Maduro utiliza a los millones de funcionarios para promover la Asamblea Constituyente ilegal

El pasado viernes, dos días después de presentar la iniciativa ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), varios alumnos de la «Misión Ribas» (bachillerato libre) trataban de formar una pancarta humana con las letras de la «Constituyente», pero el que llevaba la ene no estaba en la fila en ese momento y sus compañeros sonreían a los transeúntes sin darse por enterados de la letra que faltaba. Más arriba, en la sede de la Asamblea Nacional, los diputados opositores colgaron un cartel gigante en las ventanas que decía «Maduro dictador» .

La diferencia entre un bando y otro es que en el chavismo los activistas suelen ser empleados o personal subvencionado de la Administración, que se movilizan obligados o agradecidos por alguna prebenda del Gobierno, mientras que en la oposición predomina la depauperada clase media.

La burocracia chavista se ha disparado en los últimos 18 años, pasando de 1,2 a 4 millones de funcionarios , según la Superintendencia de Seguros de Hospitalización. Se distribuyen en un aparato formado por 32 ministerios e institutos autónomos, así como 24 gobernaciones y 335 municipios.

A ello se añaden cinco millones de beneficiarios de las 35 misiones , como se conoce a una serie de programas sociales, escuelas y universidades bolivarianas. Estas misiones incluyen los Comités Locales de Producción y Administración (Clap), los «soviets» para la distribución de alimentos , y forman parte de las «comunas» socialistas a cuyos representantes Maduro quiere convertir en «constituyentes».

Para tener acceso a una bolsa de comida de los Clap que el Gobierno reparte cada dos y tres meses, el presidente ha obligado a los sectores populares a sacarse el «carné de la patria» , con el cual tendrán derecho a votar para la formación de la Constituyente. Esta sectorialización de la votación es la que rechaza la oposición, que la considera inconstitucional.

Sumando los cuatro millones de funcionarios de la Administración central y regional y los cinco millones de personas de las misiones, Maduro cuenta con nueve millones de venezolanos en el padrón electoral a los que puede de forzar a votar por los candidatos chavistas o por su proyecto de la Constituyente comunal si no quieren perder su puesto de trabajo o su beca. El salario de los funcionarios oscila entre un mínimo de 65.000 y 200.000 bolívares (entre 18 y 56 euros).

La política de utilizar la lealtad de amigos, colaboradores, funcionarios y pobres que reciben becas y beneficios fue iniciada por el difunto Hugo Chávez en el referéndum revocatorio presidencial de 2004. Millones de venezolanos que firmaron solicitándolo fueron incluidos en la famosa «Lista Tascón» y, como represalia, Chávez despidió a más de 400.000 funcionarios que habían estampado su rúbrica en la petición. El caso se llevó a la Corte Internacional de la Haya como violación de los derechos humanos, que no habría prescrito.

El año pasado ocurrió algo similar. El régimen chavista suspendió el referéndum revocatorio del mandato de Maduro en octubre, cuando las firmas habían superado con creces el 1% inicial y el 20% requerido del padrón electoral. El CNE no ha guardado el secreto de los funcionarios que firmaron para destituir a Maduro y fueron perseguidos y amenazados con perder su trabajo. Se calcula que al menos 10.000 empleados públicos fueron despedidos y muchos otros tuvieron que firmar cartas para retractarse.

La lealtad al régimen tiene un precio y Maduro se queda escaso de fondos. Sin embargo, aún vende la ilusión a los que carecen de techo: «Tendrán tres millones de viviendas» , prometió esta semana, pese a que la construcción en 18 años no llega a 700.000 unidades. «No me importa ponerme la camisa roja si con eso tengo mi vivienda», dice a ABC un venezolano que se aferra al «carné de la patria» como única esperanza para salir de la miseria.