presentación de su informe, en Berlín, ha pedido además un esfuerzo público de memoria para recordar que «la RDA fue una cruel dictadura», en contra del recuerdo romántico que promueven museos para turistas. «Nuestro conocimiento de la dictadura y, sobre todo, de sus consecuencias debe seguir creciendo», ha reivindicado parte del dinero del fondo especial de miles de millones de euros financiado con deuda alemana para nuevas infraestructuras y monumentos conmemorativos. »Cada euro gastado en recuerdo de la dictadura es una inversión en nuestra democracia«, ha dicho, tras expresar su preocupación por la opinión actual de más de la mitad de los alemanes de los Bundesländer orientales, que opinan que «dictadura o democracia es todo lo mismo». Este es el territorio en el que la extrema derecha pro-Putin de Alternativa para Alemania (AfD) gana hoy las elecciones.

Desde el año pasado, las víctimas de la RDA reciben indemnizaciones independientemente de sus ingresos, lo que hace de ellas «una verdadera pensión honorífica». Zupke calcula un número de seis dígitos de víctimas, incluidos 250.000 presos políticos y alrededor de 136.000 niños retirados de sus familias y recluidos para su reeducación en hogares infantiles o talleres juveniles, varios miles de mujeres encerradas por sospechas de enfermedades de transmisión sexual y las infectadas con hepatitis C a través de ampollas contaminadas cuando se les administró vitamina D adulterada, «un escándalo médico que se encubrió en la RDA durante años».